Colombia es el país más desigual de América Latina respecto a la distribución de la tierra. Así lo señala la organización OXFAM, que detecta en la nación el solo un 1% de la población ocupa 81% de la tierra, mientras el 99% ocupa tan solo el 19%.
De acuerdo con esa organización aunque la mayor parte del suelo colombiano es de vocación agropecuaria las y los campesinos llegan a tener menos acceso a la tierra que una vaca. ¿Por qué? En el país hay 43 millones de hectáreas para actividades agropecuarias, sin embargo, de estas más de 34 millones son destinadas a la cría de ganado, y apenas 8,6 millones son para agricultura, cuando según lo recomendado por expertos esa actividad debería tener al menos 22 millones de hectáreas.
Más tierra para vacas que para el campesinado
Según Oxfam, cuando hay predios con 1000 hectáreas, el 87 % es dedicado a la ganadería y solo el 13 % agricultura, y cuando se trata de terrenos menores a 5 hectáreas, más de la mitad se usa para cría de vacas. Además, son las mujeres rurales las mayormente afectadas por esta problemática.
“Las mujeres se ven especialmente afectadas por la falta de acceso a tierras. Solo el 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas, con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica”, explica la ONG.
Y es que Oxfam resalta que, aunque la constitución política de Colombia en los artículos 64 y 65 establecen que es deber del Estado promover el acceso progresivo de la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios; no se puede encajar este rompecabezas, si no se da un cumplimiento a medidas que fortalezcan al sector agrícola, el acceso a la justicia para los campesinos, y los programas de restitución de tierras.
Los puntos álgidos
En ese marco, son tres los temas a tener en cuenta frente a esta problemática. El acuerdo de paz firmado en La Habana, la profundización del extractivismo en el país, y que el gobierno y sus planes han priorizado la agroindustria sobre los proyectos productivos destinados para los campesinos.
Frente a la primera situación, sigue en vilo la aprobación de la reforma rural integral, a través de la cual se busca enfrentar las causas estructurales que han promovido el conflicto armado colombiano, y donde son las y los habitantes rurales los más afectados. Aunque era un tema a priorizar, durante el Fast Track en el Congreso, este tema no fue tenido en cuenta.
Por otra parte aunque en el país en los últimos dos años se despertó el boom de las consultas populares, el gobierno no ha cumplido con dichas exigencias de las comunidades, quienes han salido a las urnas a defender la vocación agrícola sobre las actividades extractivas.
Como lo han denunciado las diferentes comunidades en los municipios del país, desde el Ministerio de Hacienda, se ha frenado la financiación de estas consultas, mientras que las y los campesinos continúan exigiendo su derecho a la tierra, a un ambiente sano y a oportunidades para desarrollar sus proyectos productivos.
Finalmente, cabe tener en cuenta que aunque actualmente los monocultivos predominan en el territorio colombiano. Oxfam reporta que en el departamento del Meta, el 30 % de las áreas sembradas en esa zona corresponde a palma aceitera. (Le puede interesar: De la Paz Ambiental y el Posconflicto)
Por ejemplo, de acuerdo con la Comisión de Justicia y Paz, muchos de esos proyectos han acaparado tierras de campesinos de manera violenta, como sucede con la empresa Poligrow en Mapiripán, según la ONG.
Por: Angelline Molina. Estudiante de Comunicación Social.
Editor: Mónica Lozano – Periodista y Editora.
