La Corte Constitucional decidió hoy, que las entidades locales y regionales tienen la potestad de tomar decisiones en cuanto a la regulación del suelo para proyectos mineros y por ende deben velar por la protección ambiental. Esta decisión se dio a conocer a través de la Sentencia T-445 de 2016.
Foto: Conflictos Mineros
En cuanto al concepto de protección del medio ambiente, el fallo se refiere de la siguiente manera: “Es claro que la protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente reconocida, la cual busca dar una respuesta contundente a las agresiones que sufren los ecosistemas de nuestro país. Más aún si se tiene en cuenta que la protección de los recursos renovables asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, condiciona el ejercicio de ciertas facultades que se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, conforme a la función ecológica de la propiedad y obliga a actuar de determinada manera, dado que las satisfacciones de las necesidades actuales requieren de planificación económica y de responsabilidad. La protección al medio ambiente no debe estructurarse bajo un entendimiento de los ecosistemas como medio para garantizar a perpetuidad el desarrollo humano. Por el contrario, este mandato imperativo nace del deber de respetar y garantizar los derechos de la naturaleza como sujeto autónomo”.
Lo anterior permite ver que el aspecto medioambiental es de gran importancia para cualquier actividad que implique el uso de los recursos naturales de las regiones, razón por la cual, los entes regionales y locales tendrán una gran responsabilidad la hora de regular el uso del suelo para desarrollar proyectos mineros, evaluando de forma detallada el desarrollo económico y el beneficio que le puede brindar a la comunidad.
Esta decisión también respalda la opinión de la población en cuanto a las propuestas que se presenten por parte de las empresas mineras, de esta manera se tendrá en cuenta el beneficio común tanto de los recursos naturales como de la comunidad que habite la región.
«Los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente», señala el fallo. También se hace un llamado al Gobierno Nacional para que inicie el desarrollo de un estudio técnico que permita prever el impacto que provoca la minería en cada uno de los ecosistemas a nivel nacional, de manera que se tenga un precedente a la hora de intervenir el suelo.
Algunos aceites naturales, tienen propiedades de curación espiritual, estados de animo y fortalecimiento de la energía misma de las personas en diferentes aspectos. A continuación se describen de forma rápida las características y beneficios que tienen estos productos, los cuales provienen del campo y son cosechados por campesinos y agricultores a nivel nacional para beneficio de todos.
Por: Betty Chaves estudiante de Escuelas Digitales Campesinas de Cundinamarca (supervisado por Hermana Elita Flores, Facilitadora)
En el municipio de Fosca se está buscando una tecnificación de panela para 20 productores de la vereda Quinchita.
La panela es uno de los productos de la canasta familiar por excelencia, es aquella que identifica a cualquier ciudadano colombiano y no puede faltar en la alacena de una familia tradicional. Entre las zonas paneleras del país se encuentra Santander, Boyacá, Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, siendo este último el de mayor cantidad de productores.
Ahora bien, en la vereda la Quinchita del municipio de Fosca, existe un aproximado de 20 productores de caña de azúcar con cultivos entre una y tres hectáreas, los cuales actualmente no cuentan con infraestructura, ni con las instalaciones adecuadas para esta producción ya que la mayoría de trapiches y hornillas están fabricados en adobe.
Los operarios no cuentan con la capacitación tecnológica que permita una producción en línea, lo que conlleva a un exceso de jornadas laborales y se pierde mucho tiempo en las actividades de producción.
A continuación se describe el proceso del cultivo de la caña y la producción de panela en la vereda Quinchita: actualmente la producción de panela se hace a través de la cocción de los jugos de la caña, el proceso inicia desde el corte, que se realiza a los 18 meses después de hacer la siembra y después se hace un mantenimiento de corte cada 12 meses, aunque también hay un proceso que se llama entre – saque que permite hacer el corte cada seis meses.
1. Cultivo Caña
Después del corte viene el proceso con el trapiche que es donde se extrae los jugos de la caña.
2. Extracción jugo
Como se aprecia en la foto actualmente no se cuenta con procesos técnicos, de higiene y seguridad al momento de operar esta maquinaria al igual que la recolección de los jugos.
3. Descachamiento
Después los jugos pasan a un proceso de descachazamiento para purificar el jugo y quitar impureza de los elementos de la caña, esto se hace a través de una planta llamada guácimo y temperaturas.
4. Purificación de jugo
Después del proceso de purificación se pasa a los fondos para la cocción de los jugos filtrados, para esta actividad se requieren 3 fondos y demora 25 minutos en cada fondo, por donde pasa el jugo de la caña de uno al otro hasta que llega al punto de espesura necesario para hacer la panela.
5. Cocción jugo
Cuando se está en el punto se pasa al molde para hacer la panela, estos moldes son de madera y se pueden graduar para sacar el tamaño que se quiera: libra, kilo, panelón de 2 kilos y se tiene un tiempo de espera.
6. Moldeo de panela
Luego de este proceso y después de que estén compactas las panelas se procede al proceso de empaque y almacenamiento hasta terminar la molienda la cual dura tres días. De ahí que se vio la necesidad de presentar un proyecto a la alcaldía del municipio con el fin de tecnificar y mejorar la calidad de vida de los fosqueños.
El reciclaje enfrenta tres desafíos grandes, el acopio y recolección adecuada desde las casas, instituciones educativas y oficinas, la volatilidad de los precios y la necesidad de estrategias para cambiar la percepción del consumidor que cree que las botellas solo son lavadas y luego reutilizadas. Desde la expedición de la Resolución 4143 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, se permite utilizar el material de botellas recicladas para ser procesadas de nuevo lo que permite favorecer la protección y conservación del medio ambiente.
Foto: La Razón
Nuestro país recicla las botellas de PET (Tereftalato de polietileno) plástico, que es usado comúnmente en gaseosas, botellas de agua y en textiles; en Europa y Estados Unidos es el material más reciclado aunque suele ser un poco menos nocivo que otros materiales como el PVC, el cual si no se recicla expulsa sustancias irritantes para el medio ambiente por los metales pesados usados para su elaboración.
Foto: Capitán Planeta
Colombia genera un promedio de 11.6 millones de toneladas de residuos sólidos al año de los cuales solo se aprovecha el 17 por ciento y solo se recicla el 26% de botellas PET, un porcentaje mínimo comparado con países como Holanda y Alemania donde solo un 2% de los residuos se depositan en un relleno sanitario, el porcentaje por su parte tiene una tasa de reciclaje de PET del 80%. Sin embargo en los últimos años han surgido en el país empresas emprendedoras en negocios verdes entre las que se destacan Agroplast, Enka de Colombia y Socya dedicadas a la reconversión tecnológica de estos materiales, para fabricar botellas, empaques para alimentos y textiles.
Desde los hogares o instituciones educativas también es posible la reutilización del PET, existen cientos de ideas y proyectos que permiten sacar ventaja y crear compromiso ambiental, sus usos más comunes son para manualidades, decoración y jardinería.
Foto: Ecolnventos
Cabe resaltar la recolección de las tapas de plástico de estos envases que están hechas de PoliPropileno, por parte de fundaciones que al venderlas a compañías de reciclaje obtienen una ganancia económica utilizada para atender causas sociales y solidarias como tratamientos para niños enfermos de cáncer y protección para animales maltratados o desamparados.
Los incendios forestales del primer trimestre de 2016 acabaron con 160 hectáreas de los cerros orientales de Bogotá, lo cual es equivalente a tres veces el tamaño del parque distrital Simón Bolívar, por esta razón y debido a las altas temperaturas que se han presentado en la ciudad en los últimos días, la Alcaldía Mayor y la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios lanzaron la campaña ‘El fuego no es un juego’.
Foto: Colombia.com
Lo anterior, en desarrollo del plan de contingencia previsto para los primeros meses del año; esta iniciativa busca la prevención de posibles conflagraciones, para esto el distrito dispuso de brigadas con herramientas y equipos especializados para el control y liquidación de este tipo de incidentes.
Las autoridades distritales pretenden con este tipo de campañas evitar pérdidas económicas como la del año anterior, que según informa la Secretaría de Ambiente, superó los 17.000 millones de pesos; por otro lado, la Corporación Autónoma Regional (CAR) considera nefasto el impacto ambiental a nivel vegetal, contaminación, descontaminación y la afectación del suelo que se removió y estima que tardara más de treinta años en recuperarse.
En los puntos críticos de la ciudad se instalaron puestos de seguridad, que junto con el centro de coordinación y comunicaciones de emergencias y el cuerpo de Bomberos vigilan y recorren las zonas boscosas haciendo pedagogía con las comunidades vecinas.
Es importante resaltar que más del 90% de los incendios forestales que se han presentado han sido provocados por personas, por tal razón es fundamental el trabajo pedagógico para que la población tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
No realizar quemas de basuras, material vegetal o agrícola
No hacer fogatas en zonas verdes
No arrojar colillas de cigarrillos encendidas
No dejar que los niños jueguen con fuego
Al percatarse de la presencia de humo llamar inmediatamente en la línea de emergencia 123.
Según el Gobernador de Antioquia, existen 8 actos administrativos donde puede comprobar que el municipio de Belén de Bajirá pertenece a su departamento.
En declaraciones dadas en la mañana de hoy a caracol radio, la senadora Claudia López del Partido Verde abrió la polémica y puso a hablar más de la cuenta a senadores antioqueños y al mismo Gobernador Luis Pérez, cuando expresó “el corregimiento de Belén de Bajirá pertenece a Chocó y mediante presión política la bancada antioqueña quiere cambiar esto”.
Foto: Teleantioquia
El tono de las conversaciones de los antioqueños subió de calibre, cuando el Gobernador de Chocó, Jhoany Carlos Palacios, anunció que este viernes 17 de febrero estará en Belén de Bajirá con todos los alcaldes del departamento, en torno a un consejo de gobierno y seguridad para tomar la medidas políticas necesarias que permitan salvaguardar la soberanía del departamento.
Foto: El Mundo
Por otra parte, el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, manifestó que es muy positivo que los líderes de otros departamentos, se reúnan en Antioquia y en un tono algo displicente dijo, “Si quiere les podemos prestar (al gobernador Palacios) aquí en Medellín algún recinto para que lo hagan, es que somos colombianos, inclusive si necesita alguna ayuda para atenderlos allá los atendemos”, estas palabras a juicio de los Chocoanos encuestados en el municipio de Nuquí, donde se encuentra el corresponsal del periódico El Campesino, fue “ esas declaraciones no son más que la demostración orgullosa del poderío antioqueño sobre el territorio, que por todos los tiempos han querido doblegar a sus vecinos chocoanos a expensas de sus ayudas económicas y poder empresarial».
La senadora Claudia López insistió en su exposición que los resultados técnicos del IGAC no se pueden cambiar y menos por presión política de la bancada antioqueña, sin embargo, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi puntualizó “ya sea por la decisión del Congreso de la República o por los límites provisionales establecidos por el IGAC, Belén de Bajirá pertenecerá a algún departamento, lo que le dará solución a una disputa que lleva más de 14 años”.
Según Valentina Prethel, estudiante de las Escuelas Digitales Campesinas de Nuquí, la inquietud final después de tanta controversia política es: ¿Alguien le ha preguntado a la comunidad de Belén de Bajirá a qué lado quiere pertenecer? ¿Blanco o Negro?,“lo cierto es que Antioquia hace muchos años se apodero del Urabá que era del Chocó, al que ellos llaman hoy zona bananera y quieren más del Chocó porque saben que es una zona muy rica y ellos ya casi que exterminaron su tierra con la minería y vienen por más del Chocó».
El Campesino estuvo presente en la Cátedra del Agro organizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle, espacio que se abre al público con el fin de reflexionar y debatir acerca del contexto de la ruralidad colombiana.
En esta ocasión se llevó a cabo hoy en la sede norte de dicha institución, y dio lugar a la socialización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agroindustrial Colombiano, PECTIA 2017-2027, presentado por Edison Hernán Suárez, gestor del programa que lidera este plan en Colciencias.
En la presentación se aclaró que este es el resultado de un trabajo conjunto de Corpoica, Colciencias y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes a través de resultados e investigaciones previas lograron formar este documento con una planeación a 10 años para el sector agroindustrial colombiano.
Dentro de los antecedentes, se resaltó la alineación temática y operativa con el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, las recomendaciones de Política e Innovación Agrícola de la OCDE, Misión Rural, Política de Desarrollo Productivo (Conpes 3866) y el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.
Foto: Universidad de la Salle
Los objetivos de este plan, el cual está en la fase de socialización y acuerdos, son:
Incrementar la productividad y competitividad
Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria
Promover el desarrollo de sistemas productivos ambientalmente sostenibles
Fortalecer el capital social, las capacidades del sistema y el relacionamiento de sus actores
A este evento asistieron estudiantes de la Universidad, docentes y representantes de entidades y organizaciones del sector, como Luis Carlos Leyva, Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, quien en calidad de asistente aseguró “queremos reconocer el esfuerzo de Colciencias de hacer una planificación, yo soñaba que fuera a más largo plazo pero por lo menos a 10 años, porque es muy lamentable cuando estos países queremos desarrollarnos y casi toda nuestra planeación coincide con los periodos de gobierno, y eso es muy triste… pero acá reconozco el esfuerzo de tener una visión a 10 años”.
Lo anterior ratifica el gran esfuerzo conjunto que realizaron las entidades ya mencionadas en la construcción de este documento, el cual se espera pueda ser ejecutado y por supuesto logre cumplir los objetivos trazados y metas estipuladas en beneficio y organización del sector agroindustrial colombiano.
Tras algunos incendios presentados en el departamento de Cundinamarca, quedó evidenciada la falta de compromiso de las entidades territoriales en cumplir con la normatividad nacional vigente en materia bomberil para la prevención de desastres.
Foto: Bomberos Cundinamarca
Desde que nació la ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos, los municipios de Cundinamarca han venido aplicando el Artículo 37 literal a) en los términos allí descritos, a saber: “Los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil”.
No obstante, tras el cobro que las administraciones municipales realizan por concepto de tasa bomberil en muchos de sus impuestos, este dinero no ha sido invertido para el fin descrito en la ley, que es la de financiar la actividad bomberil con el objetivo de atender los incendios y otros desastres que puedan presentarse en cada zona.
De 116 municipios que tiene Cundinamarca, existen tan sólo 80 cuerpos de bomberos, 3 son oficiales y los 77 restantes son cuerpos de bomberos voluntarios, y tanto los unos como los otros, para poder funcionar deben ser contratados por las alcaldías municipales por medio de convenios administrativos.
El convenio permite transferir este dinero a los cuerpos de bomberos, tanto oficiales como voluntarios, para definir las reglas de la inversión del recurso, la responsabilidad de los cuerpos de bomberos y su inmediata respuesta en caso de ser necesaria, y adelantar otras campañas de prevención con las comunidades.
Y es ahí donde está el trancón. El recurso está en las arcas municipales, pero como los convenios no se han firmado, los bomberos no cuentan con recursos para desarrollar sus funciones y se ven obligados a trabajar con las uñas y con la colaboración que presta la comunidad cuando se ve afectada por un incendio.
Según declaraciones dadas por el delegado de los Bomberos de Cundinamarca capitán Álvaro Farfan a distintos medios de comunicación, son 21 municipios los que en en el departamento no han realizado este trámite.
Estos municipios son Cogua, Zipacón, Cachipay, La Mesa, Sibaté, Albán, Sesquilé, Suesca, Guasca, Agua de Dios, San Francisco, Pandi, Arbeláez, Silvania, Guayabal de Siquima, Gachalá, Útica, Guayabetal, Fómeque, Choachí y Gutiérrez.
Cundinamarca ya está atravesando nuevamente una época de sequía, Bogotá no ha sido excepción, por eso es pertinente que los municipios cumplan con su responsabilidad y garanticen la correcta inversión del recurso recaudado para la actividad bomberil.
Y como de la experiencia se debe aprender, es pertinente recordar que en los años 2015 y 2016 se registraron un gran número de incendios en el departamento con consecuencias irreparables en el medio ambiente, la economía y la calidad de vida de los afectados, por eso recuerde el refrán: “El que tiene rabo de paja no se arrima a la candela”. Que Cundinamarca no siga ardiendo.
La Corporación asumió el pago de 150 jornales a través de APOPESCA para recoger los peces muertos .
Defensa Civil y Ejército han apoyado trabajo de recolección.
CORPAMAG hace llamado al Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, para establecer los impactos que podrían generarse por la disposición final de los peces muertos y que no se convierta en un problema de salubridad pública.
Foto: Corpamag
La mortandad de peces presentada el pasado fin de semana en la zona de playa del corregimiento de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, no guarda relación con las condiciones ambientales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, pues se trata de un evento ocurrido en el área marina, totalmente independiente al complejo lagunar, y lo cual será materia de investigación por parte del Instituto de Investigaciones Marinas, INVEMAR, en el marco del convenio de apoyo científico que tiene con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG.
Foto: Corpamag
Una vez los pescadores reportaron el evento, CORPAMAG, dispuso de inmediato recursos de contingencia para asumir el pago de 150 jornales, a través de APOPESCA, para la recolección de los peces muertos, de la especie lisa. La mortandad se presentó inicialmente el sábado en la noche a la altura del barrio La Gloria de Tasajera, pero en la mañana de este lunes se reportó más peces muertos de la misma especie (lisa) en el sector de Costa Verde en el municipio de Ciénaga.
La Corporación resalta el apoyo recibido de la Defensa Civil y el Ejército, cuyos miembros iniciaron la recolección de los peces los días sábado y domingo, con ayuda de algunos miembros de la comunidad.
CORPAMAG sugiere la convocatoria del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de que se adopten las medidas que permitan afrontar el impacto que podría generar la disposición final de los peces muertos, para así evitar que se convierta en un problema de salubridad pública.