Amenazas para la mujer rural en el conflicto, son los principales factores para la pobreza y la inequidad en el campo.
Por: Redacción A.C.P.O
Amenazas para la mujer rural en el conflicto colombiano, son los principales factores que desencadenan la pobreza y la inequidad en el campo, según lo dio a conocer un informe de la Defensoría del Pueblo.
La violencia sexual, la economía cocalera, la minería criminal y el despojo de tierras son las amenazas latentes para la mujer rural; factores que crean mayores índices de pobreza e inequidad rural, como la exclusión laboral, las barreras de acceso a bienes y servicios, la desigualdad frente al acceso a la educación y la relación asimétrica en la concentración de la tierra, entre otros.
Según la Defensoría del Pueblo, las dinámicas rurales mediadas por el conflicto armado constituyen una variable de primer orden en contra de los derechos de las mujeres.
El estudio que se realizó sobre los factores de riesgo para la población femenina en los departamentos de Córdoba, Chocó, Caquetá y Santander, identificó que las amenazas de gran influencia son: 1. La minería ilegal asociada a la explotación sexual de mujeres y niñas, 2. Las economías ligadas al narcotráfico, 3. La explotación indiscriminada de hidrocarburos que arrasa con la propiedad territorial, y 4. La persecución a las lideresas en los procesos de restitución de tierras.
A su vez, destacan que la última de estas amenazas se presenta con mayor fuerza en Córdoba, principalmente en los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y Valencia, donde es apremiante la necesidad de retorno de la población femenina en resguardos como Alto Sinú, Esmeralda, Cruz Grande, Iwagado y Quebrada Cañaveral.
Según la Defensoría del Pueblo, los grupos armados posdesmovilización mantienen estrategias de despojo y concentración de tierras, a la vez que amenazan y en algunos casos atentan contra las mujeres que encabezan los procesos de restitución, hechos que sumados a la informalidad jurídica que ronda los títulos de propiedad, impide el ejercicio de los derechos.
LA SITUACIÓN EN CHOCÓ
Las amenazas a la mujer rural más apremiantes se presentan en el departamento del Chocó, el cual por la consolidación de entables mineros ligados a una industria aurífera criminal, ha significado el auge de sitios aledaños a los complejos de extracción, en los cuales se explota sexualmente a las mujeres y niñas.
Según el estudio, en algunas ocasiones con el conocimiento de los esposos y padres de familia, quienes son amenazados o reciben dinero bajo intimidaciones, sus compañeras e hijas son abusadas por grupos armados.
LA ECONOMÍA COCALERA EN CAQUETÁ
En el departamento del Caquetá, la situación de amenazas para las mujeres rurales, se constituyen a partir de las economías cocaleras, controladas principalmente por la guerrilla, y que conllevan actividades de control social en las zonas de cultivo de hoja de coca y procesamiento de alcaloides, donde las campesinas no pueden transitar con libertad y son víctimas de las minas antipersonal.
SANTANDER, UN LUGAR DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
Según la Defensoría del Pueblo, el departamento de Santander en los últimos años se ha convertido en un centro de explotación de hidrocarburos y el acaparamiento de tierras a partir de la compra a adjudicatarios baldíos, el despojo y desplazamiento de comunidades, así como el fortalecimiento de un mercado informal de terrenos para abrirle espacio a esa actividad de explotación, el mayor atropello contras las mujeres que habitan los espacios rurales en el Magdalena Medio.
Este diagnóstico, sumado a escenarios de riesgo como la radicalización en las movilizaciones agrarias y el conflicto por las tierras en regiones como el departamento del Cauca, agudiza un panorama en el que las mujeres se constituyen en víctimas de diferentes situaciones.
ASESINATOS INVISIBLES
Según cifras oficiales, el año pasado fueron asesinadas 1.106 mujeres en el país, 307 de ellas en las zonas rurales. A su vez en el mismo período fueron reportados 16.088 delitos sexuales contra mujeres, 1.558 de los cuales tuvieron como escenario los centros poblados y las áreas rurales dispersas. De acuerdo con la Policía Nacional, durante 2014 6.491 mujeres fueron blanco de amenazas, 706 de ellas en el campo.
Dentro de las peticiones que hizo la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Agricultura, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), entre otras, para que se emprendan acciones como:
- Incluir, durante la última fase del Censo Nacional Agropecuario, encuestas especializadas que permitan identificar las condiciones de las mujeres rurales respecto a la propiedad y tenencia de la tierra.
- Fomentar el fortalecimiento del programa de promoción de sedes seguras para las organizaciones de mujeres en las zonas rurales.
- Reglamentar y consolidar la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión sobre las políticas de desarrollo rural.
- Revisar e implementar las medidas de protección necesarias, de acuerdo con los niveles de riesgo determinados, para garantizar el derecho a la vida e integridad de las mujeres rurales, así como sus demás derechos.
