El presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, tienen una tarea dura para realizar en los próximos días, la cual consiste en poner en marcha la Nueva Legislación Agraria en Colombia.
Este proyecto de ley de tierras, busca poner en marcha un punto muy neurálgico pactado con las Farc en el acuerdo de paz adelantado en Cuba. Son muy pocas las personas en Colombia que han encontrado el proyecto balaceado ya que los políticos de la izquierda cuestionaron su contenido pues lo consideran contrario a los acuerdos de la Habana; y por su parte, sectores de la derecha pusieron el grito en el cielo, porque según ellos se pone en riesgo el derecho a la propiedad privada.
Lo cierto del caso, es que los unos y los otros se creen con todo el derecho o se creen los elegidos para realizar la redistribución de las tierras en este país. Si miramos un poco más, vemos que ambos tienen grandes intereses, los unos quieren reivindicar los derechos del pueblo, buscando congraciarse con estos; y los otros, buscan proteger los intereses de unos pocos que son los dueños de grandes extensiones y de las mejores tierras del país. Es importante conocer que el 6% de la población de Colombia son los dueños de la tierra de este país, del 94% restante, el 45% se encuentra en pobreza extrema.
Esto de la reforma agraria es una papa bien caliente que tiene en las manos el gobierno, pero el país la necesita y la requiere desde hace muchos años. Pero esta se debe hacer partiendo de un consenso y una aprobación de muchos actores, donde confluyan intereses políticos y económicos que redunden en bienestar para todo el pueblo colombiano, para que retorne la inversión tanto nacional como extranjera a los campos de todo el país, y Colombia, pueda desarrollar su potencial como una gran despensa agrícola para el mundo.
Es importante resaltar que en plena etapa de posconflicto, este tema es muy importante para el país ya que uno de los frentes debe ser el desarrollo agrario, pero este tiene que ser mirado con mucho cuidado ya que muchas víctimas del conflicto están retornado a sus tierras y requieren que estas les sean escrituradas para que ellos hagan posesión de estas, las trabajen y los pongan a producir como verdaderas empresas productivas.
Cabe mencionar que de los 4 millones de predios rurales, el 60% no tiene escrituras de estas, lo que se torna muy preocupante para muchas familias que ven y escuchan estos temas de reformas, de expropiación, de confiscación, entre otros.
Lo cierto del caso, es que la implementación de este proyecto de ley no será nada fácil ya que hay mucha gente con los nervios de punta; el país debe recordar que el conflicto armado que ha vivido Colombia por más de sesenta años tiene su raíz en la tierra.
Autor: Luis Fernando Moreno Gallego, Facilitador EDC – Antioquia.
Editor: Katherine Vargas Gaitán, Periodista Editora. @KatheVargasg
