El pasado 05 de abril del 2021, el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley con la propuesta de la nueva reforma tributaria que busca recaudar cerca de 25 billones de pesos. Según el Ministerio de Hacienda esta es una iniciativa “de carácter social que busca incrementar los esfuerzos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, especialmente, después de los efectos económicos y sociales causados por la pandemia”.
Ante la radicación del proyecto en el Congreso de la República, se ha generado descontento en todo el territorio nacional. Uno de los puntos más discutidos y rechazados es el hecho de que, si bien el Ministerio de Hacienda se abstuvo de subir tarifa del 19 % de IVA a varios productos de la canasta básica, optó por eliminar la categoría de bienes exentos de este impuesto, para que pasen a ser excluidos. Esto ha sido fuertemente criticado por el gremio agropecuario.
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De acuerdo con el Estatuto Tributario de Colombia, en el país hay 36 bienes que están libres de IVA. Entre ellos, el arroz, los huevos, la leche, el queso, el pollo, la carne de cerdo y el pescado. Bajo esta categoría, los productores tienen el derecho de solicitar la devolución del impuesto que pagan en insumos para la cadena de producción, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Si los productos que hoy están exentos pasan a la categoría de excluidos, los productores perderían la facultad para exigir el retorno de este arancel, lo que aumentaría los costos de producción y el precio para el consumidor final. Así lo explican algunas organizaciones del sector agropecuario.
“El Gobierno puede decir: no, pero mire que el producto no tiene IVA, pero en la práctica indirectamente tendría un IVA si los insumos quedan gravados y eso lo que hace es que se pierda la competitividad y que se genere un sobrecosto al consumidor”, explicó Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Según la Asociación Nacional de Campesinos (ANUC), el problema del sector radica en que los costos de producción son elevados, las ganancias son pocas o nulas, no hay apoyo financiero por parte del Estado para que los campesinos puedan reinvertir en sus cultivos, y en tiempos de pandemia esto les ha ocasionado innumerables pérdidas.
Por ejemplo, de acuerdo con la Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), el valor que están recibiendo por el kilo de panela está aproximadamente entre $1.700 pesos, mientras que su producción está avaluada por $2.200. Con la implementación de la nueva reforma tributaria la crisis se acentuaría.
Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández Lozano aseguró que “esta reforma representaría un gran problema teniendo en cuenta que el arroz es uno de los productos que tendría mayor impacto, dado que los plaguicidas que representan el 15% de la estructura de costos serían gravados con un impuesto al consumo del 8%, incrementando el costo de los productores y seguramente aumentando el precio del producto al consumidor”.
Además, los gremios coinciden en que esta medida pondría en desventaja a los productos nacionales frente a los importados, pues estos últimos no tienen que pagar tarifas de IVA de 19% en la cadena de producción. “Los productores de importados no tienen que pagar esos IVA que van a tener que pagar los productores nacionales y eso puede terminar generando un desplazamiento hacia los productos importados, porque evidentemente va a ser más barato que el precio nacional”, añadió Bedoya, de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Se debe recordar que, esta sería la tercera reforma tributaria implementada por el actual Gobierno. La primera de estas fue llamada Ley de financiamiento, aprobada en 2018, y la segunda se aprobó en diciembre de 2019 con la Ley de crecimiento que incorporó modificaciones y nuevos artículos en temas como el IVA, impuesto al patrimonio, normalización, entre otros.
Es por esto que el sector agropecuario en general, base fundamental de la economía colombiana y del desarrollo social del país, desde distintas organizaciones y asociaciones manifiesta su desacuerdo con esta acción gubernamental. E invita a la ciudadanía a unirse por la defensa de los derechos fundamentales que podrían verse afectados con la medida.
Por: Ivania Alejandra Aroca Gaona – Periodista.
Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.
