Atrás quedaron los tiempos donde se decía que el paro agrario nacional no existía. Las organizaciones sociales del sector rural se han fortalecido siendo ejemplo La Cumbre Agraria Nacional o las Dignidades. Aunque en este momento las últimas no salieron a acompañar el paro, la Cumbre Agraria considera que son 10 mil campesinos los que se encuentran en las afueras defendiendo sus derechos.
Por: Tatiana Cuellar. Voluntaria ACPO.
Las políticas económicas implementadas en Colombia no han brindado una protección a este sector y en cambio han producido grandes golpes a su existencia. El último censo agropecuario da luces sobre la cantidad de población rural que se encuentra en una condición de pobreza multidimensional del 46,5%, cifra que no toma en cuenta los que están en condición de vulnerabilidad pues nuestro crecimiento económico ha frenado en el último año. Además, expone que solo el 15% de la población posee asistencia técnica siendo la mayoría productora de alimentos y recursos con las uñas, siendo ellos los más afectados por los altos precios de los agro insumos o las carencias de infraestructura en sus poblaciones. Estas políticas económicas se han dirigido hacia un modelo de desarrollo extractivista y latifundista que solo ha ayudado a mantener las desigualdades en el país.
El viceministro, Guillermo Rivera, en El Tiempo dijo “es muy difícil resolver todos los temas rápidamente más cuando hay algunos tan complejos como los que involucran tierras, minería y la industria petrolera”. Temas que según la Cumbre llevan discutiendo sin tener muchos avances. Por ejemplo, en materia económica, respecto a la línea de financiación a través del Fondo de Fomento Agropecuario, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir $250 mil millones durante la vigencia de 2014 de los cuales la Cumbre Agraria solo ha recibido 40%, manifiesta el comunicado de la Cumbre. Estos recursos debían ser enviados a principio del año, pero esta condición no se ha cumplido pues hasta ahora se encuentran desembolsando dinero del año fiscal del 2014.
Los recursos se han invertido en las 1100 horas que dice el gobierno haber tenido en conversaciones, pero acuerdos firmados o compromisos han sido ineficaces para superar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el sector campesino. Vulnerabilidad que no solo existe en sus dimensiones económicas, sino también en las garantías en el ejercicio de exigir y protestar por mejores condiciones de vida y por el respeto de sus identidades y territorios. Alcanzar la paz es imposible sin justicia social y ambiental. Una justicia social que permita que las comunidades no sean agredidas al momento de exigir sus derechos.
