Ahora que se vuelve a hablar en Colombia sobre la necesidad de poner en cintura al sector financiero, para que no siga abusando con sus cobros a los usuarios, volvemos a pensar en nuestros campesinos.
Por: Juan Carlos Pérez Bernal
Son ellos, al fin y al cabo, los que han llevado la peor parte, con políticas agrarias que no consultan ni la importancia estratégica del sector rural, ni las condiciones difíciles en que se deben producir los alimentos en Colombia.
No se pueden negar las intenciones de los gobiernos, materializadas en el famoso Incentivo a la Capitalización Rural, ICR. Sin embargo, a juzgar por el comportamiento del crédito, el instrumento se queda corto. Por ejemplo, según datos de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, entre enero y octubre de 2015 hubo “preocupantes descensos en los montos para la financiación de actividades productivas”. En ese período hubo menos financiación para la siembra de cultivos de ciclo corto (1.5%), mientras para sostenimiento de los de ciclo largo cayo en un 15.1%. Y hubo “un crecimiento de tan sólo 5% en las cuantías de préstamos para la siembra de cultivos de ciclo largo”.
Los empresarios del campo atribuyen el desánimo a lo que denominan “falta de estabilidad jurídica y de condiciones para mejorar la rentabilidad y la competitividad”.
Visto el asunto desde la perspectiva de los campesinos, ya no se habla tano de “estabilidad jurídica” sino de “justicia social”.
En otras palabras, el campo requiere de un tratamiento preferencial urgente, lo cual pasa por entender que su rentabilidad va más allá de la puramente económica, para inscribirse en lo que se denomina “rentabilidad social”.
En plata blanca ello significa volver a pensar en una verdadera política de crédito de fomento, con tasas de interés preferenciales para los pequeños productores del agro, es decir, canalizar más recursos por intermedio de mecanismos como el Incentivo a la Capitalización Rural que, como vimos, hoy se quedan cortos. Se nos dirá que ello significaría caer en el criticado asistencialismo. Y ello sería así, si el gobierno no piensa en una verdadera política estructural para el campo (el real mejoramiento de la cadena de valor agroalimentaria) dentro de la cual el crédito será uno de sus componentes importantes, al lado de otros claves como: mejoramiento de la infraestructura; puesta en marcha de una agresiva política de mercadeo que ataque de raíz la excesiva intermediación; verdadera equidad con la tributación donde el que tiene más, paga más…Y, ¿cómo no? Educación de buena calidad y oportunidades reales para que los jóvenes se queden en el campo.
Tarea monumental, por supuesto, que se puede concretar con las demandadas creatividad y seriedad en las políticas públicas. ¿Será mucho pedir?
