Hace 4 años, en el territorio ancestral de Katsaliamana, 200 autoridades tradicionales Wayuu se dieron cita para manifestarse y solicitar la reivindicación de sus derechos al agua, la vida, el territorio, un ambiente limpio, y a su autonomía e independencia. A partir de allí, se fue gestando la ONG Nación Wayuu, constituida legalmente a partir del año 2017.
Durante estos años, las acciones de la ONG han sido constantes, pero a pesar de los esfuerzos de todos sus miembros, voluntarios y del apoyo internacional, la situación en el territorio no se ha modificado y la crisis humanitaria, social y ambiental que hizo que la Corte Constitucional declarara el Estado de Cosas Inconstitucionales en 2017, continúa sin resolver.
Una de las denuncias, que fue la que hizo nacer el movimiento, es contra las irregularidades en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las muertes que siguen ocurriendo de niños Wayuu por desnutrición. A la fecha la vergonzosa cifra llega a más de 5.000 menores reportados por diferentes instituciones del Estado y que ha valido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales siguen sin ser acatadas por el gobierno de Colombia.
En el último año se enviaron derechos de petición a las entidades del Estado que tienen la responsabilidad de responder por los avances de la Sentencia 302 de 2017 que declara el Estado de Cosas Inconstitucional en la Guajira. En este momento, los voluntarios se encuentran en proceso de evaluación de las respuestas recibidas por parte de dichos organismos, es decir que en términos generales, dicha sentencia sigue sin ser acatada por el Estado.
Otra de las acciones este año fueron las campañas a nivel nacional e internacional para mitigar los impactos de la pandemia, que afectó a las comunidades considerablemente, ya que no podían salir a vender sus artesanías que en muchos casos son la única fuente de sustento. Por medio de campañas de trueque o de aportes por crowdfunding con el apoyo de importantes ONGs internacionales, se consiguió realizar entrega de mercados a más de 100 comunidades indígenas.
Cabe resaltar además el continuo acompañamiento a las distintas comunidades a la Consulta previa libre e informada, y en sus procesos al derecho de diálogo y defensa del territorio, el cual sigue siendo invadido o alterado el medio ambiente, lo que provoca daños en los tejidos sociales y en los procesos económicos y culturales.
Este acompañamiento ha sido frente a las diferentes empresas y multinacionales que han operado en la región: El Cerrejón, Promigás, Chevrón, Ecopetrol, Interaseo, Turkish Petrolum Company, Cruz Sur Energy, Elecnorte, Enel Green Power, Grupo De Energia Bogota, Isagen, Jemeiwa Kai, Desarrollos Eólicos Uribia S.A.S. Todas estas empresas han ingresado durante años a los territorios ancestrales y han profanado los lugares sagrados para extraer hidrocarburos del corazón de la madre tierra, o para invadir los territorios y utilizarlos en nombre del “progreso”, alterando sus ciclos naturales.
En los últimos meses, se ha dado también acompañamiento a las comunidades de los Cabritos, La Loma, el Manantial, Santa Clara I y Santa Clara II jurisdicción del DTC Riohacha, buscando mitigar y compensar las graves Masacres ambientales a las cuales han sido sometidos por más de 4 décadas por la operación mal manejada de los residuos sólidos y lixiviados.
Es importante mencionar que todo el trabajo realizado este año tuvo reconocimiento, y la ONG fue postulada al premio nacional de derechos humanos en Colombia, en la categoría Experiencia o Proceso Colectivo del año.
Debido a todas estas acciones, y ante el peligro que implica ser líder social en Colombia, este proceso de defensa de los derechos humanos ha valido continuas amenazas, atentados, irregularidades en procesos de la policía e intimidaciones, lo cual ha generado inestabilidad y temor a los miembros de la organización. Inclusive en el día en que se quería realizar una marcha para celebrar los cuatro años de la organización, los miembros de la ONG decidieron cancelarla teniendo en cuenta las continuas amenazas recibidas por el acompañamiento que se llevó a cabo a la Comunidad La Chacaca, que se les venía apoyando por el desalojo forzado que han vivido en los últimos días y que se materializó ayer cuando varios sujetos llegaron armados e intentaron secuestrar a uno de los miembros de la Comunidad.
Sin embargo, la lucha continúa y se fortalece por el apoyo cada vez mayor de profesionales y de organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado y se han encargado de visibilizar y potencializar la labor de la organización. Por todo lo anterior, solicitamos el apoyo de los medios de comunicación nacionales e internacionales para ayudar a visibilizar al movimiento y a apoyar las acciones que puedan garantizar la seguridad de todos los miembros que en él participamos de alguna manera.
Por: Olga Lucía Mendoza. Profesional voluntaria en el área de comunicaciones ONG Nación Wayuu
