La restitución de tierras implementada muestra dos caras que impiden la solución a las demandas de los campesinos por la concentración de tierras y los déficits en su ejecución.
Por Laura Rodríguez, Lorena Rivera y Stephania Aldana
La restitución de tierras planteada por el Gobierno Nacional ha dejado abiertas las posibilidades de calmar la opresión que generaba la violencia en la vida de los colombianos, mediante acuerdos que permitan retornar a una sociedad en la que se respeten los derechos humanos, que prime el interés colectivo sobre el individual, que haya un perdón por parte de todos los actores del conflicto y se cree una memoria histórica que haga parte de un proceso de reparación que garantice la no repetición.
El presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, incorporó en su plan de gobierno la restitución de tierras como parte fundamental de la reconstrucción del tejido social, que propende el restablecimiento de los derechos humanos consignados en la Carta Magna y aprobados bajo los acuerdos internacionales de reparación integral a las víctimas.
La ley 1448 de 2011 se establece como un mecanismo de justica transicional para restituir las tierras de las familias campesinas que hayan sido despojadas por actos de grupos al margen de la ley, autodefensas y agentes estatales. El académico e investigador, Egoitz Gago, analiza esta tema desde el Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, junto al posconflicto, así como los diverso fenómenos de acción colectiva producto de este.
Las víctimas, definidas según el artículo 3 de la ley 1448 de 2011, son “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1ro de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario”. Sin embargo, la ley establece que la restitución de tierras solo será dada a aquellas personas desplazadas desde 1991, que tengan el título de propiedad o que acrediten haber sido propietarias del predio.
El conflicto armado colombiano ha desplazado, según registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 7.201.034 personas. Ejemplo de ello, es el municipio de la Oveja, vereda La Europa, ubicado en el departamento de Sucre, a cinco kilómetros de la cabecera municipal que limita con los montes de María, zona caracterizada por una alta actividad paramilitar y guerrillera.
En el municipio de Ovejas, Sucre, 114 familias fueron desplazadas como consecuencia del conflicto armado que se intensificó en 1994. De estas familias, actualmente, solo quedan seis a quienes fueron compradas sus tierras por testaferros de la parapolítica a 240 mil pesos, cifra muy por debajo de la establecida por el Incoder. “Cada hectárea costaba aproximadamente de tres a cinco millones de pesos, pero por cada dos hectáreas y media les dieron 2 millones de pesos”, afirmó Argemiro Lara, dirigente de la Asociación de Campesinos y Campesinas de la finca La Europa. Los testaferros que tenían estas tierras en su poder las vendieron sin un título de propiedad a la empresa Arepas Don Juancho, que en la actualidad desarrolla actividades de ganadería en la finca en mención.
La ley de restitución de tierras deja sin respaldo aquellas personas o empresas que de buena fe adquirieron los predios, que no tenían un título de propiedad registrado. Ante esta problemática el Doctor Carlos Eduardo Acevedo, abogado con amplia experiencia en temas de restitución de tierras, afirma que el proceso va más allá de entregar las tierras que les fueron quitadas a los campesinas, ya que éstas fueron adquiridas de buena fe y este proceso puede violar sus derechos civiles.
En la década de los 50, con el Frente Nacional, se empezaron a dar las primeras muestras de lo que se convertiría en uno de los conflictos armados de mayor duración en el mundo. Conflicto que trajo como consecuencia una serie de episodios que marcarían a las siguientes generaciones en ámbitos políticos, sociales y económicos y que retrasaría el buen desarrollo del país. Por otro lado, Colombia se ha caracterizado por la repartición inequitativa de las tierras, pues han estado en manos de grandes latifundistas que obtuvieron los predios forzando a los campesinos a abandonar sus tierras.
A raíz de los problemas que se han presentado en Colombia sobre la propiedad de la tierra, se expidieron leyes que regularían las inconsistencias en el sector agrario como la ley de justicia y paz que pretendía garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas; pero realmente ninguna fue eficaz en su aplicación. La ley de restitución de tierras se legisló con el ánimo de dar solución a todas las falencias que presentaron las leyes anteriores.
Para acceder a los beneficios que otorga la ley de restitución de tierras se debe seguir un proceso administrativo y judicial. En la primera etapa se deben presentar las reclamaciones a la Unidad de Restitución de Tierras, luego de la documentación se determina si el predio ingresa o no al registro de tierras presuntamente despojadas o abandonadas. En la segunda etapa se determina si el accionante fue víctima de despojo o de abandono forzado, se ordena la restitución del predio y en caso de que no sea posible, se procede a otorgar una indemnización. En la tercera etapa el juez decide la entidad que llevara a cabo el cumplimiento de la sentencia.
Según las cifras de la Unidad de Víctimas a corte de febrero de 2015, están en proceso 204.495 casos. Hacia febrero de 2013 la unidad recibió 32.688 solicitudes y adelantó trámites respecto a 5393, que corresponden a 246.317 hectáreas reclamadas. En el proceso judicial para el mismo año se registraron 1.150 casos en proceso de deliberación judicial, de las cuales, solo se han validado 32 fallos.
El Gobierno ha puesto en marcha toda su maquinaria política y judicial a disposición de la restitución de tierras a todas las victimas del desplazamiento. No obstante, la cifras demuestran que el avance de esta ley no ha suplido las expectativas planteadas por el Gobierno Nacional, ya que los procesos son lentos y los trámites engorrosos. Así mismo los académicos y litigantes afirman que los resultados esperados podrían llevar siglos en llevarse a cabo.
