En las últimas semanas uno de los debates que han enfrentado las comunidades campesinas del departamento de Boyacá, tiene que ver con la posibilidad de que en ese territorio se desarrollen actividades relacionadas con el fracking. De acuerdo con la denuncia del Colectivo de la Defensa de la Provincia del Sugamuxi, el centro de la discusión debe centrarse en los daños que ya está ocasionando el proceso de sísmica.

La sísmica es un método geofísico que busca localizar las rocas porosas que almacenan petróleo y gas. «A todo el mundo llegan a contarle que la sísmica no es peligrosa, que no hace daño, incluso llegan a comparar la sísmica con una ecografía en una mujer, y no es cierto” afirmó Patricia Corredor, integrante de ese Colectivo, quien a su vez asevera que eso no es así.

Según aseguran, en Boyacá ya se han visto los daños la sísmica, la primera actividad que debe desarrollarse antes de implementar un proyecto de hidrocarburos. Han denunciado que, por cuenta de la empresa Maurel & Prom y la actividad se sísmica que llevó a cabo, un total de210 cuerpos de agua desaparecieron de la zona.

Los impactos en la comunidad campesina 

Desde el Colectivo, afirman que como primera medida de protección del territorio y el ambiente, se debe impedir la sísmica. La afectación directa sobre las comunidades campesinas es la perdida de agua, que, por tanto, generaría graves impactos en la agricultura de la zona.

“Boyacá tiene su vocación agrícola, ademas estamos potenciando la vocación turística del departamento, ya que tenemos unos paisajes hermosísimos, y una gastronomía espectacular”, explica Patricia, quien a su vez lamenta que todo esto se vería afectado por la actividad petrolera.  (Le puede interesar: Ministerio de Ambiente permite el fracking en Colombia).

Corredor, además indica que las actividades de sísmica ocasionaron la pérdida de las casas de 70 familias en zona rural de Sogamoso debido a los  agrietamientos. Situaciones que no quieren volver a vivir las familias, y por eso desde ya buscan impedir la sísmica.

Aunque en el 2015 se solicitó la renovación de la licencia ambiental, el 5 de julio de 2018 fue negada. Sin embargo, lo que preocupa en este momento es que las actividades de sísmica que se desarrollan en el lugar tengan como finalidad de realizar fracking.

Eso sí, aclara Patricia corredor es que “el Lago de Tota no está dentro de los dos bloques petroleros para hacer fracking, en el lago de Tota se tiene una licencia de la multinacional francesa Maurel & Prom desde el año 2009”.

«Los más afectados con el fracking son los campesinos, por esta razón lo primero que se quiere detener es la sísmica lo cual funcionaria como una acción preventiva y no correctiva al nefasto panorama que dejaría el fracking para el territorio», dice la ambientalista.

Las protestas de la comunidad 

En total serían 100 municipios del departamento los que estarían concesionados para actividades petroleras, por ello, es que en lugares como Chiquinquirá y Tota se han desarrollado diferentes protestas,  y en otros lugares como Sáchica ha habido algunos disturbios, como sucedió el pasado 25 de junio, cuando se denunciaba que se buscaba adelantar la sísmica.

Frente a esta situación, ya se han realizado algunas audiencias públicas donde se proporcionará información a las comunidades involucradas en estos procesos, de hecho en Ricaurte y Occidente se desarrolló el pasado 29 de junio.

Por: Angie Katherine Castiblanco Ramírez. Facilitadora Educativa – ACPO.
Camilo Aldana – Estudiante de Comunicación Social 
Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.