Un grupo de niños, niñas y jóvenes provenientes de ciudades más vulnerables al cambio climático demandó al Estado por no garantizar sus derechos a la vida y al medio ambiente, frente a la degradación incontrolable del “pulmón verde”.
La Corte Suprema, reconociendo los derechos ambientales de las generaciones futuras, hizo lugar al reclamo y ordenó al gobierno presentar, en un plazo de cuatro meses, un plan intergeneracional de acción para salvar la Amazonia. Además, tal como se hiciera con el río Atrato, la Corte reconoció a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos.
Existe un sólido plexo normativo nacional e internacional, como la Ley 1.753 de 2015 y el Acuerdo de Paris, que compromete al Estado en la reducción de la deforestación y de la emisión de gases de efecto invernadero. Entre ellos, uno de los compromisos asumidos consiste en reducir a 0 la tasa neta de deforestación para el año 2020.
No obstante, en 2016 la desforestación alcanzó la dramática cifra de 70.074 hectáreas. Se trata de un fenómeno complejo y multicausal: el acaparamiento de tierras, los narco cultivos, la minería y la tala ilícita, y los cultivos agroindustriales, entre otras. Paradójicamente, el fin de la guerra implicó la colonización de tierras que antes se encontraban bajo la protección de las FARC y contribuyó a agravar la situación.
La guerra en Colombia ahora es ambiental
En efecto, la violencia tiene un efecto ambiental preservador, y la presencia de las FARC ha puesto barreras de facto que han impedido el ingreso de economías extractivas de gran escala. Por ello, la Amazonia colombiana se encuentra mejor preservada que la de los países fronterizos. Le puede interesar: Aterciopelados y Bomba Estéreo promueven campaña para salvar la Amazonía.
Las consecuencias de la deforestación son irremediables: la alteración negativa del ciclo del agua, el calentamiento global, la extinción masiva de especies animales y vegetales, entre muchas otras. Sabemos que los campesinos sufren con mayor rigor los impactos devastadores del cambio climático, ya que los fenómenos meteorológicos extremos ponen en riesgo sus vidas y la sostenibilidad de sus actividades.
Ahora bien, una visión tan reducida de la paz que no tenga en cuenta la protección del medio ambiente está condenada al fracaso. Como lo recuerda la Corte, debemos pasar con urgencia de un modelo antropocéntrico y egoísta, basado en el consumismo y en la explotación irracional de recursos naturales, a uno ecocéntrico, fundado en el desarrollo sostenible. La ética privada, basada en el bien particular, debe dar lugar a la ética pública, cimentada en la justicia social.
Finalmente, Colombia debe responder al llamado de “llenar el vacío dejado por las FARC y paramilitares para hacer presencia activa del Estado en pro de la protección de los territorios amazónicos”. El reconocimiento de la Amazonia colombiana como sujeto de derechos implica que el Estado debe protegerlo, conservarlo, mantenerlo y restaurarlo.
Entre los desafíos del postconflicto, la cuestión ambiental es clave. La violencia está intrínsecamente ligada a la naturaleza, y la construcción de una paz estable y duradera también lo está. No puede haber paz territorial sin paz ambiental, y Colombia debe reaccionar para que el fin del conflicto no se traduzca en la destrucción de su patrimonio natural. El fallo de la corte nos permite soñar.
Por: Mariana Córdoba – ACPO.
