La Conferencia de las Partes (COP16) trajo a Cali la atención de delegaciones nacionales e internacionales con el propósito de discutir y generar acuerdos sobre conservación y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, para muchos campesinos de los 15 corregimientos de Cali, el evento dejó un sabor agridulce. A través de un diálogo abierto con los líderes campesinos Fabián Muñóz, representante de los corregimientos de Cali, y Johana Cano, líder de Tuluá, se evidenciaron profundas reflexiones sobre la necesidad de una mayor inclusión de las voces rurales en las decisiones y discusiones que les afectaban de manera directa.
Colombia, un país con una amplia y rica geografía rural, ha sido testigo de una relación desigual entre los intereses urbanos y las necesidades de sus zonas rurales. Los campesinos del Valle del Cauca, región anfitriona de la COP16, afirmaron que los sectores rurales habían sido históricamente relegados, y Cali, aunque en su mayoría rural, no fue la excepción. Según Muñóz, “en cada tema de administración pública hay una deuda histórica con los sectores rurales de Santiago de Cali”, una deuda que tampoco se saldó durante el transcurso de la COP16.
Además de esta exclusión, la falta de unidad en el movimiento campesino local durante la COP16 generó tensiones y fraccionamientos internos, según Cano, quien señaló que “en lugar de consolidar un frente unificado, los espacios disponibles se convirtieron en terreno para divisiones y desacuerdos”.
Los campesinos recalcaron su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, con especial énfasis en los Farallones de Cali, donde se localizan 10 de los 15 corregimientos del municipio. En estos territorios rurales, enfrentaban problemáticas críticas, como la minería ilegal y la expansión descontrolada de la frontera agrícola, que amenazaban tanto los ecosistemas como la estabilidad de sus comunidades. Los líderes expresaron que ser verdaderos defensores del medio ambiente exigía condiciones de vida dignas, acceso a servicios básicos y el reconocimiento de sus derechos.
Si bien el gobierno había dado un paso importante al reconocer al campesinado como sujeto de derechos especiales en 2023, la realidad diaria exigía avances concretos en áreas como educación, salud, vivienda y titulación de tierras. Durante los próximos dos años de presidencia de la COP16, Colombia tiene la oportunidad de consolidar políticas inclusivas que fomenten la agroecología, respeten la biodiversidad y hagan justicia a quienes viven en las zonas rurales. “Cada día, mujeres y hombres campesinos aportamos el alimento para el país, somos forjadores de vida. Es hora de que nuestras voces sean escuchadas y que tengamos voz y voto en las decisiones que afectan nuestro territorio”, concluyó Muñóz.
Las comunidades campesinas de Colombia reafirmaron su compromiso con la defensa de la biodiversidad y el bienestar del país, pero insistieron en que solo con el reconocimiento de sus derechos y su inclusión real en los espacios de diálogo sería posible construir un futuro sostenible para todos.
Por: Mauricio Sánchez Aristizábal
Editor: Natalia Garavito
