Las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia están en problemas por la manera superficial con la que el Gobierno colombiano ha manejado la restitución.

Por: Claudia Esperanza Vega Sánchez, estudiante Fundación Universitaria Juan D. Castellanos

La victimización en nuestro país es un concepto ligado profundamente a la barbarie de la guerra. Este escenario muestra la falta de respeto por los valores y la consideración de los derechos más significativos de la potestad humana, como lo es vivir en condiciones dignas.

La víctima en Colombia es descrita desde muchos puntos de vista cuando se habla de conflicto armado. Una de estas perspectivas es aquella que muestra a la persona víctima de desplazamiento forzado, como aquella que es obligada a abandonar sus bienes inmuebles y consecuentemente a buscar un rumbo que ciertamente no es fijo.

La incertidumbre que embarga a la persona víctima del despojo es latente, ya que no sabe si algún día podrá volver a recuperar lo que era suyo. Para mitigar esta problemática, los gobiernos de turno han querido impulsar leyes y decretos reglamentarios con el fin de darle a la víctima del desplazamiento forzado una oportunidad de volver a recuperar los bienes materiales de los cuales fue despojada.

Se creó la Ley de restitución de tierras en el año 2011, para que aquella víctima que acredite ciertos requisitos, acceda a la restitución del bien saqueado. La víctima requiere que sea tenida en cuenta en el programa de zonas focalizadas que conlleva la creación de un registro de tierras despojadas. Si la víctima no se encuentra en dicho programa no podrá exigir administrativa ni judicialmente la restitución de su bien.

Esta situación termina por imponer a la víctima una doble victimización. Por un lado, la proporcionada por los insurgentes y por otro, por las limitaciones del gobierno al no llenar los requisitos del programa de restitución. Las víctimas entonces ven cercenada la expectativa de ayuda administrativa y finalmente quedan perdidas en el vacío legal del ordenamiento jurídico colombiano.

El sector del agro fue el tercer mayor empleador en el mes pasado y se espera que siga contribuyendo a la generación de nuevos puestos en Colombia

En el anuncio sobre las tasas de desempleo en el mes de julio, presentado por el Dane, fue muy positivo para el trabajo rural. La agricultura fue la tercera actividad que concentró el mayor número de ocupados del país, agrupando al 16,1% de los empleados. Además, la cifra está prevista a seguir aumentando, tanto por el desescalamiento del conflicto como por las mejores condiciones climáticas para las cosechas.

Según explicó el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, con la finalización del Fenómeno del Niño en junio y la gradual normalización del clima con la llegada de la época de lluvias, hay condiciones que hacen atractivo volver a invertir en el campo y aumentar el empleo.

«Lo que hemos hecho es llegar directamente a los productores y acabar con los intermediarios, lo que se refleja en trabajadores mejor preparados en una capacitación no de tablero sino de aprender haciendo en el campo y por supuesto, en mejores ingresos para la gente», dijo el ministro.

Entre mayo y julio se generaron 59 mil nuevos empleos en el sector agropecuario. Actualmente, hay casi 22 millones personas ocupadas en el país y la tasa de desempleo es de 9,8%. Para el actual gobierno, la disminución del desempleo ha sido uno de sus principales objetivos. Ha logrado la importante meta de disminuirlo a tan solo un dígito.

Sin embargo, Colombia mantiene un grave problema a la hora de clasificar el empleo. La mayoría de las ocupaciones son informales y no proveen a los trabajadores con estabilidad y seguridad laboral. El trabajador informal no cuenta con derechos básicos como la salud y pensión y no está en capacidad de afrontar situaciones inesperadas o de disfrutar de tiempo libre.

El grupo guerrillero, a través de un comunicado solicita al gobierno nacional garantías para realizar el traslado a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)

Después de la captura de dos de sus combatientes por parte del Ejército, las Farc pidieron mejores condiciones de seguridad para su eventual llegada a las ZVTN. A través de un comunicado el, secretariado general del grupo guerrillero le notificó al gobierno nacional que el traslado por parte de sus hombres a las ZVTN, se dará solo cuando el acuerdo final sea firmado por las partes.

Cuando el documento, que se dio a conocer el 24 de agosto a la opinión pública, sea oficializado y se haya cumplido con lo pactado, como la Ley de amnistía e indulto, comenzarán los traslados. En el comunicado, las Farc aseguran que “No vamos a arriesgarnos a que un juez, como sucedió en El Bagre, Antioquia, nos emita una orden de captura por porte ilegal de armas, como miembros de otra organización guerrillera.”

La advertencia fue hecha a raíz de la captura de dos guerrilleros que las Farc dicen que son de sus filas. Como Fernando Marín y Robín Indio fueron identificados los dos hombres que, según el grupo armado, fueron capturados en la vereda Moquí del municipio de El Bagre, por unidades adscritas a la 11ª Brigada del Ejército Nacional.

En el momento de su captura, se dirigían hacia el lugar donde se realiza la asamblea para escoger los delegados de la X Conferencia Nacional de Guerrilleros. Allí, las Farc realizarán socialización de lo acordado en la Habana con todos los frentes que pertenecen a su organización.

En el comunicado las Farc, también le hacen un llamado al gobierno para que se tome el tiempo necesario de estudiar los acuerdos y no realicen actos, ni declaraciones desatinadas que dañen el proceso actual. Por su parte, el Ejército Nacional asegura que los guerrilleros capturados pertenecen al ELN, y que su captura se realizó conformé a la Ley.

Así mismo, el Ejército indicó que a los capturados se les incautó diferente munición bélica. Esto fue respaldado por el jefe del Ministerio de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien afirmó que el Ejército tiene la misión de perseguir a todo aquel que este cometiendo actos delictivos, sin importar a que organización armada pertenezca.

Esto demuestra que todavía falta mucho para formalizar la llegada de las Farc a las ZVTN y que los acuerdos no dan claridad sobre la situación actual de los guerrilleros. Una piedra en el zapato para el avance de la implementación de lo negociado en La Habana, que tendrá que repararse antes de la fecha en que se rumora se firmarán los acuerdos, el 26 de septiembre.