Hoy la Comisión V de la Cámara de Representantes de la República aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita a la actividad de pesca en todo el territorio Nacional.
Por: AUNAP
Después de siete meses de radicado el proyecto ante la Cámara de Representantes (17 de septiembre de 2015), y luego de cuatro meses de haber sido designado un ponente, hoy se debatió ampliamente la urgencia y la importancia para el país de dicha aprobación.
INDIAN OCEAN (Nov. 17, 2008) Pirates holding the fishing vessel Tian Yu 8 pass through the Indian Ocean. The ship was attacked Nov. 16 in the U.S. 5th Fleet area of responsibility and forced to proceed to an anchorage off the Somali coast. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jason R. Zalasky (Released)
Otto Polanco Rengifo, Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), señaló “este primer paso es trascendental porque le dará a la entidad las herramientas necesarias para castigar al infractor y esto disminuirá la muerte económica de un sector, (entendida muerte económica) como la pérdida de un recurso que no está siendo aprovechado por los colombianos, sino por otros países”.
En el debate, además de los representantes, estuvieron presentes el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri y Sandra Bessudo, quien ha venido liderando desde diferentes escenarios la protección de los recursos marinos y presentó un vídeo con las imágenes de lo que sucede en la isla Malpelo, donde mueren por la pesca ilegal cientos de hembras preñadas y tiburones que no han alcanzado su talla de madurez sexual.
Por su parte el Ministro Iragorri destacó que “el proyecto de ley significa mucho para el país, no solo por el tema económico sino también de seguridad alimentaria. No podemos olvidar que 1.500.000 de colombianos viven de este recurso, de ahí la importancia de aprobar urgentemente el proyecto y con seguridad cuando haya dos o tres personas sancionadas por infringir la ley, el mensaje se propagará y los barcos nacionales y extranjeros lo pensaran dos veces para faenar en aguas colombianas”, señaló Iragorri.
Uno de los principales cambios en la nueva normatividad será que, a partir de la aprobación de la ley, las autoridades nacionales tendrán 36 horas para judicializar a los infractores una vez lleguen a puerto, antes esas 36 horas se contaban en altamar, y por ello cuando llegaban a puerto debían ser liberados.
Otro cambio importante es que la autoridad competente será la que tome la decisión de repartir 30 por ciento del producto decomisado entre la Armada Nacional y la población que lo necesite de la región.
De acuerdo a la infracción y la disposición del juez las naves podrán ser enajenadas en su totalidad y esta sería la pena más alta. Esto sin contar con la sanción económica que puede ir desde una multa de veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así mismo, el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialización, transporte, o almacenaje de ejemplares o productos de especies vedadas o en zonas o áreas de reserva, o en épocas vedadas, en zona prohibida, o con explosivos, sustancia incurrirá en prisión de sesenta (60) meses a ciento ocho (108) meses.
Si bien en Colombia no existen datos exactos sobre este flagelo, Iragorri recordó algunas estadísticas alarmantes sobre pesca ilegal a nivel mundial. “Aproximadamente unos 26 millones de toneladas de pescado proceden de la pesca ilegal, valorados en unos 2.300 millones de dólares anuales.
Vale la pena señalar que Colombia importa 40 millones de dólares mensuales de pescado, que podrían producirse localmente.
Se espera que en la última semana de mayo la Comisión vuelva a debatir el proyecto de ley en segunda plenaria y de esta manera se continúe trabajado articuladamente con las demás instituciones como la Armada Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y demás instituciones que han aportado para que este proyecto de ley que no salió de la noche a la mañana, como indicó Sandra Bessudo, sea una realidad.
