En Colombia, el sector agrario ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de los años, especialmente en lo que respecta a la propiedad de la tierra y los conflictos rurales. Para abordar estas problemáticas, el Congreso colombiano aprobó recientemente la creación de la Jurisdicción Agraria, una iniciativa que busca brindar una solución a los miles de procesos pendientes relacionados con la propiedad de la tierra en el país
¿Qué es la Jurisdicción Agraria?
La Jurisdicción Agraria se refiere al conjunto de leyes y normas que regulan los conflictos y disputas relacionadas con la tierra y la agricultura. Su objetivo principal es garantizar la protección de los derechos de los agricultores y promover un desarrollo sostenible en el sector agrícola.
En Colombia, la Jurisdicción Agraria es especialmente relevante debido a la gran cantidad de tierras rurales y a los conflictos que han surgido a lo largo de los años entre los propietarios de la tierra, los campesinos y las comunidades indígenas. La implementación de una Jurisdicción Agraria efectiva es fundamental para lograr una paz duradera en el país y para promover la equidad en el acceso a la tierra y los recursos naturales.
La situación actual en Colombia
En la actualidad, Colombia enfrenta una gran cantidad de procesos agrarios pendientes que buscan aclarar la propiedad de la tierra. Según datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), existen alrededor de 37,000 procesos sin resolver en todo el país. Estos procesos abarcan una amplia gama de situaciones, desde casos de clarificación de la propiedad hasta disputas entre el Estado y particulares por la asignación de terrenos baldíos.
De estos, el 95 % corresponden a casos de clarificación de la propiedad, mientras que 862 son de recuperación de baldíos (terrenos del Estado) ocupados de manera irregular, así como 488 expedientes de extinción de dominio sobre predios que “no cumplen con la función social de la tierra” y 418 buscan la definición de linderos entre terrenos del Estado y privados. Tan sólo los casos de extinción de dominio suman más de 700 000 hectáreas en disputa, según la organización de la sociedad civil Dejusticia.
“Con 12 064 casos, Boyacá es el departamento que más procesos agrarios concentra, seguido de Córdoba con 3899, Cundinamarca con 3642, Santander con 2581 y Nariño con 2170”, explica un comunicado de mayo de 2023 de la ANT.
El problema se agrava aún más por el hecho de que más del 60% de los campesinos colombianos no tienen títulos de propiedad sobre sus tierras, según datos de USAID. Esta falta de seguridad jurídica ha llevado a numerosos conflictos y disputas, lo que ha generado una gran inestabilidad en el sector agrario.
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La propuesta de la Jurisdicción Agraria
Ante esta situación, el gobierno colombiano propuso la creación de una Jurisdicción Agraria que se encargue de resolver los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra en el país. El objetivo principal de esta iniciativa es descongestionar el sistema judicial existente y garantizar que los casos agrarios sean tratados por jueces especializados en la materia.
La propuesta de creación de la Jurisdicción Agraria ha sido respaldada por diversos expertos y organizaciones. Según Miguel Samper, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, en entrevistas del Medio Mongalay, esta nueva forma de justicia agraria permitiría resolver los conflictos rurales de manera más eficiente y garantizaría la protección de los derechos de propiedad. Además, la Jurisdicción Agraria podría desempeñar un papel crucial en la distribución de la tierra y en el desarrollo de un catastro multipropósito actualizado.
Esta jurisdicción rural ahora se materializa a través de dos proyectos de ley: uno estatutario y otro ordinario. El proyecto de ley ordinaria tiene como objetivo establecer el funcionamiento y las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural. Además, introduce un procedimiento especial agrario diseñado para acelerar los procesos judiciales. Se espera que el tiempo para resolver casos se reduzca significativamente, pasando de aproximadamente 10 años a tan solo tres o cuatro meses.
El proyecto de ley estatutaria, por otro lado, determinará la integración y estructura de esta nueva jurisdicción. También modificará la composición de la Rama Judicial, incluyendo la nueva Jurisdicción Agraria y asignando funciones específicas a magistrados y jueces para administrar justicia de manera eficaz.
“Hoy radicamos un proyecto de ley estatutaria que materializa la apuesta de la jurisdicción agraria y un proyecto de ley ordinaria. Ambos van a dar a cuenta de la presencia del Estado en los territorios para ayudar a resolver los conflictos que históricamente no han tenido un canal institucional y que no han permitido a Colombia ser potencia agroalimentaria”, agregó Martha Carvajalino, viceministra de Desarrollo Rural.
Beneficios de la Jurisdicción Agraria
La implementación de la Jurisdicción Agraria en Colombia podría tener numerosos beneficios para los campesinos y el sector agrícola en general. Uno de los principales beneficios es la posibilidad de resolver los conflictos agrarios de manera más rápida y efectiva. Actualmente, estos casos pueden llevar décadas en tener una conclusión, lo que genera una gran incertidumbre y desaliento entre los campesinos.
Además, la Jurisdicción Agraria garantizaría que los casos agrarios sean tratados por jueces especializados en la materia, lo que aumentaría la probabilidad de tomar decisiones justas y equitativas. Esto sería especialmente beneficioso para los campesinos que se encuentran en situaciones de desventaja frente a grandes propietarios de tierras.
Otro beneficio importante de la Jurisdicción Agraria es su capacidad para integrarse con otros objetivos del país, como la distribución de la tierra y el desarrollo del catastro multipropósito. Esto permitiría una mayor formalización de la propiedad y una mayor seguridad jurídica para los campesinos colombianos.
Conclusiones
La implementación de la Jurisdicción Agraria en Colombia es un paso importante hacia un desarrollo rural sostenible y equitativo. Los proyectos de ley presentados por el Gobierno buscan fortalecer la protección de los derechos de los agricultores, mejorar la solución de conflictos y promover un desarrollo rural sostenible en el país. Es fundamental que estas propuestas se conviertan en leyes para garantizar un acceso equitativo a la tierra, proteger los derechos de las comunidades rurales y promover un desarrollo agrícola sostenible en Colombia.
