Con tutela organizaciones exigen que se constituyan zonas de reserva campesina

El Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad- Dejusticia en compañía de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz – Sintrapaz, la Asociación Campesina para la Agricultura Orgánica y el Comercio Justo en la Cuenca del Río Güéjar – Agrogüejar, la Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero (Ascal-G) y la Procuraduría General de la Nación, presentaron el pasado 16 de diciembre una acción de tutela para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) constituya tres zonas de reserva campesina (ZRC).

Esta tutela fue presentada debido a que los tres territorios que son Sumapaz ubicado en el departamento de Cundinamarca, y Losada-Guayabero y Güejar-Cafre ubicados en el Meta, ya han cumplido con todos los requisitos que exige la ley para existir como zona de reserva campesina, y aún así permanecen estancadas sin justificación dentro de la Agencia Nacional de Tierras.

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Es importante resaltar que los tres territorios iniciaron su proceso para convertirse en ZRC desde el año 2011 y aún no han visto ningún avance, por lo que esta acción se toma por parte de las organizaciones para que la ANT lleve las solicitudes a su consejo directivo, y posteriormente sean aprobadas, ya que es el último paso para hacer realidad la petición.

Bajo el lema «A un paso del territorio campesino», las organizaciones promotoras de la tutela exigen que se garanticen los derechos de las comunidades al territorio, a la igualdad material y al debido proceso. “Le corresponde al gobierno y a las autoridades impulsar las acciones correspondientes teniendo en cuenta que los campesinos son sujetos de especial protección constitucional. Las dilaciones por parte de la ANT son totalmente injustificadas”, explicó Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y encargado de actuar jurídicamente en nombre de las organizaciones.

¿Cuál es la importancia de las ZRC?

Nacieron con la Ley 160 de 1994 como una solución a varios problemas que se presentaban en el campo a lo largo de los años, como el abandono estatal, el acaparamiento de tierras y el conflicto armado. Son una herramienta que permite planificar el uso del territorio con cuatro objetivos: promover la economía campesina, proteger el medio ambiente, evitar el acaparamiento de tierras y frenar la expansión de la frontera agrícola.

Así, se establece un plan de desarrollo sostenible entre las comunidades y las autoridades locales, proponiendo las políticas sobre el uso de la tierra en donde se priorizan los modos de producción campesina por encima de otros menos sostenibles, como los cultivos ilícitos. Ligado a esto, se impulsan estrategias de conservación y establecen normas para proteger los ecosistemas.

Cabe mencionar que para que un territorio se constituya en ZRC la ley exige el cumplimiento de requisitos como la delimitación de la zona, conseguir conceptos de las autoridades locales y ambientales, formular el plan de desarrollo sostenible que ejecutará y hacer una audiencia pública. Estos requisitos deben estar listos y en regla antes de la aprobación en el consejo directivo de la ANT.

Para el caso de los territorios involucrados en la tutela, las organizaciones campesinas han gestionado sus procesos en su mayoría con esfuerzos y recursos propios, en donde sus líderes y lideresas han trabajado para que las autoridades locales se sumen al proceso y que el Estado tenga mayor presencia en los territorios.

Razón por la cual, en la tutela las organizaciones no solo piden que se constituyan las tres ZRC solicitadas, sino que además se tomen las medidas necesarias para implementar los planes de desarrollo sostenible. “Las ZRC son lugares donde se vuelven posibles los derechos campesinos. Constituirlas es reconocer que el campesinado tiene unas dimensiones que van más allá de la tierra y que pasan por el cuidado de las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas que tejen en la cotidianidad”, menciona Ana Jimena Bautista, coordinadora de Tierras y Campesinado en Dejusticia.

¿Qué ha pasado con las peticiones en Sumapaz y el Meta?

Para el caso de Losada-Guayabero y Güejar-Cafre, su solicitud se ha extendido cada vez más tiempo, debido a que según la ANT se está verificando que en los territorios no haya cultivos ilícitos, pero para las organizaciones, este motivo no es suficiente para no cumplir con el proceso, ya que uno de los objetivos de la ZRC es apoyar la sustitución de este tipo de cultivos.

Por otro lado, en Sumpaz la ANT ha explicado que la petición debe continuar en estudio debido a posibles choques entre la actividad campesina y la conservación del páramo. “El pretexto que ha usado la institucionalidad para no avanzar no es válido, ya que si el páramo de Sumapaz se ha conservado es precisamente por la presencia de campesinos y campesinas en el territorio”, argumentó Hernando Bejarano, líder de la zona.

Finalmente, para las organizaciones que adelantan la tutela, esta acción puede desencadenar otras acciones que contribuyan a abrir la puerta para que el Estado continúe con los procesos de otros territorios en el país que también están a la espera de convertirse en ZRC.

Por: Isabella Durán Mejía. Periodista.

Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.