 y Mercaderes (Cauca) no contaron con el respaldo de la Registraduria Nacional para desarrollar la consulta popular. Los promotores de la consulta, de ambas regiones, asumieron el costo del ejercicio democrático.){kind=link}
Al menos 6.660 sanlorenzanos le dijeron “NO” a la minería este fin de semana, mientras en Mercaderes se aplazó la consulta para la primera semana de diciembre. Las consultas fueron aprobadas en diciembre de 2017, pero ante la falta de financiación, los promotores de ambos municipios decidieron unirse para realizar la jornada electoral.
En San Lorenzo, fueron dispuestas 64 mesas de votación en los ocho corregimientos que tiene esa población. De las 12.600 personas habilitadas para votar, 6.764 salieron a las urnas; 6.660 personas votaron por el ‘NO’, 53 votaron de manera positiva, 33 votos fueron nulos y 18 tarjetones no marcados.
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Roberto Delgado, del Comité por la Protección del Agua, la Vida y el Territorio de San Lorenzo, indicó que se buscará que el Concejo de ese municipio formule un acuerdo que permita resguardar el patrimonio natural y cultural de esa región.
“A las autoridades nacionales se les informará sobre los resultados de la consulta, para que tengan en cuenta el pronunciamiento del pueblo, para la construcción del Plan de Desarrollo más adelante y en la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial», agregó Delgado.
Así la cosas, la jornada contó con jurados, en su mayoría profesores y estudiantes universitarios de últimos semestres. Asimismo, con el acompañamiento de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), que hizo el conteo de los votos una vez cerradas las urnas a las 4:00 de la tarde.
En cambio, en Mercaderes los promotores manifestaron su indignación con el ente electoral por no avalar el ejercicio democrático para frenar proyectos de extracción. Cerca del 57% al sur del departamento del Cauca estaría en procesos de concesión con fines de minería.
“Nos parece una falta de respeto con las comunidades organizadas, porque nos están violando un derecho a la participación ciudadana”, aseguró Jaime Solarte, promotor de la consulta en Mercaderes. Para el día de la consulta, los promotores realizarán la recolección de los votos en las diferentes veredas de los habitantes que no quieren procesos de explotación minera en sus territorios.
Ante la negativa de la Registraduría, los habitantes de ambos municipios optaron por la vía democrática para ser escuchados. Asimismo, aunque jornada electoral no tenga un resultado legal, la consulta minera se hace de manera simbólica para exigir la participación y mecanismos de concertación entre comunidades e instituciones del Estado.
El fallo que pone en jaque a las consultas populares
En un comunicado del 11 de octubre de este año, la Corte Constitucional estableció que las decisiones con respecto a exploración y explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo, deben ser acogidas concurrentemente y coordinadas por las autoridades nacionales, con la participación de las autoridades territoriales.
Lo anterior, mediante los mecanismos que establezca la ley. Todo esto, de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución Política a la nación y a las entidades territoriales.
En su momento, este diario consultó a Jorge Mario Vera, investigador de la Universidad del Tolima, sobre la decisión de la Corte. Vera califica como un “desacierto total” que las consultas populares ya no puedan vetar actividades extractivas, porque esto vulnera la autonomía de las comunidades en sus territorios e inclina los alcances del Estado sobre los recursos del suelo.
“Considero que esta decisión puede generar un exacerbamiento de la conflictividad en los territorios, dado que los escenarios de las consultas populares habían permitido zanjar esas disputas alrededor del ejercicio democrático y de participación de las comunidades. Entonces, es absolutamente desafortunada, no contribuye a la construcción de una paz sustentable, como ha sido el anhelo del pueblo”, subraya Vera.
Aunque la Corte considere –bajo su providencia–, que no existan más los mecanismos participativos para manifestar oposición a estos proyectos, la decisión no zanjaría las luchas sociales por los territorios. “Al negárseles y cercenársele esto, las comunidades no se van a quedar quietas y muy probablemente van a buscar otros mecanismos, que uno desearía que fueran en el marco de la Constitución y de la ley”, añade Vera.
Finalmente, cifras de la Contraloría General de la República indican que en Colombia existen 9.594 títulos vigentes para la explotación minera, que representan más de 5 millones de hectáreas. Al menos el 59 % del territorio colombiano está otorgado en concesión o tiene solicitudes mineras pendientes y solo cerca de 3 millones de hectáreas se usan para la agricultura.
Por: Andrés Neira. Periodista
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.