En febrero y abril de 2016 se le notificó a la población de Salento, Quindío por parte de la Agencia Nacional de Minería sobre procesos y trámites para monitorear y evaluar los terrenos con el fin de extraer recursos minerales; una noticia que dejó a la población en desasosiego por tratarse de su territorio, pero sobretodo de áreas conectadas al Valle de Cocora y el Parque Nacional Natural de los Nevados; zonas que se suponían son áreas de protección.
La población y el país comenzó a usar redes sociales y a protestar en contra del posible megaproyecto, llegando a un punto de calma por no comentarse nada más grave sobre el asunto; sin embargo, el Tribunal Administrativo del Quindío ha vuelto a poner el tema en estado de alerta, puesto que el acuerdo establecido por el Concejo Municipal que determinaba la prohibición de proyectos mineros en el territorio ha sido impedido y dado de baja por el Tribunal.
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Esto quiere decir que el municipio de Salento pierde jurisdicción frente a la toma de estas decisiones. Cabe resaltar que no es el único municipio que pasa por la misma situación; desde la sentencia de la Corte Constitucional frente a las consultas populares que establece que una población no puede tomar decisiones frente a los recursos naturales sin importar que se encuentren en sus territorios y sean ecosistemas importantes con especies únicas.
Al igual que Salento, el municipio de Roncesvalle, Tolima también celebraba un acuerdo realizado por la población y el concejo municipal que impedía cualquier tipo de proyecto que afectara de manera radical el pueblo; frente a esto, el alcalde afirmó que esta decisión era inconcebible puesto que el concejo no tiene poder alguno para tomar estas decisiones y de proseguir con el acuerdo sería condenar al pueblo a la demanda del Estado. Roncesvalles es un municipio que cuenta con una fuente hídrica escasa, la cual en sequía no abastece por completo a toda la población, por esto, no imaginan megaproyectos mineros en se territorio.
Regresando a Salento, la concejala del municipio, Ofa Correa, menciona lo siguiente al periódico El Tiempo: “Seguiremos luchando, nos vamos a dar a la tarea de revisar bien la sentencia y pondremos una tutela. En este caso no aplican los fallos, el Tribunal no tuvo en cuenta el último fallo del Consejo de Estado de diciembre del año pasado donde nos permiten a nosotros como concejales defender nuestro territorio”.
Ambientalistas, población rural y urbana se encuentran tomando medidas al respecto frente al fallo del tribunal Administrativo al no respaldar el bienestar del municipio, el cual comprende el respeto por la fauna y flora, los recursos naturales y el futuro del territorio. En este caso, el fallo se dictamina a partir de la Sentencia SU – 095 del 11 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, al declarar que “el Estado es propietario del subsuelo y sus recursos no renovables, lo que conlleva que sea privativamente este quien decida sobre la explotación de dichos recursos”.
Los municipios habían hecho uso de este mecanismo constitucional de participación donde la decisión del pueblo era primordial ante proyectos extractivistas; hoy las cosas son diferentes para los colombianos pues aunque se trata de sus territorios no pueden incidir en asuntos del Estado. Mientras tanto, los salentunos seguirán trabajando para evitar que la minería llegue al municipio.
Por: Daimer Fernando Losada Bermeo. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.
