El Presidente defendió la polémica Ley Zidres como una solución al problema agrario en Colombia.
La semana pasada se firmó el decreto reglamentario de la de la Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social). La legislación busca mejorar el acceso a tierras a empresarios y campesinos. Se pretende aprovechar unas siete millones de hectáreas que pueden explotarse para la actividad agropecuaria.
La propuesta es que en zonas rurales alejadas con poco acceso a bienes y servicios, pero con potencial agrícola, se hagan proyectos asociativos para utilizar tierras que pertenecen al Estado. Esto incluye los llamados ‘baldíos’, terrenos sin dueño que permanecen abandonados.
La participación de empresas en las Zidres ha generado intensas críticas de distintos sectores, que acusan al Gobierno de favorecer la concentración de la tierra. La entrega de estos terrenos podría llevar a que los grandes terratenientes pudiesen aumentar aún más sus propiedades. Opositores del Gobierno como el senador Jorge Enrique Robledo, dicen que los beneficios a los campesinos de los que habla la Ley Zidres no son sino una fachada para favorecer a los grandes dueños de tierras en Colombia.
Por su parte Oxfam Internacional se opuso fuertemente a la promulgación de las Zidres. Según ellos, «favorece la acumulación de tierras, pretende evadir las restricciones legales a la concentración de baldíos y representa una amenaza para el campesinado y el desarrollo rural». Su dura crítica es el resultado de una gran investigación que realizó en conjunto con CODHES, CINEP, Planeta Paz, la Comisión Colombiana de Juristas, la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, Dignidad Agropecuaria y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
El problema reside en que las tierras se entregan en concesión, arriendo, compra o cualquier tipo de transacción legal para bienes inmuebles. Es decir, se paga al Estado por establecerse allí. Este se compromete a mejorar las condiciones de la región, facilitando su acceso y mejorando su infraestructura. El sistema finalmente favorecería más al gran terrateniente y las empresas, que tienen más recursos que los campesinos para quedarse con las Zidres.
El Gobierno se ha defendido, alegando que la Ley Zidres es el primer paso para sacar al campo colombiano del atraso en que vive por culpa del conflicto. “Les estamos dando vía libre a la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo colombiano. Vamos a aprovechar las ventajas de ser uno de los países del mundo con mayor potencial de producción de alimentos, según la FAO”, estableció el presidente Santos.
Argumenta que en las Zidres se podrán desarrollar proyectos agrícolas, acuícolas, ganaderos y de reforestación, y aquellos productivos de economía familiar, entre muchos otros. Con respecto al favorecimiento de los grandes terratenientes, el Presidente se defendió. “Los pequeños y medianos campesinos están en el centro de esta ley. Los acompañaremos a presentar sus proyectos y a gestionar los créditos”, dijo.
Los pequeños productores no tendrán que vender sus tierras para ejecutar un proyecto Zidres y los empresarios interesados en proyectos productivos en predios privados no tendrán que asociarse con pequeños productores. El Gobierno aseguró que garantizará la propiedad de los predios ocupados de buena fe por los campesinos mediante un plan de formalización, al tiempo que los proyectos que vinculen a pequeños y medianos cultivadores recibirán incentivos económicos y comerciales.
Ahora que se firmó el decreto reglamentario, la Unidad de Planeación Rural (Upra) comenzará a identificar los terrenos que pueden usarse como Zidres. Luego, el Compes establecerá la delimitación de esas zonas. Finalmente, el Consejo de Ministros hará la declaración de las Zidres, cuyos proyectos productivos serán seleccionados únicamente por el Ministerio de Agricultura.
