Esta semana se anunció el acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno y las Farc, el país celebró y despotricó pero el fin del conflicto armado ya tiene fecha. Como en todos los capítulos de este proceso, a medida que pasan los días y se acerca la tan anhelada firma de la paz, se generan cada vez más expectativas frente a la transformación del país y de su realidad rural.
María Jimena Gamboa Guardiola
Coordinadora técnica Acción Cultural Popular
El anuncio del acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno y las Farc, representa las condiciones en que los miembros de este grupo armado así como todos los actores del conflicto, incluidos miembros de la Fuerza Pública y la sociedad civil deberán responder por sus crímenes de lesa humanidad y de qué manera se verán beneficiados al dejar las armas, aportar verdad plena, reparar a las victimas y al garantizar la no repetición.
A lo largo del conflicto armado en nuestro país los actores, las víctimas y los hechos violentos han sido múltiples y diversos, haciendo que vivamos en el país con el conflicto sin negociar más antiguo del mundo, por eso mismo, debemos celebrar la esperanza de la paz, soñar con un país diferente, y pensar que después de tres años de negociación ha valido la pena la paciencia y la diplomacia con la que se ha venido sorteando los momentos de crisis así como todos los esfuerzos de los colombianos de a pie que están convencidos de que el verdadero camino es la paz y no la guerra.
En este conflicto armado, la tierra ha sido el gran tesoro y los campesinos de múltiples identidades, culturas, organizaciones y niveles de ingreso han sido los más golpeados, estando la población indígena y afrocolombiana entre las más marginadas del país. Al final del conflicto se deben iniciar grandes cambios, entre ellos restablecer la seguridad, la presencia del Estado, la reconstrucción de las comunidades afectadas por el desplazamiento, la equidad en la titularidad de las tierras y desde la ruralidad se debe exigir la implementación del enfoque territorial del desarrollo, empoderando a las comunidades desde lo local para participar en las decisiones concernientes al uso de la tierra, los derechos de la propiedad, las estrategias de competitividad e incidir en la política agraria.
En medio de muchas expectativas, aún no sabemos de manera concreta cuales serán las transformaciones que hará el Gobierno de turno y los gobiernos futuros (porque es un tema de largo aliento) para sacar de la desigualdad y la pobreza al campo colombiano en frentes como la educación y la productividad. Quedan seis meses hasta la firma final, tiempo en el que seguirán los debates y con ellos la necesidad de que todos los ciudadanos sepamos informarnos, saber hacia donde vamos y decidir si hacemos parte activa de los nuevos vientos de cambio.
