La consulta popular con la cual los ibaguereños decidirán el futuro de las actividades de exploración y explotación minera a cielo abierto en la capital del Tolima se llevará a cabo el próximo 30 de octubre.
Aunque inicialmente la fecha de la consulta popular fue programa para el domingo 2 de octubre, por el plebiscito por la paz que se desarrolló ese día tuvo que ser reprogramada. El alcalde de la ciudad Guillermo Alfonso Jaramillo firmó el decreto con el cual deja en firme la nueva fecha para el próximo 30 de octubre.
Por su parte, los promotores de la consulta popular ya comenzaron a hacer pedagogía. Desde el pasado domingo se comenzó a hacer la socialización en las 13 comunas de la ciudad musical. El objetivo es llegar a todos los barrios para informar a los habitantes sobre los daños que causa este tipo de actividades, al igual que pedir a los ciudadanos que salgan a las calles a votar. El comité promotor espera superar los 130 mil votos que se necesitan para que en el municipio queden prohibidas las actividades extractivas.
La importancia de esa consulta es fundamental para el curso de la ciudad, pues los promotores ven con preocupación que actualmente la capital tolimense haya concedido 35 títulos para minería metálica. 27 de esos títulos se entregarán a la compañía Anglogold Ashanti, la misma empresa detrás del proyecto minero a cielo abierto La Colosa en Cajamarca, Tolima, que también es rechazado por la comunidad.
La pregunta que ya cuenta con el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró la consulta constitucional, la tendrán que resolver todos los ibaguereños que salgan a las urnas y será:
¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
A menos de 20 días para la consulta, el debate está sobre la mesa, más cuando la Corte Constitucional a través de un fallo destacó que los ciudadanos son autónomos de decidir que el destino de sus territorios, un espaldarazo sin lugar a duda a los promotores del No a la minería en el Tolima y en muchas otras regiones del país.
