Derechos Humanos, divisiones ejecutivas en un país sin ley

Por David García Pedraza

Desde la Declaración Universal de  los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, se estipuló que todo país, miembro de la organización, debe velar por los 30 derechos fundamentales de todos los ciudadanos de su nación y, Colombia, al hacer parte de este conjunto de naciones no es la excepción. Al pasar del tiempo, el Estado los ha reconocido en los ciudadanos de las metrópolis, pero una minoría como lo son los campesinos y las personas en condición de discapacidad no los conocen y ,en defecto, no los hacen valer después de 66 años de la orden de la ONU.

“El gobierno presta más atención al proceso de paz, que si bien es muy bueno, la paz más que todo se dirige al campo. Pero sin el conocimiento de los derechos y deberes que se tienen ¿cómo van a manejar la paz que Colombia tanto quiere?” Así ve el olvido José Manuel, un administrador de empresas y sacerdote de vocación, que desde 1999 en La Vereda de San Juanito, en Restrepo, Meta, vive frecuentemente el olvido que todos los gobiernos de turno han tenido con el campo. Un olvido que no se llena con casas gratis o con mercados comunitarios de la mancomunidad de regiones, sino olvido de sentimientos, ayuda y acompañamiento en la vida diaria de él, su comunidad religiosa y los campesinos a los que enseñan a leer, escribir, rezar y tener un sentido crítico de construir un país justo.

A pesar de muchos proyectos del Gobierno actual para mejorar la calidad de vida, aún falta camino, ya que el único derecho que se cumple a cabalidad es el derecho a la nacionalidad y a Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le preocupa de manera significativa. “Notamos una cierta ambigüedad entre el proceso nacional y regional. Es importante superar esta ambigüedad para definir acciones concretas y ver las mesas regionales como programas piloto y proyectos para mejorar el nivel de respeto de derechos humanos en la zona rural colombiana”, expresó Howland, quien fue el encargado en 2014 de inaugurar la mesa de diálogo de los DDHH en Medellín.

Colombia es uno de los países en donde más violaciones de Derechos Humanos se presentan en el campesinado y el agro. Tal es la magnitud, que personas que no deben velar por los derechos de los campesinos lo hacen, como José Manuel, aunque a él no le preocupa, es más, se siente orgulloso de cumplir con el vigésimo sexto derecho universal, el derecho a la educación, porque una de las cosas que él recuerda en su formación sacerdotal es que “el Gobierno hace muchas promesas y no cumple, mientras que Dios no hace promesas, pero cumple las de los otros”.

Francisco Ubaque, futuro internacionalista, no está de acuerdo en que gente ajena al Gobierno esté haciendo lo que a éste último le compete. “No es posible que una persona que no sabe cómo funciona realmente el Estado, esté queriendo serlo”, además de sugerir  que “si quieren que el Gobierno funcione de buena manera, no le quieten sus obligaciones, el Gobierno debe hacer lo que debe hacer, sin que hayan intermediarios de buena voluntad. No se desprecia el buen gesto de las personas, pero no es su obligación legal. Ética puede que sí, pero la ley está por encima de todo”.

A esta contraparte se le suma la declaración hecha por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia, que predispone: “el conflicto armado interno en Colombia existe desde hace más de medio siglo. Su principal víctima es la sociedad civil, que sobrevive en medio de constantes acciones violentas de todos los actores armados. Las masivas violaciones a los derechos fundamentales de la población colombiana incluyen masacres, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desapariciones forzosas, tortura y violaciones sexuales. El Estado Colombiano, que tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, está cuestionado por cometer graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

En el campo, las pequeñas poblaciones tienen que pasar día a día esperando a que los organismos de control se encarguen y tomen cartas en el asunto para respaldar los treinta derechos universales a los que tienen un absoluto reconocimiento. Mientras tanto, estos organismos se reflejan en personas que para bien intentan hacer lo que el gobierno no hace, sea por falta de interés o por desacuerdo en su masa política.