Abandono del Estado. Esa ha sido una constante en los últimos años en las zonas que hoy ocupan los primeros lugares como productoras de cultivos ilícitos. Estamos hablando de Putumayo y Nariño, según lo admitió el presidente Juan Manuel Santos al lanzar el nuevo plan de política antidrogas.
Por: Por Juan Carlos Pérez Bernal
Datos de las Naciones Unidas indican que mientras en 2013 Colombia tenía 48.000 hectáreas sembradas de cultivos de coca, en 2014 pasó a 69.000 hectáreas, es decir, un 44% más, prueba contundente del fracaso de la política, cuya punta de lanza ha sido la aspersión aérea.
Frente a esa realidad, el gobierno ha decidido apostarle a la promoción eficaz de los cultivos lícitos, con apoyos concretos a los campesinos de esas regiones.
Uno de los anuncios que más ha llamado la atención es la creación de la agencia de comercializadores rurales, que tendrá como tarea recoger, distribuir y buscar mercados para los campesinos incluidos en el programa.
Recordamos aquí la tarea que desarrollara durante más de 50 años el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema. Concebido durante la famosa “Revolución en Marcha” del presidente Alfonso López Pumarejo, esta entidad fue fundamental para garantizar cierta estabilidad en el campo, epicentro del conflicto colombiano.
Como agencia del Estado ejercía el monopolio en la importación de alimentos, contribuía a la comercialización de bienes básicos y ejecutaba la política de precios de sustentación, con los cuales se garantizaba una rentabilidad mínima en productos estratégicos para la economía campesina.
Sin embargo, la apertura económica en la que de embarcó el país a comienzos de los 90, le dio un puntillazo certero que lo condujo a su liquidación en 1996.
¿Cómo se explicó semejante decisión? La verdad es que, entonces, el Idema perdió su razón de ser, pues al abrirse las importaciones de alimentos dejó de percibir importantes recursos con los cuales hacía fomento en el campo. Claro, es imposible negar algunos hechos de corrupción que minaron su credibilidad pero ello no obsta para reconocer su importante y estratégica labor en las zonas rurales.
Los hechos han venido a demostrar que a la hora de tomar decisiones en un sector tan sensible, como lo es el de la economía primaria el país, hay que pensar en rentabilidad social antes que en rentabilidad económica.
Uno esperaría que en las actuales circunstancias que vive el país, cuando nos alistamos para la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el gobierno demuestre con hechos que sí aprendió la lección. Por fortuna, todo indica que es así, a juzgar por estas declaraciones del presidente:
“( Los campesinos) tendrán acompañamiento, financiación y asesoría técnica para emprender otros proyectos agropecuarios…Y otro incentivo muy importante: a quienes se mantengan más de cinco años cultivando productos lícitos se les podrán titular las tierras, para que se conviertan además en propietarios rurales”.
A ello se suman los anuncios del Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, sobre una política activa para sustituir la importación de alimentos, para que Colombia se convierta en una despensa agrícola mundial. La idea es sembrar en el corto plazo un millón de hectáreas adicionales, especialmente de frutas, leguminosas y cereales, sin descuidar la producción de carne y de peces.
La teoría está clara: para que funcione, el plan debe ser integral y abarcar todos los estabones de la cadena productiva. Los anuncios son esperanzadores y la expectativa muy grande. Hacemos votos para que se hagan realidad, pues Colombia no puede darse el lujo de avanzar hacia una nueva frustración nacional.
