Ahora que, según el plazo acordado por las FARC y el gobierno, estamos en la cuenta regresiva para la firma de un acuerdo de paz con ese grupo guerrillero, vuelve agitarse la polémica sobre el futuro del campo colombiano.
Por: Juan Carlos Pérez Bernal
Y en el ojo del huracán están las famosas zonas de reserva campesina, ZRC, porque se podrían ampliar a 9 millones de hectáreas con plena autonomía, y por iniciativa de las FARC, según afirmó la columnista María Isabel Rueda. 
Como se recordará, las ZRC, fueron creadas oficialmente mediante la Ley 160 de 1994 para promover el desarrollo agrario integral. Sin embargo, su efectividad aún no se ha medido a fondo.
Para centrar el debate es importante tener en cuenta los postulados básicos que justifican las ZRC en nuestro país. Surgieron en el marco del conflicto, como una alternativa encaminada a fortalecer las economías campesinas y encarar el creciente desplazamiento o migración hacia los centros urbanos. Se ha tratado, fundamentalmente, de establecer una política clara frente a la ocupación de baldíos. Como telón de fondo, estas zonas se han querido convertir en una estrategia de desarrollo para afrontar los problemas ocasionados por la contrarreforma agraria.
Las ZRC constituyen, podemos decir, una apuesta por defender la soberanía alimentaria, en contraposición a una política pública que ha privilegiado la importación de alimentos, usada desde los 90 como fórmula efectista de control de precios, cuya cuenta de cobro han cubierto con creces nuestros propios campesinos y ahora los consumidores con precios más altos por los bienes esenciales.
Queda claro entonces que si bien el país no ha hecho la tarea de diagnosticar el impacto de las ZRC, la intención con esta estrategia no es sólo sana sino necesaria para un país como Colombia que, a estas alturas, no ha hecho la reforma agraria integral.
Por supuesto, surgen varios interrogantes, como estos planteados por Mauricio Botero Caicedo en El Espectador:
¿Ha aumentado la productividad agrícola en dichas ZRC? ¿La migración de los campesinos a las urbes se ha detenido? ¿Se conservan los recursos naturales y se protege el medioambiente? ¿Se ciñen las CRC a la ley o, por el contrario, son resguardos de cultivos ilícitos?
Y podemos agregar estas: ¿El Estado sí ha mostrado voluntad política para promover y desarrollar las ZRC en forma integral? ¿Instituciones del sector lideradas por el Ministerio de Agricultura se han preocupado por respaldar la producción limpia? ¿Ha avanzado el país hacia la consolidación de una política que les permita a nuestros campesinos ser competitivos?
Como vemos, hay mucho por aclarar. Lo cierto es que en la Habana sí se ha tocado el tema. El gobierno y las FARC acordaron de manera expresa promover el acceso a la propiedad de la tierra, respaldar la economía campesina con políticas claras y efectivas que redunden en la óptima producción de alimentos. Y una forma efectiva y eficaz de concretar la estrategia de desarrollo está en las zonas de reserva campesina. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo en forma tajante: “La idea de dotar a las ZRC de más de 9 millones de hectáreas está fuera de la realidad. Esta cifra excede el área que ocupa actualmente la agricultura. Y en cuanto a la autonomía, esto ha sido descartado claramente por la delegación del Gobierno. No es aconsejable emprender análisis con fundamento en la explosiva sucesión de propuestas de las Farc”.
Con polémica o no, lo que no puede estar en juego es el respeto por nuestras comunidades ancestrales. Según lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2014, todos debemos garantizar que, de ninguna manera, se lesione el derecho al territorio “de los pueblos indígenas y tribales”. Desarrollo sí, progreso de nuestros campesinos sí, acceso a la tierra sí, pero primero el principio esencial el respeto por la diversidad…El respeto por la diferencia. Mejor dicho, democracia pura.
