martes, junio 11, 2024
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Restitución, ¿posibilidad de normalidad o intento fracasado?

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Las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia están en problemas por la manera superficial con la que el Gobierno colombiano ha manejado la restitución.

Por: Claudia Esperanza Vega Sánchez, estudiante Fundación Universitaria Juan D. Castellanos

La victimización en nuestro país es un concepto ligado profundamente a la barbarie de la guerra. Este escenario muestra la falta de respeto por los valores y la consideración de los derechos más significativos de la potestad humana, como lo es vivir en condiciones dignas.

La víctima en Colombia es descrita desde muchos puntos de vista cuando se habla de conflicto armado. Una de estas perspectivas es aquella que muestra a la persona víctima de desplazamiento forzado, como aquella que es obligada a abandonar sus bienes inmuebles y consecuentemente a buscar un rumbo que ciertamente no es fijo.

La incertidumbre que embarga a la persona víctima del despojo es latente, ya que no sabe si algún día podrá volver a recuperar lo que era suyo. Para mitigar esta problemática, los gobiernos de turno han querido impulsar leyes y decretos reglamentarios con el fin de darle a la víctima del desplazamiento forzado una oportunidad de volver a recuperar los bienes materiales de los cuales fue despojada.

Se creó la Ley de restitución de tierras en el año 2011, para que aquella víctima que acredite ciertos requisitos, acceda a la restitución del bien saqueado. La víctima requiere que sea tenida en cuenta en el programa de zonas focalizadas que conlleva la creación de un registro de tierras despojadas. Si la víctima no se encuentra en dicho programa no podrá exigir administrativa ni judicialmente la restitución de su bien.

Esta situación termina por imponer a la víctima una doble victimización. Por un lado, la proporcionada por los insurgentes y por otro, por las limitaciones del gobierno al no llenar los requisitos del programa de restitución. Las víctimas entonces ven cercenada la expectativa de ayuda administrativa y finalmente quedan perdidas en el vacío legal del ordenamiento jurídico colombiano.

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