Una estrategia propuesta por la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes busca que las tarifas se fijen de acuerdo al aporte terapéutico del medicamento
Un esfuerzo conjunto entre la academia y el Ministerio de Salud tratará de implementar un nuevo modelo de fijación de precios de medicamentos. Actualmente, la volatilidad de los precios tiene altos costos, no solo para los usuarios, sino para el sistema de salud.
El debate sobre los precios justos de medicamentos y las extensiones y licencias que permiten las patentes farmacéuticas es mundial. Son constantes las críticas a la industria porque prevalece su interés de lucrarse sobre la salud de los usuarios o la cesión de derechos de patentes para promover innovaciones de otras compañías.
El modelo quiere que los precios se impongan de acuerdo al valor terapéutico de cada medicamento. Es decir, que entre mayor sea su beneficio, más costará. Esto permitirá que el Estado no pague precios exagerados por medicamentos nuevos.
La modalidad propuesta sugiere que la tarifa se fije considerando su aporte terapéutico, es decir, por su poder para mejorar a los pacientes, de manera que el Estado nunca pague precios excesivos por los medicamentos nuevos.
El método actual se basa en la comparación internacional con otros 17 países de referencia. El país debe ubicarse en el tercer o cuarto puesto de los precios más bajos. Sin embargo, al entrar al mercado no hay regulación y por eso hay costos tan altos.
El rector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla entregó el documento con la propuesta al ministro de Salud para que la considere implementar como una política pública. Tal regulación permitiría un acceso más equitativo a los nuevos medicamentos, al evitar que estos desplacen tratamientos importantes, más baratos y efectivos.
“La propuesta pretende ser la voz reflexiva desde la academia para implementar mejores políticas públicas en pro del desarrollo de nuestro país. Es un ejemplo de cooperación entre universidades públicas y privadas que concentraron esfuerzos para desarrollar una metodología que solucione los actuales problemas de esta regulación”, anotó el rector Mantilla. Según las simulaciones realizadas con los medicamentos lanzados al mercado recientemente, la reducción de los precios podría alcanzar hasta un 60 %.
La regulación sería un paso para cumplir con lo establecido en la Ley Estatutaria en Salud, que determina que todos los colombianos deben recibir los medicamentos que necesiten, completa y oportunamente. El modelo de control de precios propuesto no pretende evitar que un medicamento nuevo se comercialice, ni limitar o bloquear el acceso a los medicamentos, sino procura que los recursos públicos alcancen para todos y, asimismo, permitan cumplir el mandato de la Ley Estatutaria en Salud, advierte el documento.
La elaboración de la propuesta fue un trabajo conjunto e interdisciplinar, para asegurar que todos los campos fueron cubiertos y que lo investigado es viable tanto para los usuarios como para los productores y el Estado. El resultado plasma la visión de la industria farmacéutica, las ONG, los pacientes, los operadores logísticos y expertos independientes.
En el grupo participaron médicos, abogados, economistas, farmacéuticos e internacionalistas. El documento hace recomendaciones técnicas, legales y prácticas para aplicar esta modalidad de control de precios, además, destaca la importancia de la transparencia y de la participación permanente de los ciudadanos en los procesos de decisión, dado que los precios de los medicamentos son un asunto que afecta la salud y el bolsillo de todos los colombianos.
