Los derechos y deberes de la comunidades minoritarias, a partir de la entrada en Vigencia de la Constitución de 1991 se dio origen a un gobierno benefactor y garantista de los Derechos Humanos, donde la política del buen gobierno trajo beneficios para la transformación por la tendencia multiculturalista que entro a plantear la necesidad de reconocer el derecho a la diferenciación en términos de mecanismos normativos de inclusión para aquellas minorías étnicas que habían sido excluidas del contexto sociopolítico.
Con la Constitución Política de Colombia de 1991, desde su preámbulo enmarca los principios de igualdad, convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y la paz, creando un marco normativo de una política participativa y democrática, con el propósito de impulsar la unidad de la Nación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con el respeto de los derechos y deberes, de todos sus gobernados, donde la visión de gobernabilidad democrática es una constitución garantista y proteccionista, con normas en beneficio de la comunidades minoritarias como: indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, enmarcando un cambio inclusive en la denominación del sujeto ser negro al ser afrocolombiano, con el fin de darles una identidad y un auto-reconocimiento, o una identificación étnica, es así que se transformó el pensamiento de la sociedad, para aceptar la diversidad de culturas, un reconocimiento de una sociedad pluriétnica , y avanzar en la erradicación de todas las formas de discriminación y racismo que han afectado a estas poblaciones, reconociendo y difundiendo los procesos de reintegración y reconstrucción étnica y cultural de las comunidades minoritarias, garantizándoles su derechos y deberes con políticas de inclusión social con igualdad.
A partir de esta transformación de sociedad, las políticas públicas de los gobierno van encaminadas a subsidiar programas que favorezcan estas comunidades minoritarias, comunidades Indígenas, la población afrocolombiana que habitan zonas periféricas afectadas por el conflicto armado donde se registran altos índices de pobreza, escasa salud, educación, necesidades que hace los integrantes de estas comunidades sean utilizados por la política, pues en estas minorías las formas de representación y participación política han sido desarrolladas lentamente a través del tiempo y han estado sometidas a los intereses de los políticos corruptos que muchas veces desvían los recursos que les son asignadas a sus comunidades, por lo cual son víctimas de la vulneración y respeto de sus derechos y deberes como integrantes de la población colombiana en igualdad de condiciones.
Los programas de gobierno en los últimos años se ha venido desarrollando bajo la premisa de mejorar la calidad de vida de estas minorías, una mejor participación e igualdad de oportunidad entre gobernantes y gobernados. Recordemos, que dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, la comunidad afro no obtuvo un representante legítimo, ya que ningún candidato logró un escaño. Sin embargo, con las políticas públicas que implanto el gobierno como la ley 70/1993 artículo 39 se introdujo la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, con el fin de conocer y exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana, fortaleciendo nuestra identidad nacional, buscando acrecentar el respeto de la diversidad étnica y cultural existente en el país, promoviendo una «ética de la diversidad», que ayude al diálogo y a la aceptación de la diversidad y la diferencia como factores positivos de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos y por tanto, a la paz de los colombianos, es así que cada día se ha logrado acrecentar las normas que garanticen los derechos y deberes de estas comunidades minoritarias.
