El décimo informe Técnico Especial: Carga de Enfermedad Ambiental, elaborado por el equipo del Observatorio Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud, revela que en Colombia 17.549 personas mueren a causa de factores por riesgo ambiental, lo que equivale a una tasa de 38,58 muertes por cada 100 mil habitantes.

En tres categorías estarían ubicadas las causales frente al desarrollo de enfermedades por causas ambientales: mala calidad del agua y el aire, así como la exposición de las personas a químicos producto de la labor industrial.

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Según el informe, en 2016 murieron en Colombia 96.844 personas por las nueve enfermedades analizadas de las tres categorías, que corresponde a un 43,4% del total de las 223.078 muertes de ese año. En cuanto a la carga de enfermedad, medida en años de vida saludable perdidos (AVISA), estas enfermedades representan una pérdida de 1.767.090 años de vida saludable, y una tasa de 3820,48 AVISA por cada 100 mil habitantes.

“Un total de 17.549 de las muertes se atribuyeron a alguno de los factores de riesgo ambiental, lo que equivale a una tasa de 38,58 muertes por 100.000 habitantes, lo cual corresponde al 18,4% de las muertes por las nueve enfermedades consideradas. En AVISA, lo atribuible a factores de riesgo ambiental corresponde a 335.180, una tasa de 724,67 por 100.000 o el 19% de la carga ocasionada por las nueve enfermedades”, detalla el estudio.

En cuanto a los campos de acción, el informe indica que las amenazas a la salud pueden originarse por riesgos tradicionales o modernos, asociados con una variedad de aspectos de desarrollo económico y social.

Los tradicionales están asociados con la pobreza, la falta de acceso a agua potable, la contaminación del aire en interiores por cocinar y calentar con combustible de biomasa o carbón, entre otros. Y los riesgos modernos están relacionados con la falta de vigilancia para la salud y medio ambiente y un consumo inadecuado de los recursos naturales.

Las regiones más afectadas son Quindío, Risaralda, Meta y Atlántico, departamentos con tasas de mortalidad por encima de 255 por 100.000 habitantes. Con respecto a las tasas de AVISAS, estos mismos departamentos tienen los mayores valores, pero en diferente orden: Risaralda (4.889,97), Quindío (4.723,07), Meta (4.566,91) y Atlántico (4.560,56).

El informe subraya que “las tasas de mortalidad atribuibles, a todos los factores de riesgo ambiental más altas, se estimaron para Quindío (54,42), Risaralda (53,64), Norte de Santander (49,83) y Caldas (47,22), mientras que para las tasas de AVISA atribuibles, las mayores se registraron en Risaralda (1.064,75 por 100.000), Quindío (1.019,05), Norte de Santander (919,93) y Chocó (916,25), departamentos con la mayor carga de enfermedad ambiental en Colombia”.

Así las cosas, el estudio usa un método para la estimación de la carga de enfermedad asociada a factores de riesgo ambiental; a aquellos que tienen una base científica sobre su asociación y relación causal con determinadas enfermedades; es decir, los de efectos en salud altamente conocidos. Con base en esto, fueron evaluadas las consecuencias de mala calidad del aire, del agua y las condiciones higiénicas insuficientes.

Ante el panorama, hay retos aún mayores en Colombia –tal como indica el informe–, ya que registra a la fecha, según el Atlas de Justicia Ambiental, 128 casos de conflictos socio-ambientales, que lo ubica en el segundo lugar, superado por la India, entre 165 países adscritos.

La descripción de los riesgos ambientales

El estudio certifica que existen una serie de factores de riesgo ambiental con una sólida asociación causal frente al desarrollo de enfermedades. Estos se agrupan en tres categorías:

Aire

Existe material particulado respirable (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen, entre otras) presente en la atmósfera de las ciudades colombianas. Sus factores son:

• Los combustibles sólidos (leña o el carbón vegetal, utilizados para cocinar y calentar el hogar).
• El ozono troposférico u ozono malo (O3) (proviene directamente de las emisiones industriales, tubos de escape de los vehículos).

Agua

El agua para el consumo humano se clasifica de acuerdo a componentes ligados a las condiciones de vida. Estas se clasifican en fuentes de agua mejorada (estructura que protege el agua de la contaminación exterior, principalmente de materia fecal) y no mejorada (las que tienen acueducto y aquellas que disponen de otro sistema de provisión).

• El saneamiento (medios de eliminación de excretas y aguas negras de los hogares; conexión a alcantarillado es la más apropiada).
• El acceso a lavado de manos.

Otros factores de riesgo ambiental

La desintegración del uranio, una sustancia que provoca daños en el ácido desoxirribonucleico (ADN) y posible desarrollador de cáncer; y el plomo, un metal tóxico que tiene relación con la explotación minera y la industria metalúrgica en general, son elementos que se unifican en torno a  la problemática ambiental del país.

Las recomendaciones

Dentro de los hallazgos encontrados en este informe, el instituto recomienda acciones aplicables a políticas públicas transversales, que se mitiguen los factores de riesgos, una atención en salud con más cobertura, mitigar y brindar adaptabilidad al cambio climático, además de generar nuevo conocimiento sobre la salud y el medio ambiente.

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En lo que respecta a la disminución de la carga de enfermedad desde la mitigación de los factores de riesgo, se requiere disminuir la contaminación del aire en las ciudades a través de medios de transporte menos contaminantes y promover el uso de estufas eficientes en áreas sin cobertura.

También, se debe garantizar el acceso al agua segura y saneamiento, por impacto sobre los niveles de pobreza, las condiciones de vida, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades. Asimismo, reglamentar los niveles de plomo en pinturas decorativas ayudaría a minimizar el riesgo de los efectos tóxicos de esta sustancia.

Por último, la participación ciudadana tiene un papel importante en la formación de la población en el uso de herramientas y estrategias de política pública para el control ciudadano, pero también de impulsar y apoyar, desde el Estado, iniciativas comunitarias que promueven la salud ambiental. De igual forma, la inclusión activa de las comunidades en los escenarios de toma de decisiones locales y sus conocimientos sobre el cambio climático y los modos de adaptarse y  poderlo mitigar.

Por: Andrés Neira. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.