Wilson Arias en entrevista con El Campesino, apropósito de la nueva versión del proyecto de las Zonas de desarrollo rural, económico y social (Zidres).
Por: Katherine Vega
El proyecto de las Zidres se volverá a presentar en las próximas semanas luego de haber sido retirado por las recusaciones de diferentes organizaciones sociales.
La polémica alrededor de las Zidres se genera porque parecen un modelo que desconoce la capacidad empresarial de los campesinos, pero también, porque parece poner en riesgo los baldíos, que por ley deben ser de los más pobres. Es por esto, que muchos de los que habían criticado el proyecto vuelven a manifestar su preocupación.
El Campesino entrevistó al representante Wilson Arias, experto en el tema de baldíos, mientras se conoce la nueva versión del proyecto.
¿Alrededor de cuántas hectáreas han sido apropiadas irregularmente?
Wilson Arias (W.A.): La cuantificación es difícil, debería estar a cargo del Estado colombiano pero es un defecto que ha estado casi históricamente en el país. La Contraloría evaluó 14 casos que dieron 101.180 hectáreas. En un trabajo inicial sumamos 400.000 hectáreas y José Félix Lafourie había hablado de 2 millones de hectáreas «compradas» en la altillanura.
¿Qué ha pasado con las denuncias que realizó?
W.A.: Debo decir que en dos instancias se han tenido avances muy importantes, en la Contraloría General de la Nación, que produjo un reciente documento que deberían conocer todos los colombianos, se llama ‘Acumulación irregular de predios baldíos en la Altillanura colombiana’. En ese documento se confirmaron 14 casos de acaparamiento irregular de baldíos. Debo decir que me alegra mucho que de esos 14 casos 11 fueran apoyados en mis denuncias.
El estudio de la contraloría señala que hubo un detrimento patrimonial, es decir, que siendo los baldíos un patrimonio de la nación cuando se entreguen a un campesino sin tierra, ese campesino deberá venderlo, si lo va a vender, a otras personas en condiciones similares a las suyas, de modo que no se le puede entregar a un emporio económico que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. La Contraloría ha trazado ese detrimento patrimonial en 150 millones de pesos, que, para mí, es una migajita a lo que realmente cuesta ese acaparamiento. ¡Eso deben ser cifras billonarias y astronómicas! Sin embargo, saludo que la Contraloría, así sea en ese monto, haya calificado como detrimento patrimonial lo que se hizo con las tierras baldías de la nación.
En la Fiscalía no he tenido noticias. Lamento decir que hay muy pocos avances y en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes hice una acusación contra Uribe Vélez porque fue conocedor directo de ese tipo de acaparamientos sin obrar en consecuencia. Me parece que incurrió, probablemente, en un prevaricato por omisión.
En otro espacio donde tuvimos desarrollos que me parecen importantes fue en la Corte Constitucional, donde se declaró inexequible una parte del Plan de desarrollo de Santos que pretendía facilitar esa acumulación de baldíos a futuro.
Ahora bien, me siento profundamente preocupado porque la política del Gobierno Nacional ha sido frenar los tímidos avances de investigación de la época de Juan Camilo Restrepo. Esos tímidos avances, dice el propio Juan Camilo en el libro que acaba de publicar que se llama ‘La Cuestión agraria’, fueron frenados después del cambió de Ministerio, lo que mereció mi replica constante, y bueno, ya es mucho decir que el mismo Juan Camilo sea el que se queja de que ese procedimiento que él adelantaba fuera detenido por Estupiñan, el siguiente ministro, y por los sucesivos, Lizarralde e Iragorri.
Hay una especie de colisión muy importante. Yo digo que estamos en un momento transcendental pero dramático de la vida nacional en materia de tierras. Es una especie de meganegocio que, a mí me parece, tiene talla orbital y ese negocio de tierras colombianas son escenario de una brutal especulación. Es decir, hay pocos procesos comparables en otros países a lo que sucede hoy en nuestra República de Colombia.
¿Usted dijo que la familia Iragorri Valencia fue la usurpadora en la zona de Vichada, por qué hizo esa afirmación?
W.A.: La denuncia inclusive va un poco más allá. Pablo Valencia Iragorri primo del actual Ministro con dos grupos más compraron tres predios adyacentes por 3800 hectáreas. Para hacerlo tuvieron que simular la condición de campesinos sin tierra porque era un proceso de reforma agraria. Posteriormente los vendieron a cuatro compañías y resultó que una de esas compañías terminó con la totalidad de los tres predios. Una de esas estaba compuesta por sus dos hermanos, María Alejandra Valencia Iragorri y Julián Valencia Iragorri, y finalmente establecimos que otra compañía de las que he mencionado, era realmente del hijo de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.
Entonces vemos que los que se quedaron con esas tierras fueron los familiares del actual Ministro y los familiares del banquero más grande de este país. Esto, desde luego, es obsceno, diría yo que tiene cierta obscenidad a cargo de estos importantes señores de la vida económica del país. Porque tal como lo ha dicho la Contraloría, esas tierras jamás debieron haber salido del mercado campesino. De este modo, esas notables personas contribuyeron a violentar ese patrimonio de la nación al que ya se ha referido el informe de la Contraloría. Ese es el caso que hemos denunciado recientemente.
También hemos estado denunciando otra que me parece de la mayor importancia. Se trata del que estuvo cargo la familia Eder del grupo Manuelita. A través de Aceites Manuelita, se quedaron con 17 mil hectáreas en Orocué Casanare, y esas tierras fueron compradas a los actores del narcotráfico y del paramilitarismo ampliamente reconocidos en la Zona. Estoy hablando de Gelmer Mauricio Oicata Morales y Óscar de Jesús López Cadavid, quienes aparecen además en los organigramas correspondientes al Departamento de Estado Americano. Al final, las tierras que ellos tenían quedaron en manos del grupo Manuelita, quien hace 20 años está en la zona y tendría que saber a quién le estaba comprando esas tierras.
El modo operandi de esos actores criminales fue asolar de sangre Orocué, el Casanare colombiano. A eso le quiero agregar no solamente la personalidad de Doris Eder de Zambrano quien fue Ministra, viceministra, gobernadora, bueno, cuanto cargo público, sino que además su hijo, Alejandro Eder, negociador de la Habana, que a pesar de las condiciones familiares que he anotado, ahora pretende luchar por la Alcaldía de la ciudad de Cali. De modo que se consuma lo que ya todos sabemos, la capacidad de acumulación económica da la autoridad política y en consecuencia da el poder político que retroalimenta y garantiza el statu quo para que estas personas puedan conservar sus bienes.
¿Qué pasó con las amenazas que le hicieron?
W.A.: El Estado Colombiano manifestó su preocupación por mi seguridad personal. Sin embargo, cuando salí del Congreso de la República se desmejoró notablemente el esquema de protección. Se me retiraron dos policías que hacían parte del esquema. El vehículo blindado se me restableció recientemente. He padecido de lo que fue noticia, no se le paga a algunas de las personas que laboran conmigo, no tenían ni tiquetes para acompañarme a Bogotá. Fui sin escoltas a la socialización de la ley de baldíos. Tengo que decir que el doctor Villamizar ha sido muy amable en responder mis preocupaciones, pero me siento profundamente afectado por la situación.
¿Qué miedos obstáculos se le presentan para seguir investigando ahora que está fuera del Congreso?
W.A.: La mayor dificultad para continuar proviene de no contar con un equipo de investigadores que había contratado, (UTL se llama en el Congreso), y no tener la investidura que me permitía solicitar y obtener información de las autoridades oportuna y fidedigna.
