El modelo de radio comunitaria, también conocido como alternativo o ciudadano, está seriamente amenazado en Colombia.
Por Juan Carlos Pérez Bernal
Según la Corporación Sipaz, a diciembre de 2013 fueron canceladas 272 frecuencias de emisoras comunitarias…y otras 300 van por el mismo camino.
La semana pasada en El Campesino, el facilitador de las Escuelas Digitales Campesinas en el Chocó, Miguel Ángel Arango Cifuentes, dio a conocer la preocupante noticia del cierre de Riscales Estéreo, la emisora comunitaria de Nuquí, con el cual se puede truncar todo un proceso de desarrollo social en esa hermosa y también olvidada región de Colombia.
“Fue impresionante ver la efectividad comunicativa de la radio comunitaria. Los procesos fluían muy bien: mensajes, programas culturales y hasta citas médicas se orquestaban a través de la radio comunitaria”, advirtió.
Hay que reconocer que las adversas condiciones climáticas contribuyeron a darle el golpe de gracia a ese medio de comunicación popular. Pero no hay que olvidar que, por tratarse de una situación de fuerza mayor que obligó a la emisora a incumplir sus obligaciones tributarias, es elemental esperar la comprensión y el apoyo del Estado, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
“Sin recursos, Riscales Estéreo comenzó a dejar de pagar sus obligaciones tributarias y salió del aire con una deuda que hoy supera los 10 millones de pesos. Esta situación terminó dejando un gran vacío entre los 8.567 habitantes afro e indígena de Nuquí”, relata Miguel Ángel.
Nos preguntamos entonces: ¿Así podremos construir la paz? Y también: ¿por qué es tan importante mantener vivo este modelo de comunicación en el país? Podemos señalar que, de la vigencia, o no, de un sistema de medios comunitarios que garantice el ejercicio real del derecho a la comunicación, depende, en buena medida el futuro de la paz.
Comunidad que no se comunica es comunidad que perece. Y en ese orden de ideas, sólo podríamos hablar de la paz de los sepulcros.
Es clave tener en cuenta que el Gobierno y las Farc acordaron en La Habana –punto 2- desarrollar la participación ciudadana “a través de medios de comunicación, comunitarios, institucionales y regionales”.
En ese marco, el Gobierno se comprometió, entre otros aspectos, a “abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto, y promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible”.
Así mismo, el acuerdo dice que se va a “promover la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la capacitación y formación de los comunicadores comunitarios”.
Como podemos leer, le corresponde al Gobierno “promover la democratización de la información”. Esto genera la necesidad de moderar, o incluso dejar de cobrar, por el uso del espectro electromagnético. Este debe ser considerado un bien público, por cuyo uso se debe pagar, siempre y cuando el objetivo sea la rentabilidad económica, no la rentabilidad social, que es el fin de las emisoras comunitarias.
El compromiso es claro y contundente. Nos corresponde a todos, como ciudadanos colombianos, asumir la veeduría permanente para que se cumpla, pues ahí, en esos terrenos específicos es que nos jugamos el futuro de la paz.
