En Colombia, defender los derechos humanos, particularmente en el sector rural, se ha convertido en una labor peligrosa, azarosa, llena de espinas, de contradictores y de amenazas. Muchos la condenan. Los líderes sociales, los campesinos que defienden sus derechos, son blanco de amenazas y muchos de ellos hoy están muertos.
Para quienes trabajan en la sombra y en la impunidad, ser defensor y promotor de los derechos humanos es una amenaza que hay que eliminar. Según Indepaz, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados en el país. [1]
En 2021, entre el 1 y el 17 de enero han muerto por asesinato 11 líderes sociales y cuatro exfirmantes del acuerdo de paz. [2]
Hasta hoy, casi todos estos asesinatos permanecen impunes. Por ello, en las regiones, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, se levantan voces que reclaman justicia y acción contundente contra esta sistemática y atroz manera de silenciar vidas y aterrorizar comunidades.
La Organización de las Naciones Unidas se creó el 24 de octubre de 1945 en San Francisco (Estados Unidos) para defender y promover los Derechos Humanos, como una de sus tareas más importantes. Proteger esos derechos es una de las labores más nobles que puede asumir una sociedad, una organización o una cultura y tiene que ser garantía de paz. Las grandes guerras mundiales tuvieron origen en la violación de los derechos humanos.
La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, el equivalente de nuestra Constitución política. Allí se consignan los principios rectores de la Organización. Esa carta entró en vigor el mismo 24 de octubre de 1945, pocos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. Además de preservar la paz y promover la concordia y la cooperación entre las naciones, los países estaban resueltos a “… reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, como establece el Preámbulo de la Carta de creación de las Naciones Unidas.
En la ONU las naciones tienen el propósito de atender “… la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” (artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas).
Siguiendo este espíritu, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales se hizo necesaria debido a causa la constante violación de los derechos humanos de esas personas. Fue necesario reflexionar, escribir y corregir durante varios años y, luego de múltiples discusiones, proclamar un documento que formula explícitamente los derechos de los campesinos y busca tratar de parar el irrespeto y violación de sus derechos en todo el mundo. Podría afirmarse que, especialmente en los países no desarrollados, en el sector rural se concentran los campesinos pobres, los que se dedican a cuidar y a hacer productiva la tierra en pequeña escala y quienes conforman gran parte de la población productora de alimentos para el mundo.
Y en Colombia no somos la excepción: aquí se vulneran e irrespetan los derechos y se asesinan líderes y excombatientes. Es imperativo que entendamos que si queremos la paz, es una tarea prioritaria respetar los derechos humanos de quienes viven en las zonas rurales que han sido escenario de confrontaciones, combates y conflictos armados.
Colombia ‒país que ha tenido el conflicto armado más antiguo de América, concentrado principalmente en las zonas rurales‒ casi de modo absurdo se abstuvo de ratificar la declaración sobre los derechos de los campesinos. Los responsables de firmar se abstuvieron porque la Declaración considera como campesinos a quienes poseen o trabajan la tierra en pequeña escala y no a los grandes terratenientes que se han adueñado de inmensas extensiones de territorio.
En el sector rural de nuestra patria siguen muriéndose líderes campesinos que están reclamando tierras usurpadas, salud y educación para sus mujeres, niños y niñas, reclamando el derecho a tener agua potable, vías de acceso para comerciar y vender sus productos y el derecho a tener modos dignos de vida y de subsistencia.
Por eso tenemos que insistir en que el derecho a la vida, para cualquier ser humano, es el derecho fundamental que tiene que ser garantizado, protegido y respetado. La fuerza del Estado, con sus instituciones legítimas, tiene que brillar para detener las acciones que quisieran acabar con los líderes sociales, solo porque desarrollan la labor más noble encomendada a todos: defender los derechos humanos.
*Esta nota periodística no representa la postura de Acción Cultural Popular – ACPO organización dueña de la marca registrada Periódico El Campesino y elcampesino.co. Con ello, tampoco compromete a la organización ni al periódico en los análisis realizados, las cifras retomadas, los entrevistados que aparecen, entre otros.
Por: Bernardo Nieto Sotomayor. Equipo Editorial Periódico El Campesino.
[1] Indepaz. En Colombia 971 líderes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Ver: https://www.aa.com.tr/es/mundo/indepaz-en-colombia-971-l%C3%ADderes-han-sido-asesinados-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/1924456
[2] Indepaz. Líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y firmantes de Acuerdo, asesinados en 2021. Ver: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
