Situaciones como los enfrentamientos bipartidistas de los años 60 y la llegada de los paramilitares en los 80, han influido en las economías de los campesinos que recurrieron a la coca y el extractivismo
A través de la investigación de Tatiana Lote, estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional se comprobó que el conflicto fue clave para la expansión de los cultivos ilícitos. La estudiante visitó las zonas de reserva campesinas de Cabrera y del Valle del río Cimitarra, para estudiar cómo y por qué se han transformado sus economías a lo largo de la historia.
En el país solo hay seis zonas de reserva campesina legalmente constituidas y hacen parte del punto uno de los acuerdos de paz firmados en La Habana, en el cual se habla sobre desarrollo rural. “Estas reservas han sido promovidas como instrumento de reforma agraria y de construcción de paz en los territorios rurales. Pero allí se han presentado diversas fuerzas de transformación que han afectado las economías de los pobladores”, anotó la economista.
En Cimitarra, los campesinos llegaron de regiones como Santander, César, Puerto Berrío (Antioquia), entre otras, desplazados por la violencia bipartidista de los años 50 y 60 y la fuerza paramilitar de los 80.
A su llegada, sembraban cultivos de pancoger como maíz, plátano y yuca. Luego, llega la necesidad de obtener recursos monetarios para adquirir las cosas que no producen. Desde allí la extracción de madera y oro se vuelve central. Con este cambio llegaron también transformaciones tecnológicas, y se pasó del uso del bareque al uso de retroexcavadoras, llevadas a la zona por los paramilitares.
“En la minería de oro lo que más devasta el paisaje son las retroexcavadoras y el impacto de la tecnología va desplazando la producción de alimentos”, anotó la investigadora Lote.
En el sur de esta zona permaneció la producción de alimentos como el arroz, pero en los 90, debido a las importaciones de este grano, sobrevino una crisis que dejó en la quiebra a los campesinos, quienes tuvieron que cultivar coca para sobrevivir.
La situación permaneció hasta principio de los años 2000, cuando llega el plan Colombia e inician las fumigaciones con glifosato. La erradicación, además de arruinar a los productores de coca, generó problemas de salud en los niños como brotes en la piel y malformaciones. Los demás cultivos también resultaron afectados y las acciones no estuvieron acompañadas de un programa de sustitución.
Ante esto, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) ha intentado promover proyectos productivos basados en la producción de alimentos para evitar que las comunidades aumenten los cultivos de coca en la zona. Entre las alternativas se encuentra la ganadería de búfalos y el fortalecimiento de los cultivos arroceros con la utilización de trilladoras y los trapiches.
“El gobierno nunca ha llevado educación o salud a estas regiones, todo ha sido gestionado por las juntas de acción comunal. Los procesos han estado acompañados por la violencia paramilitar, bombardeos en las veredas, quemas y bloqueas alimentarios”, añadió Lote.
Por otra parte, en Cabrera, si bien no se presentó violencia paramilitar, las comunidades fueron víctimas de los enfrentamientos bipartidistas. Sin embargo, al culminar esta época, el Estado llegó a la zona con la construcción de carreteras, mediación jurídica y titulación de las tierras.
Con este cambio, la actividad extractivista de madera dejó de ser la principal fuente de ingreso monetario y fue reemplazada por la agricultura, que hasta entonces había sido destinada casi exclusivamente al auto-consumo. Ahora, existe un proceso progresivo de especialización y se cultiva fríjol y frutas tropicales, como granadilla, tomate de árbol y lulo.
“Desde 2011, con el inicio de las negociaciones del proceso de paz, la violencia ha disminuido en el territorio del Valle del río Cimitarra, por lo que la comunidad está muy expectante, lo apoyan y lo demandaban todo el tiempo”, agregó. Entre las conclusiones de la investigación, sin duda la violencia ha atravesado los procesos de transformación y ha inhibido la consolidación de la economía campesina.
Con el fin del conflicto se abrirán espacios de participación a las comunidades que históricamente han estado excluidas de los escenarios políticos. También, impone muchos retos, entre ellos el avance del capital en el campo. Así las cosas, el fin del conflicto armado impone al campesinado el reto de la construcción de un nuevo ordenamiento territorial que privilegie la producción limpia de alimentos para el mercado interno, a través de tecnologías productivas que afiancen el control territorial campesino y que le devuelvan a la naturaleza su derecho de ser.
*Realizado con información de la Agencia de Noticias Unal.
