Con muy poca discusión social avanza en el Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley propuesto por el gobierno para “modernizar el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– (…) y suprimir la Autoridad Nacional de Televisión”, entre otras iniciativas.
Como puede advertirse, hay varios temas esenciales aquí, íntimamente conectados con la calidad de vida de los colombianos y, sin embargo, la deliberación social está pasando de agache.
Lo que está en juego con esta propuesta, entre otros temas de gran sensibilidad, es el acceso al espectro radioeléctrico, la autopista de las telecomunicaciones, que es un bien público, es decir, propiedad de todos los colombianos, clave para ejercer derechos tan importantes como el de la comunicación, del cual se derivan muchos otros, también fundamentales, entre estos el de salud y el de educación.
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Es tan importante ese derecho que nuestra Constitución Política dice de manera expresa en el artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación…”.
Sin embargo, para el Ministerio de TIC, una de las puntas de lanza de la propuesta es “la reducción de la brecha digital, el acceso universal, la ampliación de la cobertura…”. Claro, es necesario reducir la brecha, por lo demás una de las tareas clave de ACPO, con Escuelas Digitales Campesinas. Pero, nos preguntamos: ¿Y de la comunicación qué? ¿O es que todo este tema se resuelve solo con más conectividad? ¿Tener un país conectado equivale a tener un país comunicado?
Suscribir la propuesta del gobierno equivaldría a admitir que los medios no son más que datos y mensajes; que todo lo resuelve la tecnología…Y que lo demás vendría por añadidura.
Como lo advierte el investigador Fabio López de la Roche, director del Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los asuntos que prescribe la normatividad internacional es que este tipo de leyes, que tienen hondas repercusiones sociales, sean concertadas con sectores muy amplios, y eso es algo que no se ha hecho. “Deben ser consultados productores audiovisuales independientes, comunidades, universidades públicas y privadas y escuelas de comunicación…”.
En otras palabras, un proyecto que tiene que ver con la comunicación no puede quedar bien hecho si no se hace con comunicación, la única vía para afrontar uno de los retos más grandes en la Colombia del Siglo XXI: mejorar la convivencia, esto es, propiciar y promover el ejercicio de las ciudadanías, en una nación que aún lucha por hacer la transición de la guerra hacia la paz.
Por: Juan Carlos Pérez Bernal. Equipo Editorial El Campesino.
