Plan Nacional de Desarrollo para el Pacífico necesitaría ajustes

Una vez socializado el Plan Nacional de desarrollo para la región, comunidades del pacífico indicaron que hay vacíos en la construcción del mismo, por la desestimación del trabajo de las comunidades. También, solicitaron la implementación de la Ley 70 de 1993.

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Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para el Pacífico, que ya radicó su avance ante el Consejo Nacional de Planeación, fue presentado por José Santiago Arroyo, director de Descentralización y Desarrollo Regional de la Dirección Nacional de Planeación (DNP).

De la socialización participaron economistas, académicos y comunidades de la región, para hacer recomendaciones sobre temas económicos, de seguridad y el futuro de la gobernanza territorial.

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“Hay tres dinamizadores del desarrollo que estamos considerando en este Plan Nacional de Desarrollo (PND). El primero tiene que ver con la cara económica, el segundo dinamizador es el de disparidades o desigualdades económicas y el tercero, tiene que ver con la asociatividad territorial”, aseguró Arroyo.

Así las cosas, la apuesta que hace Dirección Nacional de Planeación para la nueva edición del PND en el Pacífico, está articulada en tres bases. Inicialmente, un pacto por la equidad, para ampliar las oportunidades de las familias colombianas; emprendimiento y productividad, desde la transformación empresarial: creatividad, innovación y tecnología; y finalmente un pacto por la legalidad, a través del imperio de la ley: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia.

Recomendaciones para los asuntos económicos del Plan

“Estamos de acuerdo en la inclusión productiva en el PND, pero destruimos el aparato agrícola, el aparato industrial, y sobre esto, el Plan no dice nada. ¿Por qué esa productividad total de los factores tan baja? Porque destruimos el aparato productivo y la manera de que las formas de bonanza no sean negadas es precisamente a través del ordenamiento territorial, y en la consolidación de mercados internos”, asegura Jorge González, economista, docente e investigador de temas sociales.

Existe una preocupación por parte de los académicos en que los debates con respecto a la economía de la región se hagan desde ciudades que no hacen parte del Pacífico. Ante esto, se hace necesario que jóvenes de la región se formen con herramientas económicas de los territorios.

Por su parte, Juan Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, le parece equivocado seguir pensando el desarrollo del Pacífico desde el centro del país. “Mientras sigamos pensado estas lógicas del desarrollo, de hacer planificación de desarrollo, de pensar los modelos económicos desde las lógicas del centro del país, creo que vamos a tener una visión muy incompleta”.

Asimismo, Jhon Restrepo, director técnico de la AUNAP, indica que dentro de las políticas del PND ha quedado por fuera las actividades de pesca, porque la agricultura siempre ha cobrado protagonismo. La acuicultura es uno de los proyectos productivos que más se trabaja en la región, pero que, según el representante de esa entidad, no cuenta con un presupuesto adecuado.

La seguridad, otro de los retos

Al Pacífico también lo desvela el orden público, la economía ilegítima y la minería legal e ilegal. En esa región del país confluyen disidencias de las Farc, Eln, el Clan del Golfo y otras bandas ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico.

Además, la presencia de cultivos de uso ilícito son los más altos del país, una economía ilegal de la que dependen cerca de unas 500 mil familias en el país. “Tenemos muchas familias que dependen de economías ilegales. Por tanto, el reto era formalizar esas familias con el PNIS, pero hoy gracias a ese programa cerca de 40 mil hectáreas (de coca) la gente las ha arrancado”, afirma Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

La región también tiene problemas con sus entes territoriales, porque “los alcaldes hacen presencia una vez al mes”, agrega Ávila. Apartar el fortalecimiento de las autoridades territoriales ha sido uno de las desventuras del Acuerdo de Paz.

Para Carlos Rosero, líder afrocolombiano, se necesita ser “coherente” para que se garantice el control territorial, la seguridad y la construcción de paz desde los territorios. “En ese sentido, nosotros vemos que en muchas de las formas en que se habla del Pacífico y de derechos étnicos, no es muy coherente”, añade Rosero.

¿Y la gobernanza territorial para cuándo?

El Pacífico es un territorio en donde convergen comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y campesinos, en palabras de Silvio Garcés, experto en asuntos étnicos, la región es un “territorio étnico”. Asimismo, hace un llamado al DNP para que se reglamente la Ley 70 de 1993 y se convierta en un elemento fundamental para la gobernanza territorial.

A la fecha, sobre cerca de 5 millones de hectáreas comunidades tienen títulos colectivos, que representan el 47,6 % de 10,5 millones de hectáreas que se tienen previstas para este proceso. Del mismo modo, las comunidades solicitan que se regule la propiedad colectiva de los bosques, así como la compatibilidad de áreas protegidas con la titulación social.

Por último, José Suárez, delegado de Proceso de Comunidades Negras (PCN), asegura que para la construcción del Plan se necesita primero saber “de qué Pacífico se está hablando”. Además, propone que para que se fortalezcan las capacidades organizativas de los consejos comunitarios, la gobernanza territorial debe contar con: seguridad jurídica, instrumentos de gestión territorial, garantizar la financiación para su ejercicio y generar escenarios de diálogo para construir una apuesta compartida de región.

Por: Andrés Neira. Periodista
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.

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