En un evento emblemático del programa «Gobierno Escucha», la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó títulos de propiedad a 13 familias campesinas en Montelíbano, Córdoba. Estas familias, que han vivido en el campo por generaciones, ahora tienen la documentación legal que certifica su propiedad, gracias a los esfuerzos de formalización y legalización de tierras por parte del gobierno nacional.
Las trece familias beneficiadas se encuentran en cuatro municipios de la región de Córdoba. Diez de ellas, residen en Buenavista; una en Ciénaga de Oro; una en Moñitos y finalmente una en Montería. Esta distribución resalta el impacto de la iniciativa de Reforma Agraria en varias comunidades, asegurando una distribución más equitativa de la propiedad de la tierra, certificando cerca de 21 hectáreas formalizadas, entre las 13 familias.
Empoderamiento de género: las mujeres rurales como propietarias de tierras
Un aspecto digno de mención de la iniciativa de reforma agraria es el enfoque en el empoderamiento de género. De las trece familias beneficiarias, siete están representadas por mujeres y seis por hombres. Esto demuestra el compromiso de promover el papel de las mujeres, particularmente las mujeres rurales, en la propiedad de la tierra. El reconocimiento de las mujeres como propietarias de tierras no sólo mejora su independencia económica sino que también contribuye al desarrollo general de las comunidades rurales.
Superar el legado del conflicto
El impacto del conflicto armado en Colombia es evidente incluso en el contexto de la propiedad de la tierra. Uno de los nuevos propietarios es víctima del conflicto y la ANT emitió una resolución de propiedad de acuerdo con un fallo judicial sobre restitución de tierras. Esto ejemplifica los esfuerzos para abordar las consecuencias del conflicto y brindar legitimidad a la propiedad de la tierra.
Historias de Empoderamiento: Erika Estrada y Luis Rafael Garcés
Erika Estrada, de 35 años, es una de las beneficiadas, reside en el corregimiento Las Marías de Buenavista con su esposo y sus tres hijos. En su propiedad cultiva una variedad de frutas, como mangos, naranjas, cocos, aguacates y limones. Erika expresa su satisfacción con el título de propiedad, afirmando que “Me gusta cultivar, criar gallinas y cerdos. El título nos sirve para saber que este terreno es de nosotros”.
Luis Rafael Garcés, residente original de El Banco, Magdalena, ha pasado 44 de sus 70 años en Buenavista. También reside en Las Marías y tiene una diversa gama de actividades agrícolas en sus tierras, incluyendo la avicultura y el cultivo de plátano, yuca, ñame, aguacate, mango, zapotes, naranja y mandarina. Luis relata el camino hacia la obtención del título de propiedad, que comenzó en 1990 cuando compró el terreno a unos hermanos que carecían de la documentación adecuada. Con el título en la mano, ahora asegura con orgullo la propiedad de su tierra.
Compromiso del gobierno con la propiedad de la tierra campesina
Mileth Agámez López, profesional de la ANT en Córdoba, destaca la importancia del esfuerzo del gobierno en el otorgamiento de títulos de propiedad. A través del Gobierno Nacional y las iniciativas propuestas por los máximos dirigentes del país, se pretende garantizar que agricultores y campesinos cuenten con la documentación legal que certifique su propiedad de la tierra. Esta iniciativa es un testimonio del compromiso del gobierno de empoderar a las comunidades rurales y fomentar el desarrollo inclusivo.
Proceso de Registro y Documentación
Los trece títulos de propiedad han sido debidamente inscritos en las oficinas de registro de instrumentos públicos por la Agencia Nacional de Tierras. Este paso asegura la validez jurídica y el reconocimiento de la propiedad de la tierra, proporcionando a las familias la documentación necesaria para proteger sus derechos. El proceso de registro significa la culminación de los esfuerzos del gobierno para transformar las vidas de estas familias campesinas a través de la propiedad de la tierra.
La iniciativa de Reforma Agraria en Montelíbano, Córdoba, representa un hito significativo en la vida de trece familias campesinas. Al otorgarles títulos de propiedad, el gobierno ha empoderado a estas familias, brindándoles reconocimiento legal, seguridad y oportunidades económicas. El enfoque en el empoderamiento de género y en abordar las consecuencias del conflicto armado demuestra aún más el compromiso del gobierno con la justicia social y el desarrollo inclusivo. A través de la propiedad de la tierra, estas familias ahora pueden construir un futuro mejor para sí mismas y contribuir al crecimiento.
Fuente: Agencia Nacional de Tierras
Edición: Natalia Garavito
