Esta pandemia por la llegada del virus Covid-19 ha hecho que el 2020 sea un año lleno de muchas sorpresas y nuevos planes para todos, ha generado así mismo mucha controversia a nivel mundial por el impacto que ha causado en diferentes sectores de nuestra vida cotidiana. Uno de los sectores que más se ha visto afectado, además de la economía, ha sido el sector educativo, puesto que nuestro país no se encontraba en aptas condiciones para enfrentarse al reto de la virtualidad.
Para muchos, la virtualidad en la educación ha sido uno de los retos más complejos al cual han tenido que enfrentarse; tanto para los estudiantes, como para los padres de familia, puesto que las condiciones socioeconómicas para muchos no son las mismas que las de aquellos que gozan de tiempo y estabilidad económica para lograr acompañar a sus hijos y/o patrocinarse un tutor particular que los apoye en sus encuentros virtuales y así conseguir y garantizar una “normalidad académica”.
Estas condiciones por las que la pandemia ha condicionado a todos, vienen con una serie de exigencias que dificultan de manera exponencial los procesos educativos. Una de estas exigencias obliga a los estudiantes y padres de familia a garantizar una mayor responsabilidad, disciplina y compromiso por parte ellos, ya que deben cumplir con los requisitos académicos que sugieren las instituciones educativas con respecto a la conexión a clases virtuales, entrega de actividades y de material pedagógico. Esto, refiriéndonos a quienes “cuentan con las condiciones óptimas para atender a estos requerimientos”.
Por otro lado, no nos hemos detenido a ver la otra cara de la moneda, la cara que nos muestra aquella población vulnerada de sus derechos, a quienes se les garantiza únicamente unas mínimas condiciones para afrontar esta pandemia y quienes tienen que defenderse autónomamente con el material que les asignan sin ningún tipo de acompañamiento: Nuestros niños del campo. Esta población ha sido directamente la más afectada, dado a las limitaciones que acarrea su nivel socioeconómico, el cual les impide acceder a internet y a diferentes recursos tecnológicos para lograr apoyar su formación académica y personal.
Con todas las problemáticas que han surgido a raíz de la llegada de la pandemia en este 2020, se puede evidenciar la carencia de apoyo e inversión que tiene el sector educativo por parte de los diferentes entes gubernamentales encargados de suplir las necesidades de nuestras instituciones educativas públicas especialmente del sector rural. Para lograr mitigar las incidencias que impactan el sector educativo, debemos ser conscientes de la necesidad de exigir al gobierno Colombiano, el apoyo e inversión a la educación y así lograr que nuestros niños y niñas gocen de óptimas condiciones para su normal formación, para que en una próxima pandemia que golpee el mundo, tengamos las herramientas necesarias para garantizar afrontar estas difíciles condiciones.
Por: Sandra Liliana Riaño García. Facilitadora Educativa.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.
