Hace falta investigación científica para entender los verdaderos efectos de los agroquímicos en la salud pública
Esta semana se abrió de nuevo el debate sobre el glifosato tras la petición de varios sectores políticos de reactivar la fumigación de cultivos ilícitos. Se propuso entonces el uso de nuevas sustancias, pero para expertos en Salud Pública de la Universidad Nacional, ninguna sustancia sería viable en tanto no haya estudios sistemáticos del uso de agroquímicos en general.
Según la institución, ni siquiera el uso de insecticidas serviría para el control de enfermedades vectoriales como el dengue, el chikungunya o el zika, pues es mayor el costo que se paga en salud pública a largo plazo con el uso de agrotóxicos.
La única forma de impactar eficazmente en la salud pública es apostando por estrategias relacionadas con el saneamiento, como alternativa para abandonar perspectivas medicalizadas. Proponen partir de la constitución de expedientes o compilación de evidencia sobre los efectos en la salud y el ambiente en territorios específicos.
Los documentos propuestos han tenido éxitos para la investigación. En Brasil, lograron evidenciar que la lucha contra el dengue en ese país había sido un fracaso por 30 años. Las políticas para combatir la enfermedad con químicos significaron sobrecostos en inversión para más químicos, en atención en salud y en medicamentos para tratar los efectos por envenenamiento de esos mismos químicos, entre otros.
Según la pediatra y experta en epidemiología, Lía Giraldo, docente de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), el caso del Aedes aegypti solo ha demostrado que por ser un agente biológico este tipo de insectos ha generado más resistencia a los venenos y la respuesta lógica ha sido aumentar la toxicidad para enfrentar dicho vector, con la consecuente mayor exposición de los humanos al envenenamiento, sin resolver el problema esencial.
Mejores medidas para combatir estas enfermedades transmitidas por mosquitos serían la mejora de las condiciones de higiene y el manejo de aguas contaminadas. Esto tendría más impacto que intentar eliminar a los insectos. Además, no potenciaría su resistencia ante los químicos que se utilicen.
Cuando se trata de los cultivos ilícitos, una mejor calidad de vida llevaría a mejores alternativas económicas y desestimaría a la población rural de embarcarse en la siembra de coca o marihuana. El médico Javier Rodríguez, secretario Ejecutivo de la Red Colombiana de Salud Colectiva, lidera para Colombia la creación de un dossier nacional. Ha encontrado que el país tiene programas de baja vigilancia epidemiológica de contaminación de agroquímicos sobre alimentos y el agua.
Solo en el caso del glifosato, aunque su uso fue prohibido, se ha atribuido a ello parte del aumento de las siembras ilegales. “No ha habido una vigilancia sanitaria sistemática de contaminación de aguas en los lugares fumigados, como tampoco estudios de campo rigurosos sobre impactos en la población y en el ambiente”, explicó Rodríguez.
El uso de los llamados agrotóxicos, como el glifosato, pone de presente un manejo del conocimiento como si se tratara de un problema médico. Es decir, crea un complejo médico, industrial y financiero de la salud que se resuelve con un remedio, dejando de lado la posibilidad de alternativas más potentes como las articulaciones sociales y nuevas formas de acercarse a un problema.
El saneamiento debe estar dirigido a ambientes sin basura y una pedagogía sobre el manejo y protección del agua para que, a través de estos dossiers, se den pasos seguros. Finalmente, concluyen los expertos, se espera cambiar un modelo que favorece la agroquímica por uno que aumente la agroecología.
