El país tiene al 37% de los hogares nacionales en déficit de vivienda, siendo 2,3 millones de hogares rurales. La directora de Vivienda Rural de esta cartera, Saira Samur, señaló que están identificando los territorios más vulnerables en materia de déficit de vivienda y de pobreza para priorizar los proyectos en dichas zonas del país.
Este año el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recibió al sector de vivienda rural, el cual estuvo durante los últimos 20 años a cargo del Ministerio de Agricultura. Desde entonces con esta nueva unión decidieron pasar de un programa de vivienda a una política de largo plazo.
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La primera fase de esta política sería estructurada del 2020 a 2022 con el aporte de información por parte de 943 municipios del país, el 85% del territorio nacional. La destinación anual a esta política alcanzaría los $500.000 millones, con los que el Ministerio estructuraría los proyectos de vivienda y los entregaría en perfecto estado para que sea más fácil de desarrollar desde las entidades territoriales.
De acuerdo a esto, el Ministerio de Vivienda radicó hace unas semanas un proyecto de ley en el Congreso de la República con el que busca simplificar el acceso a los subsidios de vivienda rural y urbana. Documento en el que se plantea el aumento de plazos de financiación y la reducción de tiempos para la venta de viviendas adquiridas con subsidio.
Teniendo en cuenta las limitaciones de acceso a algunos territorios, la ley avalaría el aumento del valor de los subsidios de vivienda nueva, construcción en sitio propio, reforzamiento estructural y mejoramiento de vivienda social y prioritaria rural, a través del rubro de transporte.
Este subsidio no cubrirá aquellas zonas de difícil acceso, a las cuales solo se puede llegar en helicóptero o en lancha, territorios en medio de ríos o de la selva, reservas naturales, zonas de alto riesgo etc. Para el caso de la vivienda rural también se incluirán el crédito hipotecario y el leasing habitacional (arriendo), así como los mecanismos de pago de obras por impuestos, obras por regalías o a través de donaciones.
La atención diferencial, de inclusión, igualdad y sin discriminación será un pilar en esta norma, pues se realizaría en el país de acuerdo con características como el género, etnia, edad, condición de discapacidad, reconocimiento como víctima del conflicto armado o en proceso de reincorporación. La meta es que al final del actual gobierno se realicen 26.000 mejoramientos de vivienda y se generen 10.000 viviendas nuevas.
Por: John Alexander Saavedra. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.
