Las compras públicas sustentables se definen como «el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos obteniendo el ‘mejor valor por el dinero gastado’ en términos de generación de beneficios no sólo para la organización sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que se minimizan los daños al ambiente» según el Grupo de Trabajo Internacional en Compras Públicas Sustentables del Reino Unido.
En el “aquí y ahora” que vivimos en la Argentina y en el mundo en medio de la crisis sanitaria del COVID 19, contribuir al pago de precios justos, no abusivos de los productos alimenticios, un criterio fundacional del movimiento cooperativo moderno que nació en Rochdale en el año 1844 y que todas las cooperativas deben observar y aplicar en la cadena de sus procesos de gestión y agregado de valor, se advierte como un avance en la consideración de los productos de la economía social y de la agricultura familiar.
De tal modo, la presencia cooperativa transparenta y marca pautas de equilibrio en el mercado, y controla las fallas por manejo monopólico de precios, distorsiones, manipulación de exceptivas y posiciones dominantes en el mismo. Un servicio poco valorado.
Debemos comunicar con mayor intensidad el “compre nacional” ya que los productos cooperativos y de la AF proceden de empresas de capitales 100% nacionales y el trabajo aportado y registrado es también auténticamente elaborado por empresas de gestión asociativa, democrática y de distribución equitativa de excedentes; defensoras de la producción y de la calidad cuidando el ambiente utilizando tecnologías amigables.
Aunque no conocemos el camino que vamos a transitar a posteriori de la pandemia, creemos que un sector de la economía social fortalecido permitirá salir de la crisis, mejorar el “buen vivir” y lograr producir mejores bienes de consumo y de uso para la sociedad en general, basados en parámetros de calidad, sustentabilidad y trazabilidad, principalmente en los alimentos de consumo masivo evitando falsificaciones.
Fomentar el cooperativismo agropecuario
Por ello, debemos pensar juntos en fomentar el cooperativismo agropecuario para la defensa de las empresas de pequeñas y medianas dimensiones, para el agregado de valor y para la mejor articulación y enlace con la AF que favorezca su formalización.
Una línea de acción es Implementar sellos cooperativos y de la AF para distinguir y diferenciar los productos, para saber el nombre, la cara de quién los produce y por ende la información, señales y mejora de la decisión sobre el consumo, a la par de ser una herramienta que favorece la alimentación saludable.
Con estos sellos los consumidores pueden preferir los productos de la AF, poner en valor el trabajo cooperativo-asociativo y la distribución equitativa de los excedentes según trabajo, con inclusión social. Los sellos nos permiten tomar dimensión de donde provienen los alimentos y tener en cuenta los impactos cuando se elige el consumo.
En la gestión agroalimentaria de las cooperativas y de agricultura familiar hay un incremento importante de los cultivos agroecológicos u orgánicos, que aseguran la inocuidad de los alimentos frescos sin conservantes principalmente de hortalizas y frutas.
La agroecología no es solo una forma de producción agrícola sin químicos, se basa en principios, es una forma de vida. Es recrear la cultura, es estar vinculado con el lugar donde uno está, en el lugar de producción. Una alimentación saludable no debe ser privilegio de pocos. Hoy es similar la cantidad de personas con hambre que con obesidad.
Aquí es oportuno recordar el lema “El buen vivir comienza con el buen comer”. A fines de agosto de 2020 en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue presentado el programa “Sembrar Soberanía Alimentaria”.
Una nueva herramienta que busca favorecer experiencias que impulsan la transición hacia una producción de alimentos agroecológicos de la AF, el acceso al agua, al abastecimiento local y que se suma a la tarjeta Alimentar y a las prestaciones para comedores escolares, comunitarios y merenderos. Entre los criterios que se aplican en las compras estatales se debería privilegiar e incluir junto a las necesarias medidas respecto a la salud y salubridad pública los sellos cooperativos y de la agricultura familiar que mencionamos.
Otro valor agregado para la organización del compre estatal cooperativo son los lazos de afinidad y nexos construidos especialmente con los municipios, nivel de gobierno más cercano a la gente, que permite la organización de mercados de productores de cercanía, sociales, itinerantes o móviles, populares-ferias francas.
Como las operatorias de circuitos cortos de comercialización y de logísticas de abastecimiento más directas para minimizar los costos saltando intermediarios, acercar la producción al consumo, disponer de recursos financieros por cobro de manera inmediata, retener capital humano en las comunidades, fortalecer las capacidades locales y favorecer el arraigo.
Esta unión entre productores y consumidores genera beneficios para las dos puntas de la cadena. Los productores sienten apoyo, posibilidades de agregar valor en sus trabajos, mejora en sus ingresos, a la par de poder mostrar lo que se consume y los consumidores reciben mejor producto, de mayor calidad, información sobre los productos y a un precio más estable y justo.
Paralelamente debemos continuar trabajando en los controles de las licitaciones y en la transparencia de los procesos a fin de evitar selecciones discrecionales. A su vez esta propuesta se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), especialmente con el ODS n° 12 que tiende a: “Garantizar modalidades de producción y consumo responsables” de la agenda 2030 de Naciones Unidas.
Estamos convencidos de que las cooperativas y la AF son buenos e inteligentes agentes de la economía social para volver a los productos de elaboración local a precios justos y para enriquecer los ejes estratégicos que la salida de la crisis sanitaria de la pandemia nos exigirá a todos. Es tiempo para ejercer incidencia política para que el compre estatal cooperativo y de la AF se incorporen en el diseño de las políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal.
Por: Eduardo Fontenla. Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y Lic. en Ciencia Política y Gobierno. Argentina.
Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.
