Colombia cuenta con más de cinco millones de mujeres en zonas rurales. Su vida se organiza alrededor del trabajo con la tierra, el agua, la producción artesanal, la pesca, la medicina tradicional, el cuidado de los ecosistemas y las prácticas comunitarias que sostienen economías enteras. Esta diversidad, que ahora queda reconocida legalmente, define a la mujer rural en su integralidad y establece medidas afirmativas que responden a realidades concretas como el acceso a tierras, cupos de crédito con tasa preferencial, fortalecimiento de proyectos productivos, acompañamiento técnico y garantías para la economía del cuidado.
Las cifras son claras, al indicar que la mayoría de mujeres rurales ha construido su sustento sin ingresos fijos ni seguridad social, aunque participe activamente en cadenas de valor, comercialización o transformación de productos. Solo el 35% accede al mercado laboral remunerado y el 84% realiza trabajo doméstico y de cuidado sin compensación económica. Esta ley plantea una redistribución del reconocimiento y de los recursos, impulsando herramientas como el Fondo de Fomento para la Mujer Rural (FOMMUR) y programas de educación financiera y asociatividad. Además, promueve su ingreso a mercados regionales y nacionales mediante circuitos cortos de comercialización y el impulso al emprendimiento campesino, familiar y comunitario.
En el campo educativo, las brechas también han sido significativas. La escolaridad promedio no supera los 6,4 años, y la conexión digital sigue siendo limitada para muchas comunidades. La Ley 2462 abre un camino hacia la tecnificación, el reconocimiento de saberes ancestrales, el acceso a la educación STEM y la validación formal de conocimientos tradicionales, fortaleciendo así la autonomía y la permanencia formativa de las mujeres en sus propios contextos.
En salud, la propuesta es garantizar atención integral desde un enfoque intercultural, incorporando prácticas como la partería y la medicina tradicional, así como una atención especializada en salud mental, sexual y reproductiva. El enfoque territorial de la ley permite que estas acciones respondan a la diversidad cultural del país y no reproduzcan esquemas urbanos centralizados. En cuanto al derecho a una vida libre de violencias, el Estado tiene la responsabilidad de crear rutas de atención efectivas, formar equipos interdisciplinarios y establecer casas refugio rurales que protejan la dignidad y seguridad de cada mujer.
La participación de las mujeres en el campo colombiano es también esencial para la democracia representativa y participativa. La ley establece la participación paritaria en espacios de decisión y el fortalecimiento de sus organizaciones en consejos municipales de desarrollo rural, mesas de trabajo y procesos de conformación de territorialidades campesinas. Esta apuesta por la incidencia política garantiza que las decisiones sobre el desarrollo rural no se tomen sin ellas ni al margen de sus propuestas. La creación de una política pública nacional decenal, con enfoque interseccional y territorial, consolida este avance como un eje estructurante para las próximas décadas.
El Campesino, desde 1954, ha documentado las transformaciones del mundo rural, muchas veces adelantadas por las mujeres que hoy reivindican con mayor fuerza sus derechos. Esta radiografía es una línea de base para exigir resultados medibles, compromisos presupuestales, presencia institucional real y políticas con enfoque diferencial que fortalezcan su autonomía. La Ley 2462 abre un camino que puede marcar un antes y un después para millones de mujeres que han hecho del campo su lugar de vida, trabajo, resistencia y saber. En este aniversario, volvemos a mirar el territorio con los ojos de quienes lo siembran con esperanza. Porque una mujer rural con derechos reconocidos transforma además de su comunidad, el futuro de todo un país.
