Este nuevo contrato cubre tanto actividades permanentes como estacionales, cíclicas o de temporada, y deja claro que incluso los trabajos discontinuos o de corta duración están cobijados por la legislación laboral. Además, se presume la existencia de un contrato agropecuario cuando el trabajador ejecuta tareas propias de esta actividad, lo que facilita la inspección y sanción de la informalidad.
Jornal agropecuario: una modalidad con derechos
La reforma también crea el Artículo 133A, que establece la figura del jornal agropecuario, una forma de remuneración pensada para las jornadas laborales rurales. Aunque se paga por día trabajado, esta modalidad no implica la pérdida de derechos. El jornal diario no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente, y deberá incluir al menos un 30 % adicional por concepto de factor prestacional, más un 4 % por subsidio familiar que debe pagarse directamente al trabajador o trabajadora.
Esta modalidad exige pacto expreso entre las partes y no incluye trabajo suplementario. Además, las personas contratadas bajo esta figura deberán estar afiliadas como dependientes al sistema de seguridad social, para garantizar el acceso a salud, pensión y riesgos laborales, aunque sin incluir los factores prestacionales mencionados si ya están cubiertos por el pago diario.
Vivienda digna
Otro avance clave está en el Artículo 31, que garantiza condiciones mínimas de vivienda para el trabajador rural que reside en el predio donde labora. El empleador debe asegurar un entorno habitable, con acceso a agua potable, servicios sanitarios, reparaciones locativas y un botiquín de primeros auxilios. Esto aplica especialmente en zonas donde el Estado no ha llegado con servicios básicos y el trabajo requiere presencia permanente en el campo.
Hacia una política pública para el trabajo agropecuario
Como parte del enfoque integral de esta reforma, se establece que en el primer año de vigencia de la ley, el Estado formulará una política pública de apoyo al trabajo agropecuario. Esta política tendrá como objetivo acompañar y proteger a las unidades productivas nacionales dedicadas a esta actividad, de tal forma que sus trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos laborales, en armonía con las particularidades del sector rural.
Además, se deja en claro que la condición de trabajador agropecuario no excluye su reconocimiento como persona indígena o campesina, pues constituye la base de la diversidad sociocultural que existe en el campo colombiano.
Diálogo amplio y regulación futura
El parágrafo final establece que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, el Gobierno nacional deberá presentar al Congreso un proyecto de ley que regule los contratos y el jornal agropecuario, como resultado de un proceso de consulta con todos los sectores del agro, desde la agroindustria hasta las microempresas campesinas.
Un campo con derechos no es un favor, es justicia laboral
Con esta normativa, el Gobierno de Colombia busca cerrar las brechas históricas de informalidad y desprotección laboral que han afectado al campesinado. Se reconoce el valor del trabajo rural como pilar de la soberanía alimentaria y se establecen mecanismos para garantizar su estabilidad, remuneración justa y protección social. Pero el reto ahora está en el cumplimiento, la vigilancia y el compromiso real con la transformación del campo colombiano.
