El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional establecido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, que se proclamó el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica. Tiene como objetivo garantizar el pleno acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la justicia, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, al desarrollo sostenible y la protección de los líderes ambientales.
Este pacto fue firmado por 24 países entre ellos Argentina, México, Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss, Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay; el cual entró en vigencia el 22 de abril de 2021. Por su parte el Gobierno de Colombia manifestó a la Organización de las Naciones Unidas – ONU su interés en adoptar el Acuerdo de Escazú y lo presentó al Congreso de la República el 20 de julio del 2020 a través del Proyecto de Ley 057 de 2020 para su aprobación.
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Sin embargo, su implementación no ha sido posible, pues tras varias sesiones de discusión en la Cámara de Representantes y el Senado de la República durante más de un año, no se ha avanzado en la ratificación de este pacto. Inicialmente su votación se planteó para 17 de enero del 2021, luego la fecha estimada fue el 19 de junio pero tampoco se llevó a cabo, y el 20 de junio del presente año se cumplió el plazo máximo para legislar la medida. Lo que evidencia la poca voluntad política para adoptar este importante tratado internacional.
Un panorama desalentador, ya que el Acuerdo de Escazú es una apuesta multilateral por la garantía de los derechos ambientales, y la protección de los líderes que luchan por salvaguardar el medio ambiente, que en Colombia no cuentan con herramientas de seguridad para el ejercicio de sus apuestas sociales y políticas. Un ejemplo de ello es que un estudio realizado por la organización ambiental internacional Global Witness, reveló que sólo en el 2019, 64 ambientalistas perdieron la vida en el territorio nacional, lo que lo convierte en el país con la cifra más alta en homicidios a los defensores de la naturaleza.
Cabe destacar que, ante la negativa de ratificar este pacto ambiental, el pasado 20 de julio del 2021 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos Correa, anunció que el proyecto de Ley será presentado nuevamente ante el Congreso, ya que esta iniciativa es necesaria para avanzar en las acciones institucionales en pro del medio ambiente y debe establecerse como una prioridad del Estado.
Por: Jennifer Cristancho Medina – Periodista.
Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.
