viernes, junio 27, 2025
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#Opinión: La Unión Europea en Colombia: Promueve iniciativas de paz, educación rural y conservación ambiental.

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Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, Colombia ha iniciado un camino significativo hacia la transformación y la reconciliación nacional. Este proceso ha implicado no solo la desmovilización de grupos armados, sino también la implementación de políticas y programas que buscan cerrar las brechas sociales y económicas, especialmente en las zonas rurales que fueron más afectadas por el conflicto armado. En este contexto, la Unión Europea en Colombia ha desempeñado un papel fundamental como aliado estratégico, brindando apoyo integral para fortalecer las comunidades rurales y promover el desarrollo sostenible en el país.

Gilles Bertrand, Embajador de la Unión Europea en Colombia, destaca la profundidad y amplitud de esta colaboración: «Tenemos una relación con Colombia que abarca prácticamente todos los temas importantes de la vida del país y de nuestros valores comunes». Esta relación se ha materializado en diversas iniciativas que buscan abordar los desafíos más apremiantes de Colombia, desde la implementación del acuerdo de paz hasta la promoción de la educación, la digitalización y la sostenibilidad ambiental en las zonas rurales.

Mira la entrevista completa en este enlace: Iniciativas de la Unión Europea en Colombia, Entrevista Gilles Bertrand.

La Unión Europea en Colombia y su Compromiso Sólido con la Paz y la Reforma Rural

La UE ha jugado un papel crucial en la implementación y consolidación del acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta al primer punto enfocado en la reforma rural integral. A través del Fondo Europeo para la Paz, la UE ha canalizado recursos de 23 países, de los cuales 21 son Estados Miembros de la Unión Europea, con el fin de impulsar el desarrollo en zonas afectadas por el conflicto armado. «Cuando llegó el momento de la firma del Acuerdo de Paz, nos pareció muy natural, de parte de la Unión Europea, tomar un compromiso especial para garantizar la sostenibilidad del acuerdo y el acompañamiento en los territorios», señala Bertrand.

Este fondo ha permitido fortalecer comunidades rurales y promover la presencia estatal en regiones históricamente desatendidas. Programas como los Laboratorios de Paz han sido esenciales en este esfuerzo. «Tenemos una presencia casi constante desde los primeros laboratorios de paz que se iniciaron a principios de los años 2000», destaca el embajador. Estas iniciativas han contribuido a reconstruir el tejido social, promover la convivencia y facilitar la reintegración de excombatientes a la vida civil.

Educación Rural y Brecha Tecnológica: Herramientas para el Cambio

La educación es vista como una herramienta esencial para cerrar las brechas y reducir las desigualdades en el campo colombiano. Aunque la UE no financia directamente la infraestructura educativa, reconoce la importancia de la calidad y el acceso a la educación en zonas apartadas. «Estamos absolutamente de acuerdo en que la educación es esencial para cerrar las brechas y las desigualdades», afirma Bertrand.

Con este propósito, la Unión Europea en Colombia ha colaborado con el gobierno colombiano en proyectos para mejorar la conectividad en áreas rurales, entendiendo que la digitalización es vital para el aprendizaje y el desarrollo económico. «Estamos trabajando con este gobierno en particular sobre el tema de digitalización, de hacer llegar la conectividad a las regiones más apartadas del país», explica el embajador. A través del Banco Europeo de Inversiones y proyectos piloto, se busca reducir la brecha tecnológica y proporcionar oportunidades a comunidades que, de otro modo, estarían aisladas.

Este esfuerzo es especialmente relevante en áreas donde la falta de acceso a la tecnología limita las posibilidades educativas y económicas. «El acceso a la educación es un tema de infraestructura, pero también de calidad y de tener una educación que permita construir un proyecto de vida», destaca Bertrand. La conectividad no solo facilita el acceso a información y conocimiento, sino que también abre puertas a mercados y servicios que pueden transformar las economías locales.

Empoderamiento de Jóvenes y Mujeres Rurales: Construyendo el Futuro

Los jóvenes y las mujeres rurales son considerados actores clave en la construcción de un futuro sostenible para el campo colombiano. La UE ha establecido alianzas con colectivos juveniles, reconociendo su compromiso y arraigo con el territorio. «Me llama mucho la atención que la juventud rural colombiana tiene un compromiso por quedarse en el campo y construir un proyecto de vida allí, es por eso que se desarrollan programas y proyectos para garantizar que las generaciones venideras tengan oportunidades en sus propias comunidades», expresa el embajador.

Las mujeres, en particular, han demostrado un liderazgo notable en prácticas de agricultura sostenible y en la promoción de la paz. El proyecto MIA (Mujer Mestiza, Indígena y Afrodescendiente), financiado por la Unión Europea en Colombia y liderado por la Fundación Acción Cultural Popular (ACPO), es un ejemplo emblemático. Implementado en los departamentos de Caquetá y Chocó, MIA ha promovido la convivencia, la inclusión de mujeres firmantes de paz y el empoderamiento económico mediante iniciativas productivas.

Proyecto MIA

«Las mujeres han sido grandes aliadas cuando se trata de pensar formas de agricultura sostenible y de construir espacios de conversación que son mucho más constructivos», destaca Bertrand. Su participación ha sido crucial no solo en la transformación económica del campo, sino también en la reconstrucción del tejido social y en la promoción de prácticas que preservan el medio ambiente.

Sostenibilidad Ambiental y la COP16 una apuesta de la Unión Europea en Colombia.

La protección del medio ambiente es otro eje central de la alianza entre la UE y Colombia. De cara a la COP16, que Colombia acogerá, ambas partes trabajan conjuntamente para promover la conservación de la biodiversidad y prácticas sostenibles. «Valoramos mucho el liderazgo que Colombia ha tomado con la apuesta de acoger la COP16», afirma el embajador.

La Unión Europea en Colombia apoya eventos previos a la conferencia y promueve iniciativas que permiten a las comunidades ser protagonistas en la lucha contra el cambio climático. «Nuestra apuesta es apoyar eventos pre-COP, la pre-COP de jóvenes, la pre-COP de Nuquí. Tendremos eventos dentro de la COP; la idea es hacer llegar a muchas comunidades iniciativas de conservación y protección», explica Bertrand.

Gilles Bertrand

La colaboración incluye el fomento de la economía circular, los negocios verdes y la protección de ecosistemas clave como los páramos. Estas acciones buscan no solo preservar el medio ambiente, sino también generar oportunidades económicas sostenibles para las comunidades rurales. «Ser orgullosamente campesino o campesina es más que trabajar cada día en el campo. Es vivir del campo de una manera que lo preserva, permitiendo a todos descubrirlo a través de prácticas sostenibles de turismo y produciendo los mejores productos orgánicos de calidad. Esta es la apuesta de muchas comunidades en el país, que necesitan apoyo para seguir adelante con esta voluntad y verdadero orgullo de ser campesinos, un orgullo que la Unión Europea ha permeado», enfatiza el embajador, resaltando la importancia de prácticas que benefician tanto al entorno natural como a las personas que dependen de él.

La Reconciliación como Ejemplo para el Mundo

Así mismo, aunque en Colombia aun persistan algunos desafíos, el embajador Bertrand destaca la asombrosa capacidad de reconciliación que ha demostrado el país. «Después de la Firma del Acuerdo de Paz, en el 2016, nuestro segundo éxito ha sido el Sistema de Justicia Transicional, el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad, la manera como Colombia ha sido capaz, como muy pocos países en el mundo, de mirar hacia su pasado de frente, muy cerca de los hechos, muy cerca del mismo conflicto y aún así tener la voluntad de reconciliación, es impresionante», señala Bertrand.

En contraste con otros países que han enfrentado conflictos internos o guerras, Colombia ha avanzado rápidamente en procesos de verdad y reconciliación. «En Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la reconciliación para nosotros se ha demorado mucho más; hay países que hasta dos o tres generaciones después todavía lo encuentran difícil, todavía les cuesta hacer ese trabajo de memoria. Haberlo hecho tan cerca de lo ocurrido creo que es realmente un gran éxito de Colombia y justicia para las víctimas».

Reflexiona Gilles Bertrand, Embajador de la Unión Europea en Colombia.

Esta capacidad de enfrentar el pasado y promover la reconciliación es un logro notable que demuestra la fortaleza y resiliencia del pueblo colombiano. Es un ejemplo inspirador para otras naciones que aún luchan con heridas históricas y conflictos no resueltos. La UE reconoce y valora este esfuerzo, considerando que sienta las bases para una paz duradera y una sociedad más cohesionada.

Una Alianza que Transforma Vidas

La alianza entre la Unión Europea y Colombia es un claro ejemplo de cómo la cooperación internacional puede generar cambios profundos y duraderos. A través de proyectos que promueven la paz, la educación, la digitalización, el empoderamiento de jóvenes y mujeres rurales, y la sostenibilidad ambiental, se está construyendo un futuro en el que el campo colombiano es sinónimo de oportunidades y prosperidad.

La Fundación ACPO y el periódico Elcampesino.co reconocen la importancia de estas sinergias para lograr la sostenibilidad a largo plazo de las acciones y transformaciones sociales que requieren las comunidades rurales. Durante 77 años, ACPO ha sido un pilar en la educación rural en Colombia, llegando a cerca de 8 millones de campesinos en más de 1,000 municipios. Su labor ha sido fundamental en la promoción del desarrollo humano, el fortalecimiento del liderazgo para la participación y la creación de nuevas narrativas que dignifican la vida, el trabajo y los conocimientos de las comunidades rurales.

La colaboración y el diálogo con organismos de cooperación internacional como la UE son esenciales para lograr sinergias que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las acciones y transformaciones sociales que requieren las comunidades rurales. Esta colaboración no solo aporta recursos financieros, sino también conocimientos, experiencias y una visión compartida de un futuro mejor.

Editor: Natalia Garavito

Día Nacional del Café: cifras récord con aroma a deuda social

Café certificado, trabajo invisible

A pesar de las etiquetas de sostenibilidad, las fincas visitadas en Antioquia y Huila —entre ellas La Arboleda, Los Naranjos y La Siberia— mostraron una realidad muy distinta. Literas hacinadas, baños sin duchas, cocinas improvisadas y ausencia total de contratos formales caracterizan las condiciones en que viven y trabajan miles de recolectores, muchos de ellos migrantes venezolanos y campesinos andariegos que recorren el país en busca de trabajo.

Según cifras de la OIT, más del 80% de los trabajadores de la cosecha cafetera en Colombia son informales. Esto significa que carecen de seguridad social, protección ante accidentes y acceso a pensión. Como lo expresó Ricardo Carillo, recolector sin contrato que ha trabajado desde los 12 años: “Le pido a Dios que me lleve antes de los 70, porque no quiero terminar como muchos que aún cosechan sin fuerzas ni futuro.”

Certificaciones sin respaldo

Foto: Fernando Martinho / Repórter Brasil. Finca Los Naranjos en Salgar, municipio de Antioquia, exhibe una placa de certificación Fairtrade

Las fincas exhiben sellos como Rainforest Alliance, Fairtrade y C.A.F.E. Practices, pero varias de estas organizaciones negaron que las propiedades estuvieran activamente certificadas al momento de la visita. En algunos casos, los certificados estaban vencidos o eran simplemente placas decorativas. Rainforest Alliance, por ejemplo, reconoció no haber certificado aún la Finca San Fernando y detectó en auditorías pasadas irregularidades laborales en La Arboleda.

Mientras tanto, las empresas exportadoras como Carcafé, Cafexport o Expocafé, y compradores internacionales como NKG, Nestlé y Tchibo, se deslindan de responsabilidades alegando desconocer el origen exacto del grano o la imposibilidad de trazarlo hasta el recolector.

Una jornada sin fin

Foto: Fernando Martinho/Repórter Brasil. Alojamiento para trabajadores en Finca La Siberia con literas con colchones delgados y sin ropa de cama

El trabajo en las fincas cafeteras es extenuante. Las jornadas superan con frecuencia las 10 horas diarias en terrenos empinados y bajo lluvias intensas. En la mayoría de casos, los trabajadores ganan por kilo recolectado en promedio 1.400 pesos y deben cubrir sus propios costos de alimentación, lo que reduce sus ingresos reales.

Aunque algunos pueden alcanzar ingresos mensuales cercanos a los 2,3 millones de pesos en época alta, no hay garantías. Si llueve o se enferman, no hay ingresos. Si se accidentan, no hay cobertura. Y si protestan, no hay contratos que los respalden.

Reforma laboral: oportunidad perdida

Foto: Fernando Martinho/Repórter Brasil. El alojamiento se improvisa en un gakpón de la finca La Arboleda, en el municipio de Andes departamento de Antioquia.

La reforma laboral aprobada en junio de 2025 por el Congreso colombiano excluyó los artículos que buscaban crear un contrato agropecuario y formalizar el jornal diario en el campo. La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) reconoció los vacíos legislativos y afirmó que más del 96% de los caficultores tienen menos de cinco hectáreas, lo que los convierte en agricultura familiar. Sin embargo, la informalidad laboral en este sector es un problema estructural que sigue sin respuesta institucional efectiva.

¿Quién responde por esta cadena?

Foto: Fernando Martinho/Repórter Brasil. Los baños de la finca La Arboleda no tenían duchas, por lo que no era posible regular la temperatura del agua.

Organismos internacionales como la OIT han propuesto que las empresas compradoras internacionales contribuyan directamente al sistema de seguridad social de los recolectores, a través de un aumento en la contribución al Fondo Nacional del Café; un centavo por libra exportada podría marcar la diferencia. Paola Campuzano,  de la OIT, concluye: “Sin protección social, no se puede hablar de sostenibilidad. Y sin sostenibilidad, no hay café ético que valga.”

Mientras el mundo degusta el café colombiano con admiración, sus trabajadores siguen invisibles, atrapados en una cadena de valor que no los valora. La certificación, por sí sola, no basta. La verdadera sostenibilidad empieza en el surco, no en la etiqueta.

Nueva ley refuerza los derechos de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca en Colombia

El campo colombiano recibió una noticia histórica. Con la entrada en vigencia de la Ley 2462 de 2025, el Congreso de la República aprobó una reforma estructural que reconoce los derechos de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca como sujetos sociales, políticos y económicos. La norma busca cerrar brechas históricas de desigualdad que afectan a quienes han sostenido la vida en los territorios; mujeres que producen alimentos, cuidan los ecosistemas, transmiten saberes ancestrales y resisten en medio del abandono estatal.

¿Qué cambia con esta ley?

La Ley 2462 introduce medidas afirmativas en educación, salud, participación política, acceso a la tierra, crédito, vivienda, infraestructura y seguridad social. Reconoce que la ruralidad no es homogénea e incorpora enfoques diferenciados para mujeres indígenas, afrodescendientes, pescadoras, jóvenes, adultas mayores y mujeres con discapacidad.

Reconocimiento amplio y actualizado

La Ley 2462 redefine el concepto de mujer rural, campesina y de la pesca desde una visión integral. No se limita a identificarlas solo porque viven en áreas rurales, sino que reconoce como tales a todas aquellas mujeres cuyos modos de vida giran en torno a la cultura rural, la tierra, el agua, la producción de alimentos, la pesca, la transformación de productos, las artesanías, el turismo comunitario y los saberes ancestrales. La ley visibiliza su papel en la economía popular, en las cadenas de valor, en la conservación de los ecosistemas y en el sostenimiento de la vida cotidiana, aunque estas actividades no sean remuneradas ni reconocidas formalmente por el Estado.

Además, se reconoce por primera vez a las mujeres de la pesca en toda su diversidad: marinas, fluviales, costeras, oceánicas y cienagueras como sujetas de derechos, al destacar su papel en la seguridad alimentaria y la economía comunitaria.

Política pública nacional

Uno de los pilares de la reforma es la creación de una Política Pública Nacional para las Mujeres Rurales, Campesinas y de la Pesca. Esta deberá ser diseñada e implementada en un plazo máximo de 20 meses y tendrá una vigencia decenal. Su objetivo es superar la discriminación estructural que afecta a estas mujeres, reconociéndolas como sujetas sociales, políticas y económicas. La política incluirá programas que incentiven el acceso a la educación, la autonomía económica, la justicia ambiental y la participación en escenarios de decisión. Cada año, el Gobierno deberá rendir informes sobre su implementación, incluyendo indicadores específicos de impacto.

Acceso a tierra, crédito y fondos

La nueva ley impulsa el acceso equitativo a la tierra mediante la titulación de predios a empresas comunitarias y asociaciones de mujeres rurales. También reconoce la economía del cuidado como una forma legítima de uso del suelo, lo que permitirá su inclusión en procesos de adjudicación de tierras.

En materia financiera, se crean líneas de crédito con tasa preferencial, seguros agropecuarios y mecanismos de financiación directa a través del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), que apoyará proyectos productivos, formación, asistencia técnica y organización comunitaria. Las mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y con bajos ingresos serán priorizadas en el acceso a estos recursos.

Educación, salud y participación

La ley establece el derecho a una educación rural inclusiva, técnica y superior, con énfasis en agroecología, ciencias STEM, digitalización y saberes propios. Se fortalecerán modalidades virtuales y a distancia para cerrar las brechas de acceso. Además, se impulsará la validación formal de conocimientos ancestrales en áreas como medicina tradicional, manejo de semillas nativas o sostenibilidad ambiental.

En salud, se garantiza la atención integral con enfoque territorial y diferencial, incluyendo partería, medicina tradicional y salud sexual. Se establece la creación de rutas de atención para mujeres víctimas de violencias basadas en género en zonas rurales dispersas, con equipos interdisciplinarios y campañas de sensibilización adaptadas al entorno cultural.

En participación, se asegura la presencia paritaria de mujeres rurales en órganos como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, las Mesas de Trabajo de Mujeres y los espacios de concertación territorial.

Comercialización e inclusión productiva

La Ley 2462 impulsa mecanismos para que las mujeres rurales accedan de manera directa a los mercados locales, regionales y nacionales. Se fomentarán los circuitos cortos de comercialización, mercados campesinos, ruedas de negocios, centros de acopio y pasajes comerciales. También se facilitará el registro de marcas y productos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acompañando legal y técnicamente a las mujeres que lo soliciten.

Las acciones priorizarán a aquellas mujeres que hacen parte de la economía campesina, familiar y comunitaria; víctimas del conflicto; o lideresas de procesos organizativos. Con esto, se busca garantizar su autonomía económica y posicionarlas como protagonistas del desarrollo rural sostenible.

La Ley 2462 de 2025 marca un hito en el reconocimiento jurídico y político de las mujeres rurales en Colombia, porque más que una norma, es una hoja de ruta para dignificar su trabajo, garantizar el acceso equitativo a recursos y construir una ruralidad incluyente, justa y sostenible. El desafío ahora es su implementación real, con voluntad política, presupuestos adecuados y participación efectiva de las mujeres en todo el país.

Colombia asume compromisos en el Foro Global de la Tierra

El 10° Foro Global de la Tierra concluyó en Bogotá con una hoja de ruta política que reúne 62 compromisos para garantizar los derechos a la tierra, fortalecer la soberanía territorial y proteger los ecosistemas. Con la participación de más de 40 organizaciones sociales, pueblos originarios, entidades del Estado y aliados internacionales, el Estado colombiano selló un acuerdo histórico para avanzar hacia una Reforma Agraria integral y sostenible.

Durante el evento se escucharon voces que le apuestan a sembrar el futuro desde la palabra, la vida y el territorio, con sentido de dignidad ambiental y autonomía colectiva, principios que se enmarcan en la justicia territorial.

Reforma agraria: redistribución con justicia y enfoque pluricultural

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de una Reforma Agraria estructural, con metas claras a mediano y largo plazo. El Estado se comprometió a garantizar la redistribución, formalización y restitución de tierras al campesinado, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, con prioridad para mujeres y juventudes rurales.

Entre las medidas anunciadas están la inclusión de Zonas de Reserva Campesina, Territorios Agroalimentarios y Ecosistemas Acuáticos en los planes de desarrollo, así como el acceso regulado a tierras en zonas ambientales con respaldo técnico y productivo. También se acordó avanzar en una jurisdicción agraria articulada con la justicia indígena y reformar la Ley 160 de 1994 para reconocer nuevas formas de territorialidad.

“Con el apoyo de la comunidad internacional, y sobre todo con el apoyo mutuo entre los pueblos, podremos profundizar y hacer sostenibles los inmensos esfuerzos y los importantes avances del actual gobierno por redistribuir la tierra y priorizar la producción de alimentos”, indicó Javier Medina Bernal, del Cinep/PPP.

Soberanía alimentaria y transformación del modelo agroalimentario

El Foro también trazó el camino para una transformación profunda de los sistemas alimentarios. Se cuestionó el modelo agroindustrial dominante y se llamó a fortalecer la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente, y a reconocer el rol de las semillas nativas, las cocinas tradicionales y los mercados locales.

Según lo anunció el gobierno nacional, se eliminarán subsidios que perjudican la biodiversidad y se fortalecerán incentivos para la agroecología. Además, se promoverán cambios normativos para facilitar la transformación de alimentos campesinos y eliminar barreras sanitarias descontextualizadas.

“Sabemos lo difícil que es implementar una reforma agraria, y estamos aquí para compartir nuestros logros y las lecciones que hemos aprendido en el camino, así como para aprender de ustedes”, expresó Michel Taylor, director del International Land Coalition (ILC).

Justicia climática y transición energética desde los territorios

El Foro fue enfático: la transición energética debe construirse desde abajo, con las comunidades y no a costa de ellas. En esa dirección, se definieron compromisos para garantizar derechos territoriales como parte de las estrategias de adaptación al cambio climático; proteger ecosistemas anfibios y reformar las corporaciones ambientales para una mayor gobernanza local.

“En este país la relación entre tierra y paz es evidente. La tierra fue causa del conflicto y hoy puede ser la base de la reconciliación”, afirmó Giles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia.

También se ratificó el Acuerdo de Escazú como marco esencial para proteger a las y los defensores del territorio. Y se exigió que las políticas climáticas respeten la autonomía de los pueblos indígenas y sus competencias ambientales.

La ministra de Ambiente, Lena Estrada, sintetizó el enfoque del evento:

“Este evento nos reúne para combatir tres crisis: el hambre, el cambio climático y la construcción de paz”.

Un llamado a la acción desde Cartagena 2026

El Foro cerró con un llamado a que los compromisos adquiridos no se  queden en el papel. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas, destacó el rol de las mujeres rurales y la necesidad de que las juventudes también lideren el proceso.

“Tienen ustedes, en Colombia, una gran apuesta de unidad. Y debemos reconocer que la resistencia ha estado liderada por las mujeres que construyeron resistencia y que hoy forjan la esperanza. Hoy debemos hablar de una apuesta para que ellas lideren los caminos de resistencia y la construcción de políticas públicas de reconocimiento e inclusión”, recalcó.

Carvajalino anunció que las conclusiones de este Foro se llevarán a la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que tendrá lugar en Cartagena en febrero de 2026.

“En la tierra para comer, la tierra para trabajar y la tierra para la vida, está nuestra gran apuesta que denominamos, la Revolución por la Vida”, concluyó.

La hoja de ruta del Foro Global de la Tierra es una apuesta colectiva por la vida, los territorios y la dignidad. Los compromisos adquiridos marcan un punto de inflexión para avanzar hacia una Colombia que reconozca su diversidad, proteja sus ecosistemas y se enfoque en saldar la deuda histórica con quienes han sostenido el campo desde la raíz.

Colombia ante la crisis del desplazamiento: más de 11 millones de personas forzadas a huir

Colombia vive en 2025 una de las mayores crisis humanitarias del continente: alberga a cerca de 11 millones de personas forzadas a huir de sus hogares. De ellas, 7 millones son desplazadas internas; 3 millones provienen de Venezuela y medio millón son colombianas que han retornado tras años de exilio. Esta situación, lejos de resolverse, sigue agravándose.

En los últimos dos años, el deterioro se ha hecho más evidente. En 2024, más de 191.000 personas fueron desplazadas por la violencia, y al menos 118.100 vivieron situaciones de confinamiento forzado. En lo corrido de 2025, más de 63.000 personas han huido de sus territorios, con un foco especialmente crítico en el Catatumbo, donde el conflicto armado, la presencia de grupos ilegales y la falta de institucionalidad impiden garantizar derechos básicos.

El desplazamiento ya no es sólo rural; también afecta zonas urbanas, fronterizas y de tránsito. Municipios como Cúcuta, Maicao, Ipiales y Apartadó concentran gran parte de las recepciones. Sin embargo, el 98 % de las personas registradas permanece en el mismo departamento donde fue atendida, lo que indica que muchas no logran avanzar hacia procesos de integración real.

Fuente: ACNUR Colombia. Distribución geográfica de los registros por departamento. Elaboración propia con datos de PRIMES al 31 de marzo de 2025. Disponible en: https://acnur.org/colombia

Quiénes son y qué enfrentan

Los datos del sistema PRIMES, al 31 de marzo de 2025, permiten trazar un perfil demográfico: 54 % son mujeres, y el 75 % de los hogares está conformado por 1 a 3 personas. La mayoría se encuentra en edad laboral (entre 15 y 39 años), lo que podría representar una oportunidad si existieran condiciones adecuadas para su inclusión.

No obstante, solo el 36 % cuenta con documentación. Esta barrera les impide acceder a servicios esenciales como salud, educación, justicia o empleo. Además, se han identificado numerosas necesidades específicas de protección, entre ellas:

  • Personas sin acceso a atención médica, asistencia o servicios legales.
  • Personas con enfermedades crónicas sin tratamiento.
  • Personas en situación de pobreza extrema o con múltiples desplazamientos.

En los puntos de atención humanitaria, el 79 % de las personas continúa solicitando información, sobre todo en temas como regularización migratoria, rutas de salud o procesos de solicitud de refugio. Sin embargo, la saturación institucional y la falta de articulación entre entidades dificultan respuestas oportunas y eficaces.

 El reto de integrar y proteger

Aunque el panorama es desafiante, las cifras también revelan una oportunidad: la integración efectiva de la población desplazada y migrante puede generar beneficios económicos y sociales significativos.

Estudios del Banco Mundial y ACNUR destacan que los programas de regularización implementados en Colombia han incrementado el consumo per cápita en un 48 % y los ingresos laborales en un 22 %. En 2022, los migrantes venezolanos aportaron USD 529 millones a los ingresos fiscales del país, y se estima que una integración bien gestionada podría generar hasta USD 804 millones adicionales en impuestos.

Más allá del impacto económico, se trata de una apuesta por la cohesión social y la dignidad humana. Integrar no significa únicamente brindar ayuda humanitaria, sino garantizar acceso efectivo a servicios, participación en la vida productiva y reconocimiento como sujetos de derechos.

A pesar del potencial demostrado, los avances siguen siendo desiguales y lentos. Organismos internacionales, como ACNUR, han insistido en la urgencia de consolidar políticas públicas que garanticen acceso a servicios, regularización migratoria, empleo digno y protección efectiva. “Integrar no es solo un acto humanitario, es una apuesta por el desarrollo”, han afirmado en sus llamados más recientes.

Día decisivo en el Congreso con la radio comunitaria: Que no se apague la voz soñada

Asimismo, por primera vez en Colombia, se contempla poner en marcha el “Observatorio de Emisoras Comunitarias y comunitarias étnicas”, encargado de monitorear y evaluar el impacto del Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria en sus comunidades.

Es una fecha clave inscrita en luchas históricas de las radios comunitarias, que se libran con especial intensidad desde la década de los 80, es decir, hace 45 años.

En manos de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes está el futuro de las cerca de 800 emisoras comunitarias que, según el Ministerio de las TIC, son actores fundamentales en la transformación de los territorios, la construcción o reconstrucción del tejido social y de lo que significa ser colombiano.

El proyecto de ley se enfoca en promover y fortalecer las radios comunitarias y étnicas, que realizan y escuchan cerca de 15 millones de colombianas y colombianos, según estima la Federación de Medios Comunitarios (Fedemedios). Y, como lo indica la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el 78% de la audiencia de este tipo de emisoras está en el campo colombiano. 

“Aprobar este proyecto es una necesidad sentida, pues para muchos campesinos es el único medio de comunicación a su alcance. De hecho, es el único que llega a todos los rincones del país”, destacó Juan Guillermo Cano Vargas, integrante del Sistema Radial Comunitario, de Antioquia (ASOREDES).

A esta se unieron voces como las de Junior de La Hoz (Red de Radios Comunitarias de La Guajira); Élver Salcedo (Funkopat, Atlántico); Moisés Montalvo y Roberto Levi (Red del caribe), y Desiré Díaz (Antena Ciudadana, de Bogotá), quienes llegaron al Congreso de la República para insistir en que los medios públicos comunitarios y étnicos tienen derecho a existir, y el Estado colombiano debe garantizar el derecho a la comunicación, como lo contempla el artículo 20 de nuestra Constitución Política.

Un poco de historia

Esta es parte de una lucha que remite a la historia de los altoparlantes en regiones como San Vicente del Caguán, con “La Voz soñada”, que anunciaba megáfono en mano todo tipo de acontecimientos locales, nacionales e internacionales; o al Teatro Andalucía, de Villarrica (Tolima) —que entre los 60 y los 80 cumplió la función de anunciar, promover las películas en “cartelera”, y de poner a correr al pueblo al ritmo de pasodoble, como señal de que la función estaba por comenzar— o, para no ir tan lejos, al “radionoticiero popular de la Localidad de Usme, que impactó y conmovió a finales de los 80.  Según lo destacó el periódico El Tiempo en su edición del 4 de agosto de 1991,  “comunidad que se organiza es comunidad que progresa. Ahí está la clave para que prosperen proyectos como el de una emisora comunitaria que difunde información por altoparlantes en una zona de estratos bajos y que vive, desde hace 2 años, de una pauta publicitaria que no supera los diez mil pesos”.

Gracias a experiencias y luchas vitales como estas, muchos años después, en 2006, la Corte Constitucional reconoció que la comunicación es un derecho fundamental. Así lo consignó en la  sentencia t 460 de ese año, al declarar que  las emisoras comunitarias “potencian el desarrollo, la participación, el ejercicio del control político, el autogobierno, la creación de redes de solidaridad y la resolución pacífica de las controversias”.

Así habló entonces la Corte. Y, como diría hoy el recordado Alberto Suaza Lomelíng, “La voz soñada” de San Vicente del Caguán…Ahora el Congreso de la República tiene la palabra.

Experiencias que transforman: La vida agroecológica de Rosa Evelia Poveda en el corazón de Bogotá

Transformar para alimentar

En el barrio La Perseverancia, una loma empinada en pleno centro de Bogotá, florece una experiencia que desafía el modelo agroindustrial desde la raíz. En un terreno que fue basurero por más de 40 años, Rosa Evelia Poveda Guerrero construyó, piedra sobre piedra, una granja donde “la basura no es basura, es una gran oportunidad para tener trabajos sustentables”.

Reciclando canecas, madera abandonada, cubetas de huevo y botellas plásticas, Rosa diseñó una casa, un invernadero, un sistema para baño seco y una cocina agroecológica. “Aquí nosotros tratamos de hacer cosas para no depender de nada. Podemos vivir de esa pared para adentro sin problema”, afirma mientras muestra una motobomba casera, una picadora de pedal y paneles solares.

Pero más allá de la infraestructura, lo que Rosa ha cultivado es un modelo de vida que pone en el centro la soberanía alimentaria. “Yo creo que la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir qué quieren comer, cuándo quieren comer y con quién quieren comer”.

Cocinar como acto político y pedagógico

La gastronomía en esta granja es una forma de vivir y de educar. “No es que tengamos un proyecto porque llegó un recurso. Esta es una forma de vida, es como vivimos nosotros como campesinos”, explica. La comida se produce, se transforma y se comparte con quienes llegan a aprender. “Nosotros transformamos los alimentos que sembramos, los preparamos, los llevamos a la mesa y los compartimos con otras familias”.

En la cocina de Rosa hay  saber sobre semillas criollas, variedades de papa nativa, tiempos de cosecha, ciclos del agua y la importancia de la orina como fertilizante natural. “Yo no soy rica, yo soy campesina y acá vivimos con lo que producimos”.

La Granja Escuela, ofrece talleres sobre compostaje, construcción con reciclaje, cocina ancestral y agroecología urbana. Así mismo, promueve el acuerdo local “EcoCiclo” para el aprovechamiento de residuos postconsumo y desde su espacio impulsa el contacto directo entre campo y ciudad. “El dinero no se come, el dinero no quita el hambre, no quita la sed. Nosotros estamos de paso y debemos pensar en las futuras generaciones”.

Devolverle dignidad al alimento y al campesino

Rosa no solo siembra hortalizas, también siembra pensamiento crítico. “Nos han hecho creer que los campesinos somos pobres, pero el que tiene un apartamento de 36 metros y lo debe, ¿ese es el rico? Yo tengo un lote de 1.800 metros, conejos, gallinas, cultivos, y vivo sin deberle a nadie”.

La visión de Rosa se enraíza en una forma de vida que prioriza el vínculo con la tierra y el bienestar colectivo. “Nosotros no sembramos para vender y cambiarlo por dinero; es una oportunidad para nosotros mismos a través de la autonomía tener la conexión con la naturaleza”.

En ese sentido, propone un cambio cultural que se enfoca en enseñar a niños y niñas que la leche no sale de la nevera y que detrás de cada plato hay manos, tierra, agua y saber. “Si somos racionales, si somos inteligentes,  somos capaces de transformar y dejar un mundo diferente a las futuras generaciones”.

Cosechar dignidad en la ciudad

Hoy, en pleno centro de Bogotá, Rosa sigue replicando la cultura campesina. “Me sacaron de mi territorio, no me acostumbré a vivir en esta urbe y por eso me traigo el campo a la ciudad para ponerlo al servicio de mucha gente”.

Desde su experiencia, los mercados campesinos y las cocinas comunitarias deben tener un papel estructural en el país. “Necesitamos al Ministerio de Agricultura, necesitamos al gobierno para que en las cabeceras municipales coloquemos centros de acopio, para que los campesinos traigan directamente sus productos sin intermediarios”.

Mientras tanto, ella sigue abriendo su puerta a todo el que quiera aprender. “Aquí siempre estará la puerta abierta para que todas las personas que quieran aportar a la cultura campesina puedan venir, hacerlo, aprender”.

En el Día de la Gastronomía Sostenible, la historia de Rosa Evelia Poveda es testimonio vivo de que otra manera de alimentarse y de vivir es posible. Desde su pequeña granja, con herramientas rústicas y sabiduría heredada, demuestra que la sostenibilidad no es una moda sino un compromiso cotidiano con la tierra, con el alimento y con quienes vienen después.

“Otro mundo es posible si entre todas y todos logramos sembrar, construir y tener muy cerca los alimentos. Kilómetro cero, le llamamos nosotros”.

Colombia, epicentro global del Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía

Este evento se desarrolla en el marco del Foro Mundial de la Tierra, que se celebra del 12 al 20 de junio en Bogotá, y reúne a líderes globales, pueblos indígenas, científicos, campesinos, jóvenes y sociedad civil para debatir temas críticos como la reforma agraria, los sistemas agroalimentarios sostenibles y la gobernanza territorial justa.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada Añozaki, quien abrió el acto central del foro, aseguró que esta es una oportunidad única para tejer puentes entre saberes, territorios y visiones del mundo. “Este espacio se convoca desde el corazón de los territorios para proteger la casa común que es nuestra madre tierra y garantizar los derechos sobre ella”, afirmó.

En su intervención la ministra enfatizó que la degradación de tierras no es solo una problemática ambiental, sino una amenaza directa para el bienestar humano, desde la seguridad alimentaria hasta la estabilidad social. En ese sentido, aseguró que el país trabaja por una transformación profunda del modelo de desarrollo. “Defendemos la transición energética, sí, pero no a cualquier costo. Queremos que sea justa, ordenada, territorial y con el consentimiento libre, previo e informado”, sostuvo.

La celebración de este día bajo el lema “Restaurar la tierra. Generar oportunidades”, impulsado por la ONU, destaca la conexión entre la salud de los suelos y la provisión de alimentos, agua, empleos y estabilidad climática. Colombia, como anfitriona, se comprometió con la restauración de 100.000 hectáreas degradadas al 2030, la conservación de 22.000 hectáreas de bosque seco y el fortalecimiento de sistemas agroforestales.

Según cifras oficiales, cerca del 30 % del territorio colombiano —unas 34,39 millones de hectáreas— está afectado por la degradación de tierras. La respuesta del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha sido construir políticas públicas integrales que vinculen redistribución de tierras, justicia ambiental y protección de los ecosistemas estratégicos.

“La gestión ambiental no solo implica restaurar ecosistemas, sino también reconstruir confianzas rotas y tejidos comunitarios, y blindar derechos históricos”, declaró la ministra, quien también hizo un llamado urgente a reconocer y validar los conocimientos de los pueblos como parte central del debate global. “Los conocimientos de los pueblos y comunidades deben estar al mismo nivel que la evidencia científica en las decisiones de las políticas públicas ambientales. Eso es justicia ambiental”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Ibrahim Thiaw, destacó el liderazgo de Colombia al asumir esta conmemoración: “La degradación de tierras es una amenaza directa para nuestra salud, seguridad alimentaria e hídrica y la estabilidad de las sociedades”, subrayó.

A su turno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reiteró que “sin suelo fértil no hay alimentos y sin alimentos no hay paz”, al remarcar el vínculo entre tierra, vida y reconciliación. Señaló que la hoja de ruta nacional se basa en tres pilares: conservación y restauración de suelos, sistemas agroalimentarios sostenibles y mejora de la calidad de vida rural y urbana.

Colombia es ejemplo de voluntad política para enfrentar las múltiples crisis ambientales desde un enfoque de derechos y justicia territorial. “La tierra no es un bien, es un vínculo. No nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Es raíz, identidad, cultura y posibilidad de futuro”, concluyó la ministra de Ambiente.

Con esta jornada, Colombia busca reafirmar su papel en la agenda climática global y abrir un camino para que las soluciones desde los territorios tengan un lugar protagónico en las decisiones planetarias.

Hay plazo hasta el 20 de junio: Convocatoria para formar docentes rurales en pensamiento computacional

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con el British Council, lanzó una convocatoria dirigida a docentes rurales de la región amazónica para formarse en pensamiento computacional, mediante metodologías desconectadas, es decir, sin necesidad de computadores o dispositivos digitales.

La iniciativa hace parte de Colombia Programa, un proyecto nacional que busca cerrar la brecha digital desde las aulas, especialmente en contextos educativos con acceso limitado a tecnología. El objetivo es claro: formar a 700 docentes en 300 sedes rurales entre 2024 y 2026, y beneficiar de manera directa a más de 14.000 estudiantes de primaria.

Enseñar sin pantallas

Uno de los elementos distintivos de esta convocatoria es el uso de un juego análogo, creado especialmente para que niñas y niños aprendan pensamiento computacional mediante dinámicas lúdicas y sin pantallas. El enfoque parte de seis habilidades clave: reconocimiento de patrones; pensamiento lógico; algorítmico; abstracción; depuración y descomposición.

Lejos de verse como una solución de segunda categoría, las llamadas “actividades desconectadas” han demostrado ser una puerta efectiva para comprender los principios que están detrás de la programación, porque facilitan su posterior traslado al entorno digital.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a docentes en ejercicio, vinculados en propiedad o en provisionalidad a instituciones educativas rurales de los departamentos de la Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés). Cada docente debe contar con al menos 20 estudiantes de básica primaria o modelos flexibles, y la institución debe respaldar la postulación con una carta aval firmada por el rector(a).

Además de los requisitos básicos, se asignan puntajes adicionales a postulaciones que cumplan criterios como pertenecer a zonas PDET o ZOMAC; registrar bajos resultados en pruebas Saber, e incluir a docentes mujeres o con pertenencia étnica, entre otros.

Formación, acompañamiento y recursos

Los docentes seleccionados participarán en un taller presencial de 15 horas, dividido en dos jornadas, diseñado para recibir capacitación sobre pensamiento computacional y el uso del juego. Además, contarán con:

  • Un kit pedagógico para aplicar lo aprendido en el aula.
  • Acompañamiento de un(a) tutor(a) que brindará apoyo durante todo el proceso de implementación.
  • Constancia de participación al finalizar el proceso con evidencias.
  • Apoyo logístico, incluyendo hospedaje, alimentación y un auxilio de transporte de hasta $50.000, si aplica.

Calendario y postulación

  • Apertura de convocatoria: 19 de mayo de 2025
  • Cierre de convocatoria: 20 de junio de 2025
  • Publicación de resultados: 15 de julio de 2025

El formulario de inscripción está disponible en www.mintic.gov.co/colombiaprograma. Cada sede educativa podrá inscribir hasta tres docentes, siempre y cuando cumplan los requisitos y los criterios establecidos.

Educación para el presente y el futuro

Con esta convocatoria, el Ministerio TIC y el British Council reafirman su compromiso con una educación rural de calidad, innovadora y adaptada al contexto. En palabras del programa, se trata de “crear oportunidades de desarrollo profesional docente y fortalecer las habilidades digitales en todos los rincones del país, sin dejar a nadie atrás”.

Una apuesta que, desde la Amazonía, busca sembrar conocimiento para que las futuras generaciones no solo usen la tecnología, sino que la comprendan y la transformen.

La equidad de género, un nuevo pilar de la palmicultura colombiana

Desde hace décadas la palmicultura ha sido un motor económico para miles de familias rurales en Colombia. Sin embargo, hasta ahora no había contado con una hoja de ruta clara para abordar las desigualdades de género en el sector. Eso cambió con el lanzamiento de la Política Sectorial de Equidad de Género, presentada por Fedepalma durante su más reciente congreso nacional. El gremio no solo reconoce las brechas, sino que propone mecanismos concretos, medibles y sostenidos en el tiempo para superarlas.

El conversatorio “Voces con valor: equidad de género en la palmicultura”, moderado por María Paula Gómez Ramírez, gerente regional de la zona oriental de Fedepalma, fue el espacio donde se socializó esta iniciativa, construida con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y Solidaridad Network.

“Somos pioneros gremiales en asumir la equidad de género como una política sectorial, con investigaciones robustas, propuestas presupuestadas y una caja de herramientas diseñada para que cada empresa palmicultora la incorpore en su día a día”, explicó Gómez al iniciar el evento.

Radiografía precisa y estrategia concreta

Para desarrollar la política, fueron encuestadas más de 2.340 personas en las cuatro zonas palmeras del país, en temas como autonomía económica, economía del cuidado, salud sexual y reproductiva, acceso a educación y violencia basada en género. Los resultados reflejan una realidad desafiante:

  • De los 87.500 trabajadores del sector, solo 16.500 son mujeres.
  • El 84% de las actividades productivas las realizan hombres, mientras que las mujeres se concentran en tareas administrativas.
  • El 91% de ellas interrumpe su trabajo remunerado para atender a familiares, frente al 9% de los hombres.
  • En promedio, las mujeres duermen una hora menos al día y dedican la mitad de tiempo al autocuidado, en comparación con los hombres.
  • Más del 80% ha sufrido algún tipo de violencia en su comunidad, y la psicológica es la más frecuente (41%).

Pese a estas cifras, las mujeres del sector demuestran una fuerza transformadora. Una de ellas es Gladys Cortés, reconocida como Mujer Palmera Emprendedora 2024. Gladys es docente rural y pequeña productora en Sabana de Torres, Santander, donde lidera un proyecto educativo con estudiantes de décimo y once, quienes ya cultivan palma en parcelas escolares articuladas con el SENA.

“La palma nos transformó. Me dio autonomía económica, me enseñó a tomar decisiones en mi familia, y me permitió llevar ese conocimiento a las aulas”, afirmó con firmeza. Su proyecto busca formar jóvenes en técnicas de polinización y ofrecerles oportunidades para quedarse en el campo. “El relevo generacional empieza en el colegio. Si no invertimos en educación rural, ¿de qué sostenibilidad hablamos?”.

La equidad como motor competitivo

El empresariado también tuvo voz. Fabio González, gerente de Palmas del Cesar, reconoció que el enfoque de género es un imperativo ético, pero también estratégico. “Esto no es una moda ni un simple requisito de sostenibilidad; las empresas debemos incorporar estos conceptos desde un enfoque filosófico y humanista. No basta con crear un comité o recibir una caja de herramientas, se trata de transformar nuestra cultura organizacional”.

González subrayó que aunque el sector ha avanzado en sostenibilidad ambiental y laboral, y en responsabilidad social empresarial aún hay un largo camino por recorrer. “Estamos en el primer minuto del primer tiempo. Estos conversatorios son vitales para elevar la conciencia y prepararnos para las exigencias de los mercados internacionales”.

Esa visión fue compartida por María Camila López, directora de sostenibilidad de Procafecol (Juan Valdés), quien destacó la importancia de tener una estructura empresarial comprometida desde el liderazgo. “Nuestra organización está liderada por una mujer; el 60% del equipo somos mujeres, y eso permite que el enfoque de género no sea algo externo, sino parte del ADN. Esa coherencia interna es la que da legitimidad para hablar de inclusión en toda la cadena de valor”.

Desde su experiencia en el sector cafetero, López afirmó que las claves han sido la coherencia institucional, el trabajo con las comunidades y el enfoque comercial sostenible. “Las problemáticas de las mujeres rurales son muy similares entre sectores, pero también lo son las soluciones. Desde el café podemos aprender mucho de lo que ustedes están comenzando a implementar en palma”.

Un compromiso con futuro

La nueva política no se queda en el diagnóstico. Propone acciones en el corto, mediano y largo plazo, tanto para la federación como para las empresas. Además, incluye un módulo de formación, una batería de indicadores de seguimiento y estrategias diferenciadas según el tamaño de las unidades productivas. El objetivo: convertir la equidad de género en un eje estructural de la sostenibilidad sectorial.

“Lo que queremos es que las mujeres puedan seguir siendo madres, esposas, docentes, lideresas, pero también que tengan poder de decisión, acceso a crédito, tiempo para ellas mismas y voz en los espacios gremiales”, señaló María Paula Gómez.

El llamado de Gladys Cortés al sistema financiero lo resume todo: “Necesitamos líneas de crédito blandas para mujeres rurales. No queremos regalos, queremos oportunidades reales para competir y crecer. La palma no es solo un cultivo: es un proyecto de vida”.

La política sectorial de equidad de género en la palmicultura es una apuesta por la transformación del campo desde sus raíces, con las mujeres como protagonistas y con el respaldo institucional necesario para hacerla realidad. Ahora el reto es convertir esta voluntad en hechos que se palpen en presupuestos, decisiones, formación, crédito, liderazgo… Porque sin equidad, no hay sostenibilidad duradera. Y sin mujeres, no hay futuro para el campo colombiano.

La chagra: sabiduría viva que alimenta cuerpo y espíritu en la Amazonía

En la comunidad indígena Macaquiño (Mitú, Vaupés), la chagra sigue siendo un eje fundamental para la vida colectiva. Manuel Claudio Fernández Gómez, conocido como Maclaus, la describe como un espacio de siembra, diálogo y enseñanza. Allí, cultivar es también compartir saberes y preservar el equilibrio con la naturaleza.

“La chagra es un medio de subsistencia”, afirma Maclaus, mientras detalla cómo en ese territorio se cultivan alimentos, plantas medicinales y conocimientos. Las mujeres indígenas lideran este proceso, planean las labores, enseñan a sus hijas y garantizan la continuidad de la tradición. Además de garantizar comida, la chagra fortalece la transmisión cultural entre generaciones.

La elección del terreno responde a criterios ambientales y espirituales. De ahí que busque un espacio fértil, sin humedales, y con condiciones adecuadas para el cultivo. Y antes de intervenir el suelo, se realiza un ritual para pedir permiso a los espíritus del territorio. Esta práctica protege tanto a quienes trabajan la tierra como al entorno que los rodea.

El proceso de preparación incluye tumbar el monte, esperar el verano y realizar una quema controlada que permite ablandar la tierra. Sembrar se convierte en un ejercicio de unidad familiar. “Cuando se trabaja en grupo, la siembra es más rápida y la cosecha más abundante”, dice Maclaus. Además, la participación del hombre, la mujer y los hijos fortalece el vínculo comunitario.

La diversidad en la chagra cumple un papel fundamental. Cultivar yuca brava, maíz, batata, ají y otras especies evita la concentración de plagas y favorece la salud del ecosistema. Insectos como las abejas ayudan a mantener el equilibrio, y cada planta contribuye al bienestar de las otras. Esta estrategia ancestral refleja una comprensión profunda del entorno natural.

Las enseñanzas se transmiten directamente en el espacio de cultivo. “Se enseña con la palabra, en el momento del trabajo”, explica Maclaus. Las niñas aprenden observando y haciendo, acompañadas por sus madres. La pedagogía oral y la práctica garantizan que el conocimiento se mantenga vivo en el territorio.

Frente a los cambios actuales, el vínculo con la tierra se convierte en una oportunidad para fortalecer la identidad cultural, pues cuando los jóvenes participan de la siembra, reconocen en la chagra un lugar de aprendizaje, pertenencia y posibilidad.

La chagra es alimento, memoria y guía espiritual. Su práctica fortalece la cultura indígena y promueve una relación armónica con el ambiente. Desde el corazón del Vaupés, Maclaus invita a valorar este legado ancestral: “Cultivar una chagra es reflexionar sobre el conocimiento tradicional y multiplicar los saberes que sostienen la vida”. En cada semilla, en cada planta, late un futuro cultivado con raíces profundas.

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