La siembra ilegal de cultivos de coca en las regiones más apartadas del país, ha sido una de las consecuencias más graves del narcotráfico y el conflicto armado. Ante la falta de oportunidades, cientos de campesinos e indígenas recurrieron al cultivo de coca para obtener algún sustento económico. La Agencia Nacional de Tierras y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, han impulsado un programa para que estas familias puedan volver a la legalidad.
Putumayo fue el departamento escogido para presentar el proceso de formalización masivo, más ambicioso en la historia del país. Ante más de 3.500 familias se dará a conocer ‘Formalizar para Sustituir’ una iniciativa para reconocer el esfuerzo y el trabajo que ya vienen teniendo los campesinos excocaleros en esta zona del país.
Permanecer en la legalidad y sembrar productos legales, es la meta de estas dos instituciones, para los campesinos que vivían del cultivo de coca. Esta iniciativa ya se encuentra funcionando y consiste en entregar a cada familia el título de propiedad de sus terrenos. (Lea: Unión Europea apoyará desarrollo rural durante el posconflicto)
Los departamentos donde ya se han titulado los predios son Nariño, Cauca y Putumayo, territorios tradicionalmente cocaleros. Por ejemplo, tan solo en el Putumayo hay 20.068 hectáreas de cultivos ilícitos. Esta cifra representa el 21% del área afectada de todo el país, según el último informe de monitoreo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El Director de la Agencia Nacional, Miguel Strouss, destacó que la única forma de erradicar los cultivos ilícitos es formalizando la tenencia de la tierra, “sólo vamos a erradicar por completo los cultivos ilícitos cuando erradiquemos por completo la informalidad de la tierra.” La razón es que a través de la formalización, los campesinos pueden acceder a otros beneficios, como subsidios, créditos y asistencia técnica.
A esta noticia se suma el reciente fallo del Consejo Nacional de Estupefacientes que aprobó el uso de glifosato para la erradicación terrestre de estos cultivos ilegales. Esperemos esta determinación no dañe a los campesinos, ni los programas adelantados por la Agencia Nacional de Tierras. (Lea: «El país necesita un Plan de Ordenamiento Territorial Rural»)
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