Desde que inició la cuarentena obligatoria han sido muchas las preocupaciones de las poblaciones vulnerables en varias regiones del país, las cuales se ven afectadas por esta pandemia mundial, este es el caso de la Amazonía colombiana, donde sus habitantes y de los 64 pueblos indígenas se encuentran fuertemente golpeados por los efectos del COVID-19.
Es tanta la preocupación de estos pueblos indígenas, que decidieron interponer una tutela al Presidente de la República y a todo su gabinete, demandando “la protección de los derechos fundamentales a la vida, diversidad étnica y cultural de la nación, integridad social, económica y cultural, la salud, derecho a la participación de los pueblos indígenas de la Amazonia, mediante la adopción de un plan concertado y con enfoque diferencial frente a la emergencia causada por el COVID 19”.
Esto en razón de que el Amazonas es un territorio de fronteras, que se encuentra expuesto a una propagacion más rápida por la falta de recursos públicos y privados de la zona y por el deficit en la atención en salud, lo cual pone en riesgo a los más de un millón de habitantes que comprenden los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y Guainía, estos últimos sin reportes de casos confirmados de COVID-19.
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Otro factor que influye en la decisión tomada por los indígenas amazónicos, es que la mayoría de recursos llegan de manera fluvial y área, provenientes del interior del país, además según el médico Mauricio Díaz, uno de los accionantes de la tutela, “existe un vacío jurídico que impide tomar decisiones rápidas y eficientes para enfrentar la pandemia”, es así, que la principal propuesta de la tutela es que les permitan que exista una legislación excepcional para este situación en el departamento.
La tutela fue interpuesta por Ramón Esteban Laborde Rubio, procurador 29 Judicial Ambiental Agrario del Amazonas; el médico César Mauricio Díaz Rojas; el empresario Julián Benjamín Clavijo Cárdenas y William Yucuna Tanimuca, médico y autoridad tradicional del Amazonas; y radicada el 27 de mayo en el Tribunal Superior de Cundinamarca.
Por: Erika Carolina Guarnizo Rico – Periodista.
Editor: Lina María Serna- Periodista – Editora.
