Colombia debe consumir un 30% de energías limpias o renovables no convencionales y 70% de las fuentes tradicionales (hidroeléctrica y térmica) para el 2030, concluye un estudio realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Varias compañías han impulsado nuevos modelos de negocio con energía eléctrica, biocombustibles y biogás a partir de pecuarios y agroindustriales. Asimismo, en los últimos años desde diferentes sectores de la sociedad colombiana se vienen planteando otras medidas para que el país transite hacia un modelo más sostenible.
Así lo han hecho, por ejemplo, los grupos ambientalistas pero también las comunidades campesinas que en diferentes municipios del país, vienen promoviendo la realización de consultas populares para impedir el ingreso de empresas minero-energéticas a sus territorios.
¿Qué ha planteado el gobierno?
El pasado mes, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0570, en el que establece la contratación de proyectos de energías renovables. Dentro de este proyecto se han inscrito un aproximado de 300 iniciativas que buscan el desarrollo sustentable del país por medio de energías como la hidráulica, solar, eólica, entre otras.
Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Cali, entidad promotora de la BI-ON 2018, se propone la promoción de nuevas regulaciones en la generación de energías renovables no convencionales. En esta reunión se dieron cita empresas bioeléctricas, proveedores agrícolas y servicios especializados, con el fin de potencializar todos aquellos proyectos de innovación social y ambiental.
Comunidades piden más compromiso
No obstante, las comunidades parecen no estar muy convencidas frente a las posturas del gobierno. Si bien se promueve dichas energías en algunos casos, lo cierto es que también se está buscando potencializar la extracción de energías fósiles. De hecho se ha negado, en varias ocasiones, el derecho a la consulta popular.
Sumado a lo anterior, las poblaciones denuncian múltiples violaciones a sus derechos humanos en el marco de proyectos mineros y petroleros, pero además, hidroeléctricos. En la última semana la población afectada por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Antioquia, denunció el asesinato del líder social Hugo Albeiro George Pérez, y el desalojo de varias comunidades.
Ante tal situación, los habitantes rurales hacen un llamado respecto al posible momento de transformación en el que se encuentra el país. Aseguran que la promoción del emprendimiento agrario y la responsabilidad social de las empresas es vital para que se pueda hablar de un desarrollo sostenible para Colombia. (Le puede interesar: ¿Cómo contribuyen las y los campesinos a la lucha contra el cambio climático?)
Por: Shaira Pulido. Estudiante de Comunicación Social.
Editor: Mónica Lozano – Periodista y Editora
