¿Campesinos deben o no habitar Parques Nacionales Naturales?

Cerca de unas 20 mil familias campesinas viven en los Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). Una situación que ha generado todo tipo de polémicas ¿Se debe sacar a los campesinos de estas zonas y priorizar la protección ambiental? ¿Se debe privilegiar las permanencia de los campesinos en las zonas? ¿Cómo lograr un común acuerdo para proteger los derechos de los campesinos, y a la vez proteger ecosistemas tan importantes para el planeta?

“Reconocemos que hay que cuidar el medio ambiente, pero también deben ser reconocidos nuestros derechos fundamentales como campesinos (…) en este momento somos denominados como ‘destructores de la naturaleza’. Así nos considera la política de conservación ambiental”, sostiene Fabián Cuadros, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA).

La histórica exclusión de los habitantes rurales en Colombia, las violaciones a sus derechos fundamentales, la falta de presencia estatal, sumado al narcotráfico, son algunas de las causas del origen del conflicto y las tensiones en el territorio.

La problemática no solo está articulada por el cuidado de zonas de reserva ambiental y los campesinos que las habitan, sino por la implementación del Acuerdo de Paz. Actualmente existe una incertidumbre por parte de estas comunidades con respeto al lugar que están habitando.

Ante tales cuestionamientos, fue necesario establecer unas mesas de concertación entre los diferentes actores, para reconocer el conflicto socio-ambiental vigente sobre el uso del suelo y la situación jurídica en estas zonas, donde se desarrollan diferentes prácticas productivas, e incluso se lleva a cabo la siembra de coca. El objetivo es determinar cuántas de estas personas han sido víctimas del conflicto armado y dar prioridad a sus casos.

En contexto

Con respecto a la ocupación de estas tierras, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), afirmó que además existen “intereses comerciales” para la apropiación de estos territorios. (Le puede interesar: Las 4 acciones de las comunidades rurales para proteger el medio ambiente)

Según botero, hay administraciones municipales, departamentales y obras nacionales que parecieran van en contravía de lo que el sistema de parques y la legislación dicen con respecto a la conservación. “Protección en unos casos sí, pero en otros no (…) hay unas alianzas territoriales en función de la ocupación de estos territorios que tienen inversión pública”, agrega.

Por su parte, la Corte Constitucional y PNN han enfatizado en la protección estricta de estas áreas de especial importancia medioambiental, pero con la implementación de los acuerdos de paz se acentúa la tensión, pues es necesario garantizar la tierra para las víctimas del conflicto.

Para Martín Guzmán, representante de la Clínica jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP), “el problema es que la normatividad vigente es sumamente estricta con las actividades que se pueden desarrollar dentro de los parques. Eso supone que no se pueden hacer sustituciones por actividades agrícolas que no den la misma garantía de sostenibilidad de las comunidades como el cultivo de coca”.

Por esta razón, se requiere encontrar una solución jurídica que permita garantizar los derechos fundamentales de las comunidades que se encuentran dentro de los PNN, sin desconocer la protección del medio ambiente en zonas de conservación. De no tratarse así se pueden generar consecuencias para el resto de la sociedad.

La presencia de cultivos de uso ilícito

Uno de los problemas asociados a la ocupación de los PNN es la presencia de cultivos de uso ilícito. Según  la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia, de 59 Parques Nacionales, al menos 26 han estado alguna vez afectados por cultivos de coca. (Le puede interesar: Comunidades, organizaciones, académicos y congresistas se unen para prohibir el fracking)

Si bien, tras la firma del Acuerdo de Paz se está implementando el Programa Nacional  Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), con el objetivo de que los campesinos realicen una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, las familias cultivadoras aseguran que el Gobierno no ha cumplido del todo.

“Nos hemos reunido con los alcaldes de la región de puerto Boyacá (…) para hacer un consenso entre todos y que le den una viabilidad para que el campesino salga de esto (cultivar coca), pero desafortunadamente no se ha llegado a nada. La intención que tiene el campesino es dejar esto, no deforestar más, no cultivar más y acogernos a los planes de sustitución voluntario, pero todo sigue igual”, afirma Mauricio Gutiérrez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Arenosa, en Boyacá.

Los reclamos de parte de los campesinos son permanentes, y también se dan de quienes ya se han acogido con los programas de sustitución voluntaria. Aseguran que el Estado no ha cumplido con lo que se dice en los PNIS lo que evidencia la falta de voluntad política. “Si el gobierno no se pone las pilas, vamos a seguir cultivando coca”, expresa Ermeliza Mancilla, representante de la vereda Bellavista.

Por: Andrés Neira. Periodista.
Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.