Uno de los grandes desafíos de la Colombia del posconflicto será incorporar servicios de salud de calidad a sectores de regiones apartadas y afectadas por la guerra.
Por Kenny Lavacude
La población urbana se queja, y con razón, de la mala calidad de la prestación de los servicios de salud. En efecto, basta acercarse a cualquier hospital o clínica donde atienden servicios de urgencia a usuarios de la seguridad social, sea contributiva o subsidiada, para ver el hacinamiento, las eternas esperas, la falta de información, las condiciones infrahumanas en las que atienden principalmente a los ancianos, sólo por citar algunos de los males de nuestro pésimo sistema de atención sanitaria.
Peor lo tiene la población rural, porque si no se queja es porque o no tiene centros médicos a dónde acudir –y por lo tanto la atención no es ni siquiera mala- o no tiene forma de quejarse.
Casi la mitad de los habitantes rurales enfermos no son atendidos por médicos o enfermeras, y de los que sí son atendidos –el otro 50%- no se conoce la calidad de dicha atención.
Este hecho, así lo denuncia la Cruz Roja Colombiana, ha hecho que en los entornos rurales se vean afectados los “determinantes de la salud, tales como mortalidad infantil, mortalidad materna, nutrición, incremento de enfermedades transmisibles y no transmisibles, mayor índice de enfermedades crónicas, incremento de enfermedades emergentes y reemergentes, brotes epidémicos, alto índice de embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual, parasitosis intestinal, enfermedades cutáneas y afecciones psicosociales” (El Tiempo 18 de agosto de 2016).
El desarrollo rural debe incluir acciones diferenciadas encaminadas a mejorar la salud física y psíquica de nuestros habitantes rurales, como un componente básico para la paz, basada en la justicia.
