La agricultura campesina puede avanzar en el orden de los conocimientos, de las tecnologías, del control de los recursos, de la inversión, de la ocupación y de los ingresos y de la calidad de vida.
Por: Kenny Lavacude
Director ACPO
Un documento de la FAO, que parece lejano en el tiempo, Participación Campesina para una Agricultura Sostenible en Países de América Latina (1994), retrata la situación actual del campesinado colombiano, en lo que se refiere a su capacidad de participación real en la construcción de los destinos de sus municipios y territorios.
En efecto, el documento señala que “el pequeño agricultor y el campesino pobre y marginado actúan en forma dispersa y manifiestan escaso desarrollo organizativo. Estimaciones preliminares indican que sólo alrededor del 10% de los productores están asociados a cooperativas agrícolas o a formas asociativas similares. Esta situación les impide participar en las actividades de desarrollo rural y combatir su marginalidad”, y como causas de la ausencia de capacidad organizativa señala la falta de legislación adecuada, la falta de incentivos y de acceso a recursos del sector público, la centralización administrativa excesiva y, finalmente, la falta de dirigentes verdaderamente representativos y auténticos, sin interferencias políticas o de ventajas personales.
Estas limitaciones personales y comunitarias para la integración campesina dificultan un verdadero y auténtico desarrollo rural, así como la mejora de las condiciones de vida de las familias rurales.El Artículo 64 de nuestra Constitución Política, por su parte, declara que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.
El desarrollo personal y comunitario en los entornos rurales, depende entonces de tres fuerzas que deben integrarse, coordinarse y armonizarse: las capacidades individuales, la fortaleza de las comunidades asociadas e integradas y la acción del Estado.
En efecto, el documento señala que “el pequeño agricultor y el campesino pobre y marginado actúan en forma dispersa y manifiestan escaso desarrollo organizativo. Estimaciones preliminares indican que sólo alrededor del 10% de los productores están asociados a cooperativas agrícolas o a formas asociativas similares. Esta situación les impide participar en las actividades de desarrollo rural y combatir su marginalidad”, y como causas de la ausencia de capacidad organizativa señala la falta de legislación adecuada, la falta de incentivos y de acceso a recursos del sector público, la centralización administrativa excesiva y, finalmente, la falta de dirigentes verdaderamente representativos y auténticos, sin interferencias políticas o de ventajas personales.
Estas limitaciones personales y comunitarias para la integración campesina dificultan un verdadero y auténtico desarrollo rural, así como la mejora de las condiciones de vida de las familias rurales.
El Artículo 64 de nuestra Constitución Política, por su parte, declara que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.
El desarrollo personal y comunitario en los entornos rurales, depende entonces de tres fuerzas que deben integrarse, coordinarse y armonizarse: las capacidades individuales, la fortaleza de las comunidades asociadas e integradas y la acción del Estado.
