Desde el 28 de abril del 2021, los sindicatos, centrales obreras, consejos comunitarios, estudiantes y representantes del agro se unieron para salir a las calles de todo el territorio nacional, con el fin de rechazar y exigir el retiro de la denominada “Ley de Solidaridad” cuyo contenido apunta a una reforma tributaria. Esta, buscaba recaudar cerca de $25 billones de pesos, mediante la ampliación de las bases de impuestos como renta e IVA para solucionar la crisis económica del país.
El problema, es que estos recursos saldrían en un 75% de personas naturales y sólo el 25% de las grandes empresas. Lo que evidencia que la medida afectaría principalmente a la clase baja y media, que en un contexto de pandemia en el que la tasa de desempleo es del 17,3% y va en aumento, no está en las condiciones de entregarle al Estado lo poco con lo que logra mantenerse.
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Luego de 6 días del paro nacional, el presidente Iván Duque anunció el 03 de mayo del 2021, el retiro de la reforma para analizar y articular desde cero una nueva. Ante el acontecimiento, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación Nacional de Educadores (FECODE), entre otras organizaciones que hacen parte del Comité Nacional de Paro, manifestaron:
“Consideramos el anuncio como un triunfo de los colombianos y colombianas que se han movilizado, donde autoridades civiles, militares y policías a diario han cercenado las libertades y garantías democráticas para el ejercicio de la protesta social. Sin embargo, con este anuncio no se desactiva el paro, la gente en las calles está pidiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, afirmó Francisco Maltes Tello, presidente de la CUT.
Además, pidieron al Gobierno Nacional negociar un pliego de emergencia, como parte de las exigencias del paro, en el cual piden: el retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación; defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina), subsidios a las MiPymes, empleo con derecho; y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
También, la matrícula cero y la no alternancia educativa, la no discriminación de género y diversidad sexual y étnica; el cese de privatizaciones; la derogatoria del decreto 1174; y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. Así lo explicó Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
Así se vive el paro en la ruralidad
Desde el 22 de abril, los gremios agropecuarios anunciaron su participación en las jornadas de movilización en contra de la reforma tributaria, pues serían uno de los sectores más afectados con la medida que pretendía eliminar la categoría de los bienes exentos de IVA. Por esto desde el 28 de abril, campesinos y campesinas salieron a manifestar de forma pacífica y a quienes se vieron afectados por los trancones, les brindaron productos como mora, tomate, papa, cebolla, entre otros.
Por su parte, este sector exige que se disminuya la importación, se priorice la producción nacional, se dé garantías a los pequeños y medianos productores especialmente a los que se encuentran en crisis como los paperos y los arroceros, entre otros.
Plinio Hernández, presidente de Dignidad Papera Nacional, aseguró que “cada vez es más difícil con estas ideas del Gobierno. Por ejemplo, el costo de los combustibles, y de todos los insumos que necesitamos para producir es elevado, y no vemos el apoyo del Gobierno Nacional para que el campo sea una opción de desarrollo, están haciendo del campo algo netamente insostenible”.
Así mismo, los camioneros se unieron al paro y desde el 03 de mayo, adelantan bloqueos en las principales vías de acceso a las capitales del país en departamentos como Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Antioquia, Casanare y Cundinamarca, con la restricción total de la movilidad, buscan que el Gobierno regule los precios de los combustibles, los peajes y calidad de infraestructura vial.
Un balance negativo de las manifestaciones
Para antes del 02 de mayo la Defensoría del Pueblo confirmó un reporte de 19 personas fallecidas y 140 quejas de abuso policial. Así mismo, más de 95 organizaciones defensoras de derechos humanos, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH una carta reportando 105 personas heridas por las fuerzas armadas y 286 detenciones arbitrarias.
A pesar de la crítica situación, el espíritu de lucha se mantiene y los representantes del paro reclaman al Estado la reivindicación de sus derechos constitucionales. Las organizaciones piden que se garantice el derecho a la protesta, la desmilitarización de los territorios y el cese de la represión.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por los hechos de violencia denunciados en todo el territorio nacional e hizo un llamado a la fuerza pública. “Recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de las personas, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica».
Por: Ivania Alejandra Aroca Gaona – Periodista.
Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.
